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El cierre de presentación de listas para las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre ha traído un aluvión de candidaturas. De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a nivel nacional se han presentado 113.469 aspirantes a autoridades en 14.532 listas. Solo en Lima Metropolitana tenemos 21 candidatos al sillón municipal, más del doble de postulantes que en las elecciones del 2010 (9) y considerablemente más de los inscritos en la campaña del 2014 (13).
Un efecto inmediato de la entusiasta participación en la capital se aprecia en los resultados de los primeros sondeos. Como reveló la encuesta de El Comercio-Ipsos de junio, cinco candidatos a la Municipalidad de Lima comparten –en empate técnico– el primer lugar en las preferencias electorales con una exigua intención de voto que fluctúa entre 5% y 8%. Al fondo de la tabla, ocho aspirantes, incluyendo los del ‘partido de gobierno’ y la mayoría parlamentaria, llegan apenas a registrar 1%. De lo escuchado hasta la fecha a la mayoría de postulantes (y de sus planes de gobierno), por cierto, podemos concluir que la dispersión de candidaturas no vendrá acompañada por un fluido intercambio de ideas o visiones para mejorar la calidad de vida de los limeños.
El alto número de candidatos y la falta de propuestas integrales no son exclusivos del proceso electoral en ciernes. Pero la prohibición de reelección inmediata a los alcaldes y gobernadores aprobada de manera multipartidaria por el Congreso en marzo del 2015 parece estar contribuyendo decididamente al caos y precariedad.
Por un lado, algunos se resisten a la aplicación de la norma por considerarla inconstitucional y han solicitado que se inscriban sus candidaturas confiando que en última instancia el JNE les dé la razón, lo que podría ocurrir incluso a pocas semanas de la elección. Otros más informales –o ingeniosos dependiendo de cómo se mire– han optado por postular a sus hijos (siendo notorios los casos de Luis Castañeda en Lima y Augusto Miyashiro en Chorrillos), cónyuges o demás familiares; han cambiado de circunscripción (como Francis Allison, quien pasa de Magdalena del Mar a Cañete); o tientan otros cargos de menor jerarquía (tenientes alcaldes, regidores) en las listas de sus agrupaciones.
La prohibición buscó acabar con innegables problemas de corrupción y entronización en ciertas alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, una vez más se optó por una medida efectista que hace más daño que la enfermedad. Un camino que no es inusual, y ahí están los ejemplos de la proscripción al financiamiento político de las empresas (aún vigente) o la exclusión de candidatos por cualquier entrega de dádivas (ya modificada).
En lugar de propiciar regulaciones razonables, se opta, en fin, por prohibiciones absurdas. Y en este caso, además, innecesarias. Antes de esta ley, la tasa de reelección de los gobernadores, alcaldes provinciales y alcaldes distritales el 2014 fue de 16%, 10,77% y 17,41%, respectivamente, según cifras del JNE. Las más de las veces, pues, los electores demostraron no necesitar una norma para castigar a autoridades que no consideraban idóneas.
