Nos quedamos la semana previa en que el Perú tiene un Estado pequeño si comparamos globalmente su gasto público como porcentaje del PBI. Además hemos mirado datos del Banco Mundial que al 2013 nos ubican como uno de los países con menor gasto corriente del mundo. Como decíamos también, si incluimos nuestra complejidad geográfica y nuestra diversidad cultural, el déficit de presencia del Estado en el Perú debe ser de los mayores del planeta. Todo esto luego (o aún en medio) del ‘boom’ de nuestras materias primas.
Uno de los dilemas al que nos enfrentamos es con qué recursos llevamos servicios elementales (no solo los de subsistencia) a todo el país dados los niveles de informalidad que tenemos y las restricciones que ello genera en recaudación tributaria. Hasta el momento, esta limitación, así como la ineficiencia administrativa del Estado, ha encontrado en las obras por impuestos y en las asociaciones público-privadas un esquema para suplirlo en la construcción de infraestructura básica. Si bien estos esquemas tienen experiencias exitosas que mostrar y resultan útiles en un país con las urgencias del Perú, ya debería estar claro que lo único que ha conseguido esa necia idea de “privatizar” todo lo que sea posible es prolongar la sobrevivencia de un Estado inoperante. A los grupos de poder esta debilidad les ha sido útil por un buen tiempo. Hoy en día deberían ser conscientes de que aquello que consideraban una cualidad ha sido a la larga una desventaja competitiva.
Entonces, ¿cómo hacemos? Las propuestas de formalización que se han planteado hasta el momento han pecado de economicistas y conservadoras. Esquemas laborales y tributarios especiales no son suficientes para compensar un sistema que no ofrece nada a los informales a cambio de su “inclusión”. Una investigación realizada en México tomando en cuenta la efectividad de medidas específicas muestra que las nuevas oportunidades de negocio son el principal aliciente para la formalización empresarial. Si es así, un ámbito donde el Estado debería poner sus balas es en la construcción de instituciones descentralizadas enfocadas en identificar potencialidades, mercados, capacidades básicas requeridas y articularlos con los sistemas educativo y de innovación, ciencia y tecnología. El TLC interno que nunca llegamos a hacer.
Esta urgencia, sumada a las de educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura básica y los sistemas judicial y anticorrupción, implicarían un despliegue de recursos monetarios y humanos con los que hoy no cuenta el Estado. Habría que “sacrificar” algo de estabilidad macro (¿reservas?, ¿superávits fiscales?, ¿niveles de endeudamiento?) o llegar a un pacto fiscal (social y político) que eleve los impuestos en el corto plazo a quienes más tienen y más ganan. Esto último fue lo que hizo Chile en los 90. La parte del “modelo” que no convenía mirar. Claro, siempre está también la alternativa de creernos cuentos chinos y seguir discutiendo sobre qué es primero, ¿el huevo o la gallina?
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