:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QNQLCNWLHJHWTMCQR6AAC4IT6M.jpg)
El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, aseguró que la reducción de 36 a 18 meses de prisión preventiva a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “es parte de la legalidad”, por lo que se debe respetar.
“[La reducción del tiempo] Es parte de la legalidad. Nosotros habíamos postulado 36 meses, pero la Corte Suprema así lo ha definido y nosotros tenemos que respetar el estado constitucional de derecho”, afirmó al diario Trome.
►Keiko Fujimori permanece en cuidados intermedios y con visitas restringidas
►Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana
El último jueves, la magistrada suprema Susana Castañeda Otsu decidió que Keiko Fujimori continúe en prisión preventiva, pero por 18 meses, la mitad del tiempo solicitado por el Ministerio Público en el marco del Caso Odebrecht.
Con su posición, la jueza se sumó a los tres magistrados que se pronunciaron en la misma línea, formando resolución en la casación presentada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular.
Rafael Vela resaltó que confían en la independencia del Poder Judicial en su toma de decisiones, ya que “a veces” les “dan la razón” y otras no.
“Estamos sometidos a la legalidad. A veces nos dan la razón, a veces no nos la dan, pero nosotros siempre utilizamos todos los mecanismos que la ley prevé”, indicó.
-Caso Toledo-
En otro momento, el fiscal superior aseguró que el expresidente Alejandro Toledo será extraditado al Perú, ya que su proceso está sustentado en el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la constructora brasileña Odebrecht.
“[¿Alejandro Toledo será extraditado?] Sí, pensamos que lo será. Ciertamente, siempre estamos vigilantes a la sostenibilidad de los acuerdos de colaboración eficaz, ya que la extradición del señor Alejandro Toledo se sustenta, en gran medida, en el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”, destacó.
El exmandatario se encuentra detenido en la cárcel de Santa Rita, en Estados Unidos, mientras se desarrolla su proceso de extradición. Toledo es investigado por haber recibido presuntamente más de 30 millones de dólares en coimas de Odebrecht por el contrato de la carretera Interoceánica.
