Testimonios complican a magistrados del Tribunal Constitucional

De mantenerse la correlación de posturas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería aprobar la próxima semana un informe final que concluiría con la acusación a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por una sentencia relacionada al Caso El Frontón.

Tras la audiencia de ayer del grupo parlamentario, solo queda la elaboración del mencionado informe, que deberá ser entregado en máximo cinco días hábiles; es decir, el lunes 4 de diciembre.

El legislador delegado para el informe es César Segura (Fuerza Popular), quien en su informe preliminar sobre la determinación de hechos –presentado el pasado 20 de noviembre– concluyó imputar a los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma por haber modificado el fondo de la sentencia del Caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, la cual tiene calidad de cosa juzgada.

“Habrían infringido la Constitución por violación de la garantía constitucional de inmutabilidad de la cosa juzgada [...] y, además, habrían incurrido en [el] delito contra la administración de justicia, en la modalidad de prevaricato”, señala el informe de Segura, al cual accedió El Comercio.

—Se ratifican—
Los ex magistrados Óscar Urviola, Carlos Mesía, Gerardo Eto Cruz y los actuales miembros del colegiado José Luis Sardón y Ernesto Blume se presentaron ayer en calidad de testigos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En la sesión ratificaron su posición respecto a que no se debió cambiar el sentido de la resolución del Tribunal Constitucional del 2013 (dictada a raíz de un hábeas corpus presentado por un grupo de marinos).

Todos señalaron que el voto de Juan Vergara, del 2013, respaldó la decisión mayoritaria del fallo y no al revés, como interpretaron los cuatro magistrados procesados. Urviola recordó que Vergara incluso firmó la sentencia. “Cambiar el fallo es tergiversar, con la afectación de la cosa juzgada”, alegó.

Eto Cruz, por su parte, recordó que la Ley Orgánica del TC, en su artículo 5, señala que para un fallo por un hábeas corpus se requieren tres votos, con lo que, aun sin el voto de Vergara, la sentencia tenía la determinación de cosa juzgada. “Sumado a esto, Vergara en su fundamento 22 de argumentación también pide que continúe el proceso, y en los puntos 12, 13, 14 y 15 argumenta por qué no es lesa humanidad”, acotó.

Ernesto Blume indicó que, desde el punto de vista procesal, el recurso presentado por tres ONG y un procurador resulta “extemporáneo”.
“Quienes solicitan esta subsanación no eran partes involucradas del proceso”, agregó, aunque hizo la salvedad de que “los magistrados no son imputados por su voto”, por lo que pidió a la subcomisión analizar eso con “cuidado”.

Esto último fue uno de los puntos claves de la defensa de los magistrados imputados, quienes no asistieron ayer a la audiencia pero enviaron a sus abogados. Samuel Abad, defensor de Manuel Miranda, alertó que si se procedía, “mañana cualquiera podría acusar constitucionalmente a un congresista por su voto en una ley declarada anticonstitucional”.

El portavoz alterno de Fuerza Popular y miembro de la subcomisión, Héctor Becerril, afirmó que este proceso “seguirá hasta el final”. Su colega Karina Beteta indicó que existían indicios suficientes para determinar la responsabilidad de los magistrados.

La postura de los fujimoristas fue respaldada por Javier Velásquez Quesquén (Apra), quien alegó que los imputados fallaron por una “presión ideológica”.

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) señaló que solo tenía la duda sobre si acusar a los cuatro magistrados o solo a Eloy Espinoza, ponente del fallo que cambió el fondo de la sentencia.

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