No se trata de hacer un trabajo paralelo al del Gobierno, sino coordinado con él, sumando de manera bien articulada –por ese comando– todos los recursos existentes, públicos, privados, sociales y de la academia. (Foto: AFP)
No se trata de hacer un trabajo paralelo al del Gobierno, sino coordinado con él, sumando de manera bien articulada –por ese comando– todos los recursos existentes, públicos, privados, sociales y de la academia. (Foto: AFP)
/ ERNESTO BENAVIDES
Jaime de Althaus

El Gobierno ha renunciado a una estrategia sanitaria inteligente. Lo ha confesado el primer ministro cuando ha señalado que ya pasó el momento para identificar, aislar y atender a los infectados. Y cuando sabemos que la Operación Tayta, que va a las casas en los barrios mas contagiados para tomarle pruebas a la población vulnerable y aislarla y atenderla si está infectada, tiene una cobertura limitada porque hasta ahora no se usa la capacidad logística del sector privado.

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Ante eso, la sociedad civil tiene la obligación de organizarse para actuar. El sector privado debería conformar un comando COVID para Lima, dirigido por alguien como Carlos Neuhaus o Fernando Cillóniz o quizá por el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que está reclamando la necesidad de una estrategia sanitaria mucho más ofensiva.

No se trata de hacer un trabajo paralelo al del Gobierno, sino coordinado con él, sumando de manera bien articulada –por ese comando– todos los recursos existentes, públicos, privados, sociales y de la academia. He señalado en otro artículo que lo que ha funcionado bien en el Minsa son los 1.300 equipos de respuesta rápida que han tomado pruebas a cerca de 3 millones de personas. Lo que no se ha hecho es conectar esa acción con los siguientes pasos: aislar, atender y alimentar en sus casas por 14 días a los que den positivos en dichas pruebas (que tienen que ser moleculares), para que no salgan y cortar así la cadena de contagios. Esto se puede hacer por calles o manzanas si la densidad de afectados es alta. Y llevar a los casos más complicados a establecimientos temporales.

La distribución de alimentos y medicinas a los infectados se puede hacer si es que se pone en operación la capacidad logística de empresas como Backus, Ransa, Alicorp, Inca Kola, etc., y se moviliza a las organizaciones vecinales y barriales para que se encarguen de recibir y distribuir las canastas de alimentos o armar ollas comunes si es necesario, y sobre todo del control social (que no salgan de sus casas). También trabajarían de manera coordinada con un primer nivel de atención de salud reactivado con serumistas y estudiantes de último año, para prevenir y monitorear los casos existentes.

Hace más de dos meses que esas empresas están listas para distribuir canastas de alimentos a 200.000 familias cada 14 días, e increíblemente la PCM no da la luz verde. La idea sería reorientar parte de esa distribución directamente a las familias contagiadas.

Hay varias iniciativas privadas desechadas por el gobierno, que podrían implementarse. Ragi Burhum ofreció a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM una plataforma de rastreo de contactos, que no ha sido tomada. “Perú en tus manos”, como sabemos, no ha sido útil. Enver Figueroa ofreció una estrategia conductual para conocer los desplazamientos e infundir hábitos y conductas a partir de los celulares, y tampoco fue aceptada. Y así sucesivamente. Son herramientas vitales en estos momentos.

No se necesita una resolución suprema para conformar un comando COVID-19 para Lima y escoger un líder. Basta una resolución de la sociedad civil. Guayaquil lo hizo. Ayudaría al optimismo y a la propia recuperación económica. Nos construiría como sociedad y como nación.

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