Golpe a golpe, verso a verso, la columna de José Carlos Requena

¿Es un golpe de Estado lo que vivimos el lunes, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso? Ciertamente, y como bien lo han señalado Eduardo Dargent (2/10/2019) y María Alejandra Campos (3/10/2019) en estas páginas, las libertades básicas se han respetado (con la excepción del tránsito en algunas zonas del Centro de Lima).

Al margen de la discusión constitucional, digamos que, sin ninguna duda, estamos ante un “golpe presidencial”, si nos ceñimos a la definición que le da el Latin American Public Opinion Project (Lapop), de la Universidad de Vanderbilt: “el cierre de los cuerpos legislativos por parte de la rama ejecutiva, concretamente por el presidente”.

Por lo demás, tampoco debería ser sorpresivo el apoyo que la audaz decisión tomada por Vizcarra parece ostentar. El más reciente informe de Lapop sobre cultura política en el Perú, correspondiente a 2016-2017, reseña a nuestro país como el caso extremo de apoyo a este tipo de medidas en la región: 37,8%, en comparación con el segundo caso (Haití, 30%); o el extremo opuesto, Uruguay (8,7%).

Sorprenderá al lector que esa cifra, aunque importante, seguramente estará muy por debajo del apoyo a la disolución del Congreso que registrarán las próximas encuestas de opinión. Para explicar esta aparente disonancia, debe considerarse la pregunta que hace Lapop: “¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin Congreso?”. La interrogante no tiene el rostro de la mayoría parlamentaria, de gran responsabilidad en este desenlace.

¿Enfrentaba el país momentos “muy difíciles”? Vizcarra interpretaba que sí. Y el Congreso daba motivos reiterados para que así fuera. La espiral de insensatez, como la llamó con precisión el editorial de este Diario (27/9/2017), terminó consumándose el lunes. Ante una advertencia presidencial, que –en el peor de los casos– podría ser intrépida y temeraria, el Congreso (dominado por Fuerza Popular y sus aliados) respondió con intemperancia e irresponsabilidad.

Quizás los escollos a los últimos tres años se deben buscar en el diseño constitucional forjado en los noventa, cuando el gobernante contaba con mayoría parlamentaria y el rol de la oposición terminaba siendo meramente decorativo. De hecho, no debe olvidarse que el inicio del fin del gobierno de Alberto Fujimori se dio cuando se divulgó un video que reflejaba una acción: el intento de mantener el control del Parlamento.

Con una oposición mayoritaria y hostil en el Legislativo, cualquier gobernante iba a enfrentar desafíos mayúsculos. Si tal mandatario, además, es ajeno a los círculos formales de la política, el reto resulta aún mayor.

Puestos ante la caja de Pandora que significa el interregno en que la Comisión Permanente acompaña la gestión gubernamental del presidente Vizcarra, tocará dejar de lado la gestión jurídica, en que los voluntariosos constitucionalistas tienen un rol clave, para buscar modos de hacer política en condiciones sumamente complicadas. Parafraseando el poema de Machado, se tendrá que pasar del “golpe a golpe” al “verso a verso”.