“En salvaguarda de los derechos fundamentales y la preservación de la buena marcha de la administración pública, la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”, se lee al final de la misiva enviada ayer por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al presidente Pedro Castillo.
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En la carta, remitida a Palacio poco después del mediodía, se menciona el “grave y acelerado deterioro de la administración pública, así como a los evidentes retrocesos en las políticas públicas, producto de acciones y omisiones de su gobierno”, así como el incumplimiento de la misión de luchar contra la corrupción y la falta de transparencia en la gestión.
—¿Alguna vez la Defensoría del Pueblo había llegado al extremo de pedir directamente al presidente que renuncie al cargo?
No, porque nunca ha sucedido esto, nunca hemos estado en la situación en la que nos encontramos. Vemos una afectación creciente de los derechos humanos. El gobierno transgrede el principio de la buena administración. El 4 de agosto del año pasado, nosotros alertamos de esta situación y le dijimos al presidente: usted tiene facultad para elegir a sus ministros, pero eso no es ilimitado, no puede elegir como a usted le da la gana, debe entregar una cartera de una política pública –que transversalmente va a afectar a millones de personas– a una persona cuya formación, experiencia y convicciones tienen que estar alineadas con esa política y con la Constitución. Bueno, no lo cumplió. Tampoco cumple el principio constitucional del combate contra la corrupción, pues gente muy cercana a él está vinculada a corrupción, y él mismo está señalado por corrupción.
—De acuerdo, los motivos son varios, pero tiene que haber habido un detonante para esta medida.
Añádale algo que es realmente grave: el presidente de la República, con una conducta absolutamente autoritaria, decide encerrar a más de 10 millones de personas. No solo recortando la libertad, sino un conjunto de derechos. Hasta el día de hoy no conocemos la motivación, es una medida desproporcionada. En la norma debía decirse cómo esa medida tan dañina, tan gravosa, tuvo que tomarse porque lo que se venía era aún más grave: eso es la proporcionalidad. Fue tan frívola la medida, tan irresponsable, que él mismo la desactivó de manera inmotivada también.
—Ha habido intentos de vacancia frustrados y pedidos de renuncia desoídos, pero ahora hay un factor distinto: las protestas masivas y espontáneas (distintas a las organizadas) de gremios y sindicatos en varias regiones del país.
La defensoría con bastante anticipación advirtió esto que está sucediendo. Lo que pasa es que ahora ya es evidente, es ostensible, la ciudadanía se ha dado cuenta del agravio que significa en materia de salud, educación. Mire cómo se ha desplomado la vacunación, aún hay chicos que no regresan a clase. El presidente, simple y sencillamente, no ha rendido cuentas. Es más, ha estado en el Congreso y no ha rendido cuentas, y los congresistas no le han pedido que rinda cuentas. Los propios congresistas parecieran no entender su papel. La indignación es con el presidente, con el Gobierno, pero también hay una responsabilidad del Congreso.
—El Congreso ha aprobado una moción para “exhortar” al presidente a renunciar. ¿No es algo declarativo? Está claro que no lo hará porque ellos se lo pidan, quizá tampoco porque lo pida la defensoría.
No es que el presidente se levanta aburrido, estresado, y dice ‘bueno, renuncio’. Esa es una interpretación absolutamente frívola del contenido constitucional. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la renuncia? La de Fujimori, por ejemplo, o la del propio Kuczynski. ¿En qué contexto se da la renuncia? Es una salida a una crisis política. Podemos estar en desacuerdo con Alberto Fujimori o con Pedro Pablo Kuczynski, pero se dieron cuenta y renunciaron. El presidente Castillo tiene que darse cuenta de que él es parte del problema, y renunciar. Aquí no se trata de una exhortación, el verbo está mal escogido porque hay una equivocada lectura de la Constitución. Estamos en una crisis política y la lectura correcta es: “Oiga, señor, usted es parte de la crisis, es un factor de la crisis y renunciar es una salida”.
—En una entrevista con este Diario, hace dos meses, usted planteó la acusación constitucional como alternativa a la vacancia. Ahora hablamos de renuncia. ¿Qué cambió?
Son tres cosas distintas. Una cosa es la vacancia, respecto de la cual nosotros, desde el punto de vista conceptual, tenemos reservas por ser una figura demasiado genérica; se puede prestar a la arbitrariedad y a la inestabilidad política. Segundo, tenemos el juicio político. Y lo tercero es la renuncia.
—Que es la menos traumática, en teoría.
Exactamente, y por eso la planteamos, porque es la menos traumática. Pero eso no quiere decir que la acusación constitucional no esté también habilitada. Lo que pasa es que en este momento hay un problema que nace en el Congreso: no hay los votos aparentemente, y los congresistas, si continúan así, ellos son parte del problema. Los tiempos históricos tienen sus momentos. Hoy yo creo que la vía menos traumática es la renuncia. No la única, pero es la que menos costo va a significar, costo en derechos, costo social. Hay un desborde, es evidente que hay una conflictividad en el país, es evidente que este no es un problema ya solo de transportistas y agricultores. Va a llegar un momento en que sencillamente no haya medida que se tome desde el Ejecutivo y desde el Congreso que satisfaga a la ciudadanía.
—¿Es posible que ese factor distinto –la ciudadanía en las calles, lo hemos visto toda la semana– cambie de alguna manera el paisaje político?
