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En esta entrevista, la legisladora de Fuerza Popular Úrsula Letona analiza las reformas pendientes y señala que su bancada apoyará al Gobierno si este toma la decisión de emprenderlas.
— La noticia más preocupante para el país en los últimos días ha sido que la pobreza ha vuelto a aumentar después de casi dos décadas. Hemos llegado a un límite en la capacidad de crecimiento. Entonces, ya no podemos eludir los problemas de fondo: las reformas, pero voceros del Gobierno han dado a entender que no hay espacio político para grandes cambios, sino para reactivar la inversión pública y quizás algunos cambios en el tema tributario. ¿Es correcta esa aproximación del Gobierno?
Yo creo que esa sería una visión miope de las opciones que tenemos los peruanos de crecer. Si queremos reducir la pobreza, tenemos que crecer más de 3,5%, y eso no lo vamos a lograr solamente tratando de reactivar la inversión. Entonces, yo sí creo que es momento de emprender la más grande reforma que necesita nuestro país, que es la reforma en la lucha contra la informalidad, que es el talón de Aquiles del Perú. Y esto le toca al Ejecutivo liderarlo.
— ¿Debería plantearlo el primer ministro cuando vaya al Congreso?
Sí, tenemos que hacer reformas estructurales que nos permitan crecer, que nos permitan reducir la informalidad, que nos permitan ampliar la inversión privada y reducir la actuación del Estado a determinados contextos, dando mejores servicios de educación y salud.
— ¿Qué hacer para reducir la informalidad?
Según la academia, tienes tres caminos para luchar contra la informalidad. El primero está dado por revisar el marco laboral, en qué medida la legislación laboral nos permite promover la generación de empleo en lugar de obstruirla. El segundo tema es mejorar la fiscalización y ahí hay un despliegue territorial que se ha ampliado respecto de la Sunafil…
— Pero fiscalizar otro marco legal laboral, no el actual, que para pequeños y medianos es incumplible...
Por supuesto, primero tienes que revisar el marco legal… Y el tercero, que es fundamental, es mejorar la productividad de los trabajadores, y eso se asocia a qué tan calificado está el trabajador y al costo que te implica. Es decir, educación y tecnología y acceso a créditos. Chile ha logrado tener una agencia de acompañamiento de la microempresa y pequeña empresa durante los dos primeros años críticos, pero además genera cadena productiva, mercado y les brinda capacitación y transferencia tecnológica.
— Si el Ejecutivo planteara pedir facultades para estos temas laborales, ¿serían otorgadas?
Me parece que mientras haya un régimen de promoción laboral que respete los derechos laborales, por supuesto que cualquier legislador va a estar a favor. Yo creo que deberían, al menos, poder ser discutidas.
— ¿Pero la legislación laboral peruana no es excesivamente rígida y onerosa y eso lo confunden con derechos?
Yo creo que es necesario que el Poder Ejecutivo siente las bases para una discusión de una reforma laboral, y nosotros estaremos ahí para apoyar, para ampliar el debate, pero es algo que debe partir del Ejecutivo y de su intención de tener una lucha sistemática, organizada, contra la informalidad. Negarnos a una discusión de ese tipo sería condenarnos a que la informalidad no pueda ser atacada en forma integral.
— Ahora, parece difícil que vaya a plantear algo, ¿no? Porque tienen un ministro de Trabajo contrario a cualquier reforma laboral.
Yo he hablado con el ministro de Trabajo. Es una persona muy solvente académicamente y yo creo que sí quiere hacer reformas partiendo de bases muy sólidas. Incluso habló de organizar un foro internacional para el tema del fortalecimiento de capacidades.
— ¿Pero qué clase de reformas? Porque cuando se le ha preguntado por el estudio de Miguel Jaramillo que demuestra que, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2002 que restablece la estabilidad laboral absoluta, los contratos a plazo fijo se han incrementado tremendamente, afectando incluso la sindicalización, él dice que no, que eso viene desde antes…
Desconozco la opinión del ministro en ese punto, pero sí creo que el estudio de Miguel Jaramillo es uno de los temas que el ministerio tiene que abordar. El ministerio tiene que estar, es verdad, de parte del trabajador, que es el lado débil de la relación laboral, pero no al punto de tener unas normas laborales que nos quiten competitividad y productividad.
