No solo el Perú tiene dificultades con ente que nombra jueces y fiscales

Diversos especialistas coinciden en que el modelo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del Perú en un momento fue tomado como ejemplo en la región. Sin embargo, también indican que el modelo no ha funcionado en países donde se ha replicado por la forma de elegir a sus miembros. Como en el Perú, donde hay cuestionamientos a los integrantes del CNM. Estas críticas han aumentado en los últimos días tras la difusión de los audios que revelan presuntos casos de tráfico de influencias y favorecimiento entre al menos tres consejeros y dos jueces.

—En perspectiva—
Para Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), no existe un modelo perfecto para recomendar en la región. En Latinoamérica tenemos países con consejos –de la magistratura o judicatura, según el país– y otros como Chile, donde la misma Corte Suprema se encarga de la administración y disciplina del sistema judicial.

Arellano consideró que, en el Perú, el primer objetivo del Gobierno debe ser asegurar la independencia de la función judicial: la independencia externa respecto a otros poderes, y la interna de cada juez para decidir conforme a derecho y jurisprudencia.

Comentó, además, que en algunos países los consejos se resisten a ser reestructurados. Por ejemplo, desde 1991 Colombia cuenta con el Consejo Superior de la Judicatura, que está dividido en una sala administrativa y otra disciplinaria. En el 2015, tras una serie de escándalos, el Ejecutivo y el Congreso aprobaron una nueva estructura que consistía en un Consejo de Gobierno Judicial, una Gerencia de Rama Judicial y una Comisión Nacional de Disciplina. “Este sistema está muy bien estructurado, pero no está funcionando porque se declaró inaplicable un aspecto de la norma y sigue funcionando el sistema antiguo”, explicó.

Cruz Silva, coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, sostuvo que Ecuador tomó como referencia el modelo peruano, pero el país vecino también enfrenta problemas. En febrero, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, logró –a través de un referéndum– la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, el cual evaluó a diversas autoridades, entre las que se incluía a su Consejo de la Judicatura. La revisión detectó irregularidades en los procesos de selección, tráfico de influencias y manipulación en el sistema de nombramientos de jueces y fiscales. El 4 de junio cesaron a los miembros.

En agosto del 2017, consejeros peruanos visitaron a sus homólogos ecuatorianos, hoy cesados. En una nota de prensa publicada en el portal del CNM, se consignan declaraciones de Guido Aguila, en ese entonces su presidente. Señala: “El modelo del sistema de justicia ecuatoriano es admirable”.

—Parte del problema—
Cruz Silva recordó que en Ecuador les interesó el modelo peruano porque lo integraban grupos de la sociedad civil (universidades y colegios profesionales).

“Hemos pasado por el sistema político y después por el judicial y no funcionaron. El sistema con participación de la sociedad civil buscaba acabar con las redes de corrupción, pero nos topamos con que esas redes no eran exclusivas del Estado, sino que estaban ya en los gremios y colegios profesionales. Entonces, tenemos el modelo, la cuestión está en establecer mecanismos con requisitos claves para las personas que conforman el consejo”, dijo.

Para la abogada, otra mejora podría pasar por incrementar la participación a través de gremios laborales y empresariales, con lo cual se crearía un contrapeso.

El doctor en Derecho Luis Pásara, quien tiene una serie de publicaciones sobre la reforma judicial en distintos países de Latinoamérica, indicó que todo modelo depende de las personas que incorpora. “Y la gente que reclute depende de la sociedad donde se crían. Mi impresión es que el factor político no ha desaparecido, pero se ha hecho secundario. Los políticos intervienen, es verdad, pero son intermediarios ocasionales, agentes sustituibles, de intereses mayores”, sostiene.

Añadió que estos intereses de grupo –en los que están desde empresas formales hasta el tráfico de drogas o la minería ilegal– son los que se abren paso en el CNM para contar con jueces y fiscales que les resulten “disponibles”. “Y no es tan sorprendente que ocurra así, es lo mismo que pasa en el Congreso”, dijo.

¿Funcionará una nueva reforma? Pásara respondió con una anécdota: “Participé en el primer esfuerzo [de] diagnóstico de los años 70; por diversas razones, no conservé los informes que se produjeron entonces como resultado del trabajo hecho. Algunos años después fui al Palacio de Justicia a buscarlos, creyendo que se encontraban ahí, encajonados. Pues, no. Los informes no estaban y los funcionarios ni siquiera sabían que se había hecho ese trabajo”.

Para el politólogo Eduardo Dargent, debe buscarse una fórmula mixta. “Si dejas solo al Congreso, puede hacer lo que ha hecho hasta ahora. Los problemas del nombramiento por instituciones especializadas y sociedad civil los ves en este consejo, se terminan creando espacios opacos que sin atención de la opinión pública permiten que esa sociedad civil ‘tramposa’ ponga a quien quiera”, manifestó.

La clave, según Dargent, está en la transparencia, aunque duda de que eso se produzca en este Congreso.