Yo creo que sí. Y al mismo tiempo me parece que los congresistas tienen que entender cuál es su papel. Tienen que comprender que aún les queda una pequeñísima pero clara posibilidad de actuar al hilo de lo que dice la Constitución.
—Varias voces, la suya incluida, han mencionado la urgencia de que se convocara un Consejo de Estado. ¿Ya es muy tarde?
La presidenta del Poder Judicial ha hecho público un comunicado donde pide al presidente que se convoque al Consejo de Estado. Y dice en la parte final que si no convoca al Consejo de Estado, el consejo se puede autoconvocar. Yo creo que eso sería lo más oportuno, porque el Estado es más que el gobierno. Es el momento en que los otros poderes del Estado sirvan de contrapeso para la canalización de este malestar que existe. El presidente ha ofrecido, ha prometido más de una vez convocar al Consejo de Estado y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque no tiene el temple para enfrentar a los otros poderes del Estado, porque allí, en esa reunión, le hubiéramos dicho con absoluta claridad que él está incumpliendo la Constitución y que es fundamental que tome otro curso de acción. Hubiera sido oportuno en el mes uno o el mes dos y tal vez la historia para él mismo sería distinta.
—Esta semana, en Huancayo y Puno, durante sesiones del Consejo de Ministros, el presidente anunció amnistías para multas a choferes, leyes antimonopolio, incluso repitió aquello de rebajarse el sueldo. No se descarta que sobreviva a punta de populismo.
El presidente está entregando cabezas, está entregando instituciones, las está debilitando, está desmontando la administración pública con el ánimo de sobrevivir, de preservar su presencia en la presidencia.
—Al mismo tiempo eso nos da un mensaje, al menos para el corto plazo: no va a renunciar, por más que se le achaque toda la crisis económica y política.
Mire, es verdad que hay factores externos que hacen que los precios suban, pero a eso súmele el daño autoinfligido desde el Perú. Se ha agravado esta situación por la incompetencia de los Gabinetes que ha designado el señor Pedro Castillo. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Si el señor Castillo no renuncia, pues la situación se va a seguir agravando, nada me hace suponer que vaya a cambiar. Lo que veo es a un presidente que quiere sobrevivir. Esto es como lo que decían en la era soviética: “Ustedes fingen que trabajan y nosotros fingimos que le pagamos”. Aquí el presidente finge que gobierna y el Congreso finge que lo fiscaliza.
—¿La defensoría se ha sentido hostilizada? El propio presidente cuando era candidato, luego el breve primer ministro Valer, y más recientemente el congresista Waldemar Cerrón le han puesto la puntería.
La defensoría es un colaborador crítico. Es una institución que quiere colaborar con todas las instituciones para que cumpla su función, pero no forma parte del gobierno, como no forma parte del Poder Judicial o el Legislativo, y entonces adopta posiciones críticas, justamente porque ese es su rol, ese es su papel. Es un supervisor de derechos humanos y es un supervisor de la institucionalidad. Tengo claro que no voy a tener la gracia, la aquiescencia, la amistad de quienes voy a criticar. Hemos sido incómodos y sabíamos que eso tenía un costo, pero en ningún momento nos ha desvelado esa situación.
“Voy a dejar la Defensoría del Pueblo”
—En la entrevista que tuvo con El Comercio en febrero dijo que en dos meses, máximo, dejaría el cargo. Ya se han cumplido los dos meses. ¿Permanecerá en la defensoría?
Yo voy a dejar la defensoría, creo que es lo que corresponde. Las instituciones deben poder preservarse más allá de sus titulares y yo estoy muy convencido de que la defensoría va a continuar igual o aún más fuerte de lo que estuvo. Yo me voy a ir, pero en este momento ‘me estoy yendo’, en gerundio, y esa situación se puede hacer un poquito más larga.
—¿Ese gerundio tiene un tiempo límite?
Yo hasta hace unos días había dicho que me voy después del 20 de abril, y eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir de todas maneras, y seguro es una buena noticia para muchos.
—¿Y quién se quedaría, en el caso muy probable de que el Congreso aún no decida quién será su reemplazo, y menos aún en una circunstancia como la actual?
Se va a quedar la doctora Eliana Revollar, que es la primera adjunta, y dejo a un equipo de adjuntos que en promedio tienen 10 y hasta 15 años de experiencia. Ellos saben qué hacer, conocen bien su papel.
—En su gestión, el país ha soportado de todo: renuncias presidenciales, vacancias, fuertes protestas durante un gobierno efímero, una pandemia y ahora una crisis generalizada. ¿Cuál de todos ha sido el momento más duro frente a la Defensoría del Pueblo?
El momento más duro, sin ninguna duda, fue la pandemia, las primeras semanas. Nosotros, al día siguiente que se cerró todo y se decretó la cuarentena, estábamos en las calles sin saber el riesgo que eso significaba. No le voy a negar que hubo temor. Hubo miedo, a todos nos dio miedo. En la primera reunión virtual que tuvimos –ahí recién conocí el Zoom– yo dije: “Tenemos que salir porque si no salimos, si el Estado no se activa, no funciona nada”. Fue un momento difícil, ¿quién va a negar que frente a algo incierto, algo desconocido, algo inédito, no se siente temor?
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