Prado y la brigada Lobo, la columna de Cecilia Valenzuela

En los últimos días, el país ha conocido de una organización criminal al interior de la Policía Nacional durante el gobierno de Ollanta Humala. Un completo expediente elaborado por la propia Inspectoría de la PNP reúne los documentos que sustentan tal afirmación. La responsabilidad principal recae en el comandante Enrique Prado Ravines; sin embargo, nadie puede creer que un oficial de mando medio pueda operar ilegalmente con tanta impunidad y durante tantos años sin la protección de su comando y la anuencia de sus jefes.

Las falsas operaciones que se montaron habrían beneficiado económicamente a Prado y a sus hombres, eso no será difícil de establecer; pero hay que investigar cómo consolidaron al viceministro Iván Vega y al general Vicente Álvarez en el poder y los convirtieron en los operadores principales de Nadine Heredia.

En más de una oportunidad los psicosociales ejecutados por Prado Ravines distrajeron a la ciudadanía y a la prensa de las denuncias que enfrentaba la esposa de Humala. Muchas veces poniendo en riesgo la vida de inocentes.

El historial de puestos que ha ocupado el comandante Prado, mientras estuvo bajo la protección de Iván Vega y el general Vicente Álvarez, resulta desconcertante: en un oficio del 2 de julio del 2013, Álvarez, entonces jefe de la Dircote, solicita el traslado de Prado y sus hombres a su unidad, dice en el texto que los necesita para que lo apoye en el Vraem. Inmediatamente, la Dirección de Inteligencia obedeció y al día siguiente, el 3 de julio, Prado estaba despachando en la Dirección contra el Terrorismo, pero en lugar de enviarlo al Vraem, como lo refirió en su solicitud, Álvarez lo asignó a la unidad de terrorismo internacional que estaba bajo el mando del coronel Juan Padilla, otro de los altos oficiales de inteligencia que integraron la brigada Lobo.

A mediados del 2012, el viceministro de Orden Interno, Iván Vega, y su inseparable general, entonces jefe de la Dircote, Vicente Álvarez, formaron la brigada Lobo para atribuirse los éxitos del comando conjunto en la zona convulsionada; para intervenir en cuanta operación se diseñara, le habían prometido a Ollanta Humala que atraparían a los Quispe Palomino y lo convertirían así en el presidente que acabó con el terrorismo. Y para manejar los presupuestos para la inteligencia en el Vraem.

Al final lo único que la tal brigada atrapó fueron los dineros asignados para la inteligencia policial en la zona convulsionada. Las irregularidades que se cometieron no solo alcanzarían al comandante Prado y sus guiones sangrientos; pasarían también por importantes sumas de dinero del Estado depositadas en una cuenta a nombre del coronel Padilla Alvarado, un hecho que la Dirección de Economía de la Policía tendrá que absolver.

El ministro Basombrío ha prometido resultados en los próximos diez días y ha formado una comisión para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias. Aun así, el director general de la policía sigue siendo el mismo que protegió al comandante Prado y a su grupo de las investigaciones de su propia inspectoría; y el general Álvarez y el coronel Padilla –jefe directo de Prado cuando este diseñó y ejecutó la falsa y criminal operación de Los Norteños– mantienen sus puestos de mando y están en condiciones de actuar sobre una documentación que no se debe perder.

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