A puertas de ser un narcoestado, por Cecilia Valenzuela

El Gabinete Zavala no se ha estrenado, y los políticos de la oposición ya lo han acusado de lobbista o proempresarial, de pituco o incapaz de ensuciarse los zapatos y hasta de inoperante o sin voz de mando.

PPK no tiene el Congreso consigo, eso está clarísimo, y tampoco lo acompañan los políticos que aparentaban compartir su pensamiento económico; pero solo estaría perdido si pierde la calle, ese 56% que hoy deposita en él sus esperanzas.

Para conservar a la opinión pública que lo apoya, el gobierno del presidente Kuczynski tiene que empezar por devolverle seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Y recordar que le ofreció evitar que el Perú se convierta en un narcoestado.

El narcotráfico es el enemigo que amenaza y corrompe nuestro presente y nuestro futuro. Es la razón de que la violencia se haya incrementado abrumadoramente en nuestras ciudades. Es el principal promotor de la corrupción que abunda en las Fuerzas Armadas y del Orden. Sus organizaciones se acompañan con las que trafican con personas, con madera, con oro. Es socio del contrabando, y es el gran deforestador.

Sus fábricas están, principalmente, en el Vraem; sin embargo, el Estado Peruano no ha sido capaz de diseñar una estrategia para infiltrarlo y derrotarlo como se hizo con Sendero Luminoso, desde sus entrañas.

Las recientes designaciones para las carteras de Defensa e Interior no han sido pensadas como partes de un solo sistema;  y es evidente que el gobierno ve a estos dos ministerios como dos entes emancipados y con funciones distantes.

Por eso mismo es vital insistir en que el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia guarde el perfil de un investigador con experiencia en la lucha contra el narcotráfico, capaz de infiltrar las macro-organizaciones que mueven la droga por los caminos y los cielos del Perú. Un experto que comprenda que la delincuencia no tiene fronteras, que está al día y con la última tecnología, y que por lo tanto sepa hacer uso legítimo de las mismas.

El país necesita que la DINI recaiga en manos de un especialista en inteligencia que pueda desmenuzar el negocio de la cocaína y la amapola instalado en nuestros valles más ricos. Un experto capaz de trazar el mapa del delito que nos cruza de cabo a rabo todos los días, pero que las actuales autoridades no conocen.

A mediados de los ochenta el problema de la violencia se originaba en la brutalidad de Sendero Luminoso, ahora se origina en la brutalidad del narcotráfico.

Entonces el problema en el Perú era, fundamentalmente, político: el valle del Huallaga estaba infestado de sembríos de coca ilegal y de militares buscando ganarle a Sendero Luminoso la población mayoritariamente cocalera. En ese escenario, nuestros uniformados hicieron primero oídos sordos a las avionetas que aterrizaban en la carretera Marginal en pleno día, y después se convirtieron en unos muy bien rentados cómplices  y hasta protectores de los capos locales.

En estos días el problema es económico y multinacional. Las cabezas de las mafias no necesariamente viven en el Perú, pero todas operan con gerentes que tercerizan el transporte y la seguridad de sus cargamentos. Sus organizaciones están en azul y funcionan como un relojito.

El sicariato, que tanto ha incrementado la violencia en las ciudades, es el último eslabón del negocio. Para quebrarlo hay que atacarlo en el origen.

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