— Y que a la larga quitan salarios porque en un país en el que no hay competitividad los sueldos no se incrementan.
A eso me refiero, el ministerio tiene que ser esa balanza, ese equilibrio entre los derechos laborales que todos tenemos que respetar…
— …pero si en el Perú muy pocos tienen derechos laborales porque la gran mayoría de las empresas no puede cumplir esas normas. Lo que debería hacer el ministerio es ampliar la base de los que tienen derechos laborales.
Yo no le puedo decir al ministro qué va a hacer, lo que yo sí te puedo asegurar es que si el Ejecutivo no piensa hacer nada en el tema laboral, estas cifras de pobreza, de informalidad, no se van a mover. Al Ejecutivo le toca plantear soluciones. Yo, al menos, como congresista, estoy totalmente dispuesta a comprometerme con reformas de este tipo.
— Una reforma fundamental en el Perú es profesionalizar el Estado, implantar la meritocracia a todo nivel. Para eso se necesitaría dar prioridad política a la aplicación del régimen de la Ley de Servicio Civil…
La reforma del servicio civil obviamente ha fracasado, ha ido perdiendo fuerza, ha tenido también perforaciones...
— Porque no le han dado fuerza política en este gobierno.
Pero en el anterior menos. Lo que hemos conversado en la reunión de bancada con el primer ministro es que tenemos que encontrar mecanismos para transferir capacidades a las regiones, y eso debería ser el ‘know-how’ de Servir, cómo transferir capacidades.
— Pero en el Congreso se planteó un proyecto de ley para pasar todos los CAS del Estado, que son casi 300 mil, a la 728 o a la 276. Es decir, nombrarlos pero sin meritocracia, con lo cual, por más talento que tú transfieras, a ese talento no le puedes exigir nada porque se atornilla…
Yo, personalmente, creo que ese proyecto de ley es una contrarreforma. Aprobar una norma de ese tipo, sin tener en cuenta la meritocracia, los concursos públicos, las evaluaciones, las capacidades, tiene ribetes populistas y debiera ser revisada antes de entrar al pleno. Yo sé que esto es muy poco popular porque la gente está peleando por tener mayor estabilidad laboral, pero esta no es la solución. Si esto se viera en el pleno, tendría la obligación de votar en contra.
— Si pasaran a la ley del régimen del servicio civil, tendrían todos los mismos beneficios de la 728, pero con meritocracia, que es la diferencia.
Yo creo en el concepto de la meritocracia y la carrera pública, pero creo que ese intento, el servicio civil, como entidad, ha fracasado, porque no ha podido demostrar que lo que vino haciendo era lo que necesitábamos.
— Pero la ONP, por ejemplo, ya prácticamente ha culminado su proceso y es un ejemplo de cómo se puede avanzar, pero necesitas apoyo político. Si viniera el Poder Ejecutivo con una propuesta diciendo que hemos decidido dar fuerza política al régimen de la Ley de Servicio Civil, ¿ustedes estarían de acuerdo?
Personalmente, sí creo en un régimen de servicio civil único. Conceptualmente, estoy de acuerdo, he sido funcionaria pública. Y creo que el servicio civil tiene que ser un aspecto fundamental en la reforma del Estado. Pero has tenido también huecos en el sistema. La OCDE recomienda tener un viceministerio para medir y corregir las políticas públicas. Para hacer, por ejemplo, una evaluación continua a la reforma del servicio civil y saber dónde hay que corregir.
— Ahora, este es un gobierno poco ambicioso en cuanto a reformas, pero además es débil: hemos visto al primer ministro sumarse a una pequeña marcha de 300 personas en Moquegua para exigir que se anule un alza en la tarifa de agua dispuesta por la Sunass, que es autónoma… La reforma del agua potable no se va a poder hacer así…
El Ejecutivo necesita ejecutar acciones que lo empoderen con la población en sentido positivo. Ceder a las presiones no significa empoderamiento, significa que después la escalada va a ser peor. Lo que el Ejecutivo debiera ver en estos casos es la parte técnica. Yo no creo que haya gente que no entienda la parte técnica si se le explica con sustento, compartes la información, les das evidencia. La gente no es loca, pues.
