(Editorial) Todo queda en familia

Desde las primeras veces en que la señora Heredia usó la socorrida fórmula del “no está en mi agenda” para negarse a zanjar de manera clara la posibilidad de una candidatura suya en el 2016, nosotros hemos sostenido la misma opinión. Esta posible candidatura no está solo prohibida por una ley –que eventualmente podría ser “interpretada” como inconstitucional– sino que va también contra todo lo que la Constitución busca evitar cuando prohíbe la reelección presidencial. Particularmente, contra la idea de que los recursos estatales sobre los que puede disponer el Gobierno –y sobre los que tiene la última palabra el presidente de la República– no puedan terminar utilizándose para una campaña electoral.

Pues bien, esto que nosotros decíamos por principio está siendo graficado en la realidad por las actividades de la propia señora Heredia. Por las inauguraciones de obras, las actividades de programas sociales y las presentaciones públicas en general, donde la primera dama pone la cara a nombre del Estado y donde, por tanto, es natural que la población la relacione con el beneficio que recibe de este. Por los viajes internacionales a los que es invitada y a los que normalmente la acompañan, cortesía del contribuyente, séquitos de funcionarios o periodistas que a veces son pequeños, pero a veces no (en su viaje a Brasil para conocer las políticas sociales de ese país la siguieron en el avión presidencial 27 personas). Por la cobertura que recibe de los medios de prensa estatales y que, como se reveló recientemente, solo en el caso del canal estatal equivalió, en los últimos cinco meses del 2012, a una cantidad de tiempo cuyo valor comercial es de más de un millón de soles.

De todas estas maneras la misma señora Heredia está ilustrando, con hechos, por qué el espíritu de la prohibición constitucional de la reelección inmediata le alcanza también a ella. O, dicho de otra forma, cómo la elección de la otra mitad del equipo conyugal del presidente sería solo una reelección pobremente camuflada.

Queremos hacer hincapié en que nada de esto supone una condena a que la plataforma estatal incremente la figuración pública positiva de la señora Heredia. Esto es inevitable si es que ella va a cumplir un rol de representación del gobierno para tales o cuales asuntos donde este ayuda a las personas, y más aun si es que es percibida al mismo tiempo como el principal asesor del mandatario. El presidente tiene derecho a elegir a quien él quiera para que lo represente y asesore (lo relevante es que la responsabilidad final por lo bueno o malo que ocurra siga siendo suya). El problema está en que no queda claro que la pareja presidencial no esté planeando usar toda esta figuración positiva, solventada por el contribuyente, para una eventual campaña de la señora Heredia en el 2016. Y, por lo tanto, no solo en el riesgo de que el próximo gran partido de nuestra democracia vaya a jugarse sobre un suelo desnivelado, sino también en la posibilidad de que muchos recursos públicos estén siendo hoy desviados hacia ese fin partidista, mediante programas, obras o políticas generales que tendrían mucho más sentido electoral que nacional.

Desde luego, no siempre es fácil distinguir qué hace un gobierno solo por fines de reelección y qué haría de cualquier forma. Pero la reelección sí hace siempre que quede la socavadora duda. Por otro lado, también son varios los casos en los que no hay espacio para esta: no hace mucho en el Perú los edificios de los colegios estatales que constantemente se inauguraban eran pintados del color del partido del presidente.

Lo más curioso de todo este asunto es que la señora Heredia podría disolver todas las sospechas que se están levantando a raíz de este tema sobre el gobierno de su marido (con la ayuda de llamativas declaraciones hechas por varias de sus más conspicuas autoridades), si tan solo saliese a decir lo que hasta ahora no ha querido: “No postularé”. Dos simples palabras, y podría continuar con su trabajo público sin que nadie tenga derecho a decirle nada. ¿Por qué no las dice? La excusa de que de cualquier forma la ciudadanía que hoy sospecha de sus intenciones (el 77% cree que postulará) no le creería sería poco satisfactoria. Para acusar a los otros de maliciosos antes tenemos que haberles dado la oportunidad de creernos.