Toledo, Prado y otras tragedias, la columna de Diana Seminario

Cómo estaremos de mal en nuestro país, que la inseguridad ciudadana ha sido desplazada por la corrupción en la percepción del primer problema del Perú. Podemos percibir lo grave del problema de la inseguridad ciudadana en el temor de la gente y en el hecho de comprobar que no hay una persona que conozcamos que no haya sufrido un robo con arma.

En lo personal, puedo dar fe de dos casos. Uno de ellos fue en la puerta de mi casa y la víctima fue una persona que venía a visitar a mi familia, y el otro fue el robo a mi sobrina en la puerta de su domicilio. En ambas ocasiones, se repitió el patrón: de un vehículo se bajan dos sujetos, encañonan con un arma a la víctima y la obligan a que les entregue sus pertenencias y luego huyen.

El tema de la corrupción es más sofisticado, y la percepción es generalizada. No solo por el hecho de comprobar que serán muy pocos los que saldrán limpios de esta peste, sino porque se respira impunidad. Uno de los casos más escandalosos que abonan en la percepción de que todo está podrido es habernos enterado de que el juez a cargo del Caso Ecoteva, que involucra al ex presidente Alejandro Toledo, ha paralizado la orden de prisión preventiva porque dice que la fiscal no ha demostrado la ruta del dinero.

En un aparente intento de enredar las cosas usando las más osadas leguleyadas, Toledo le saca la lengua a la justicia. La opinión pública ha seguido esta tragicomedia que se inicia cuando el ex mandatario deja el país avisado de la orden de detención que saldría en su contra.

Luego, el gobierno hizo todo un aspaviento con el tema de la recompensa y ahora resulta que no se puede determinar la ruta del dinero, cuando todo era más que obvio, y las pruebas se exhibían en los medios una tras otra. Pero la fiscalía, de pronto, no puede determinar nada. Situaciones como esta no solo generan un clima pernicioso de impunidad, sino también debilitan el Estado de derecho e incrementan la sensación de pesimismo nacional.

Otro caso vergonzoso, sobre todo por el trato a media voz que se le viene dando, es el del ex funcionario de la gestión municipal de Susana Villarán, Gabriel Prado. Un informe de la policía de Andorra revela que, por intermedio de Odebrecht, Gabriel Prado abrió una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Las primeras alertas daban cuenta de un tal “Gabriel Parado Ramos”, y de eso se aferró al principio Prado Ramos. Sin embargo, todo apunta a que quien fuera el hombre de confianza de Susana Villarán también tendría oscuros vínculos con la constructora brasileña.

Lo lamentable del caso de Prado Ramos es que todo apuntaría a que este no habría actuado solo y más bien sería el primer indicio de una trama con final inesperado.

Lejos quedan los días de Fuerza Social, agrupación que encumbró a Villarán y a Prado, que se autoproclamó como la referencia moral de la administración municipal.

Corrupción e impunidad son un peligroso coctel que socava no solo nuestra democracia, sino también nos paraliza como país y nos expone –una vez más– a los ímpetus de un aventurero que se aferre de la bandera de la “honestidad para hacer la diferencia”

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