— De acuerdo, en el tema de los peajes, lo mismo. El jefe del Gabinete ha dicho que van a revisar todos los peajes junto con los transportistas, ¡van a revisar contratos!...
A mí me parece perfecto que revisen los peajes, pero ceder a paros, huelgas, amenazas, esto no es un mecanismo de gobernar; esto es dar espacio a los radicales para que te pongan la agenda sobre lo que quieren hacer y ahí yo creo que tanto César Villanueva como el presidente Vizcarra tienen una muñeca bastante política para no dejar caer en este juego al Ejecutivo.
— El TC acaba de acoger el hábeas corpus de Humala y de Nadine Heredia, ¿tienes algún comentario sobre eso?
Me quedo con la frase de Ernesto Blume: la justicia tiene que tener, al momento de resolver, ceguera. La justicia no puede mirar de quién se trata. En el caso de ellos, yo creo que existen más que indicios de que habrían cometido delitos y que hay altas probabilidades de que sean condenados, pero ya son casi nueve meses en que no ha habido una actuación fiscal y deben afrontar el proceso en libertad.
— ¿Cuál va a ser la actitud, la posición de Fuerza Popular si la Corte IDH revoca el indulto? Que es algo que nuevamente se está moviendo.
Mira, no lo hemos conversado como bancada, pero yo creo que una vez emitido el fallo, nos corresponde a los peruanos, al Ejecutivo, ponderar si este es un fallo político como los que ha venido emitiendo la corte, porque la corte ha estado haciendo política, o es un
— ¿Fuerza Popular no tiene posición sobre la bicameralidad?
No tenemos posición a la interna, hay algunos que están a favor, otros que están en contra.
— ¿En el partido no hay un grupo que se haya formado para ver el tema de la reforma política, que es una responsabilidad del Congreso?
No, no hay un grupo.
— ¡Pero eso es una irresponsabilidad!
Lo que hemos hecho es trabajarlo a nivel de la Comisión de Constitución. Estamos trabajando esas reformas con los expertos, hemos abierto el espacio de la academia, de las ONG vinculadas.
— Se pide una norma que penalice el origen ilegal de los fondos en los partidos políticos...
Hoy hay tres proyectos en la comisión que crean un tipo penal específico de financiamiento ilegal de partidos, pero han sido presentados recién. El más antiguo es de Marisa Glave, de fines de noviembre del año pasado.
— ¿O sea que se aprobará algo en ese sentido o no?
Vamos a ver, la discusión se va a dar y corresponderá a los miembros de las comisiones dar su voto.
— Ahora, el Congreso se ha convertido cada vez más en una caja de sorpresas personales. Hay un cuestionamiento a Fuerza Popular en el sentido de que protege a los congresistas que han tenido denuncias. ¿Van a seguir con esa actitud o van a purgar de alguna manera?
Los voceros han hecho un mea culpa y han ratificado que Fuerza Popular tiene que hacer una reflexión a la interna, porque los mecanismos de selección no habrían sido los más idóneos. Yo creo que hoy Fuerza Popular tiene la oportunidad de demostrar que no se blinda a nadie y que las personas que hayan mentido, que estén vinculadas a temas delictivos o que incluso hayan podido cometer un delito, tienen que ser sancionadas.
— Esto ocurre en parte por el voto preferencial, y los mismos distritos electorales relativamente grandes donde el elector tiene que escoger entre muchos candidatos que no puede conocer. Habría que ir a distritos más pequeños…
Hay una crisis en la representación, y yo me voy a quedar con la reflexión que hizo Carlos Meléndez en CADE, de la posibilidad de reconformar los distritos electorales en función de clústeres económicos. Esta parte de la reforma electoral se tendría que trabajar hacia la primera legislatura del 2019. Ojalá lleguen iniciativas, porque al día de hoy no hay una sola iniciativa legislativa.
— ¿No le han pedido a Carlos Meléndez que formule su propuesta?
Carlos se ha comprometido a presentar una propuesta, entiendo que la está trabajando, ojalá algún congresista la haga suya o se presente como un tema del Ejecutivo.