Dos cambios revolucionarios, por Jaime de Althaus

Hay dos cambios muy importantes en las últimas semanas que podrían reducir apreciablemente los niveles de inseguridad ciudadana, si se perfeccionan. Se trata de la eliminación del 24 x 24 y el funcionamiento de los juzgados de flagrancia en todo el país que, sin que haya habido planificación alguna, se han dado simultáneamente.

Ambas reformas se complementan, pues la primera permite disponer del doble de policías en las comisarías para capturar a muchos más delincuentes in fraganti y la segunda permite sentenciarlos y castigarlos en 72 horas en lugar de soltarlos como solía ocurrir, fuese porque la pena era inferior a 4 años o porque el juicio recién se haría dentro de muchos meses.

El castigo inmediato disminuye drásticamente la sensación de impunidad. Y esto es muy importante porque la impunidad es lo que lleva a muchos a seguir cometiendo delitos sabiendo que casi no arriesgan carcelería y a la población a tomar justicia por su propia mano por medio de los linchamientos.

Es cierto que de los 2.805 casos resueltos en los juzgados de flagrancia en poco más de un mes, solo un 21% corresponde a delitos relacionados con la inseguridad en las calles o las viviendas (homicidios, hurtos, robos, lesiones, extorsiones, etc.). Pero esto irá aumentando en la medida en que haya más policías en las calles, hasta el momento en que más bien se invierta la figura y disminuya drásticamente como consecuencia de ese mayor número de policías y del efecto disuasorio de los juzgados de flagrancia precisamente.

El porcentaje más abultado de casos –41%– corresponde a “omisión de asistencia familiar”, lo que significa que estos juzgados también van a ayudar a reducir el incumplimiento de los padres en las obligaciones de alimentos. Y a disminuir el número de personas que conducen en estado de ebriedad (25% de las sentencias), sobre todo en la medida en que estos casos, con los juzgados de flagrancia, se castigan ahora con cárcel.

Aquí, sin embargo, los juicios inmediatos ponen en evidencia, como en los casos de resistencia a la autoridad (Buscaglia), los excesos draconianos de algunas leyes penales. Es un abuso inconcebible que una persona que tomó tres cervecitas pueda terminar en la cárcel y pierda el brevete tres años. El límite –0,5 grados– es muy bajo y no hay gradualidad en las penas.

Y la mayor cantidad de gente que será enviada a la cárcel gracias a los juzgados de flagrancia hace saltar otra gran inconsistencia: la poca inversión en penales y la ausencia de carceletas municipales para delitos menores. Ricardo Uceda reveló cómo los ministros de Justicia de este gobierno de-secharon la iniciativa privada autofinanciada que proponía canjear el penal de San Jorge por otro cuatro veces más grande, un modelo replicable en otros penales. De horror la pusilanimidad e incompetencia de los ministros.

Pero por atender los procesos inmediatos en flagrancia los jueces dejan de atender los procesos regulares. Por eso, el sistema va a colapsar si el MEF no otorga el presupuesto de 34 millones solicitado. Este sí es un gasto prioritario, porque del éxito de esta reforma depende una mejora sustantiva en seguridad ciudadana.

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