Quince mil millones de razones, la columna de Diana Seminario

Han pasado dos años desde que el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora de los presuntos sobornos de las empresas constructoras brasileñas a funcionarios peruanos. Muchas cosas han ocurrido desde entonces, y la información recogida por la misma fue una de las causas que gatillaron la renuncia del entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

Cómo olvidar que, hace casi un año, se conoció que información enviada por Odebrecht a este grupo dio cuenta de que el entonces presidente recibió pagos de la empresa brasileña a través de su consultora Westfield Capital, al tiempo que se desempeñaba como ministro de Economía y primer ministro respectivamente, a la vez que la constructora brasileña contrataba con el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, del que él formaba parte.

Tras dos años de intenso trabajo, el grupo que presidió la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra presentó sus conclusiones y recomendaciones, las que tras encendidos debates se aprobaron en el pleno del Congreso el último viernes.

El informe incluye a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y su antecesora Susana Villarán de la Puente, entre otras autoridades regionales, locales y del Gobierno Central que tuvieron participación en la adjudicación de 11 megaproyectos.

Y lo más importante –y a la vez lamentable– es que la llamada Comisión Lava Jato ha determinado que son 15 mil millones de dólares comprometidos en actos y procedimientos irregulares en perjuicio del Estado y del pueblo peruano.

Pero nada de esto parece importar a algunos congresistas y líderes de opinión que prefieren enfocarse en que si el informe final de la comisión incluye o no a Alan García y a Keiko Fujimori. Como si no supieran –o prefieren ignorarlo– que se trata de la comisión especial multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación con las concesiones, obras y proyectos.

Es decir, el mandato del Congreso fue investigar las coimas dadas por las empresas brasileñas por la adjudicación de diversos proyectos, y en esta clasificación no se encuentra Keiko Fujimori, quien nunca ha sido gobierno, por lo que no tuvo a su cargo este tipo de responsabilidad.

Como se ve, la Comisión Lava Jato no tuvo el encargo de investigar aportes de campaña, caso por el que la ex candidata presidencial se encuentra procesada y en prisión preventiva. Y en el caso de García, la propia congresista Bartra ha afirmado: “No existe una evidencia que me permita imputar un delito”.

Es lamentable que, por el solo hecho de que el informe no incluya a García ni a Fujimori, para muchos carezca de valor, como si la información contenida en este documento no fuera un indicio suficiente para investigar a los involucrados, o encontrar pistas que abarquen a nuevos personajes.

Esta actitud de indignación selectiva, o fijación colectiva respecto a determinados personajes, nos lleva a pensar que la tan proclamada lucha contra la corrupción solo es válida para algunos si esta se adecúa a sus intereses, el resto es puro floro.