Otro golpe a la reforma universitaria: las claves del cuestionado intento para nombrar a un nuevo jefe de Sunedu

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El último lunes, Andrés Ramos Salas, designado por la cartera que dirige el ministro Óscar Becerra como su representante ante el nuevo Consejo Directivo de Sunedu, solicitó que mañana se realice la elección del nuevo superintendente, pese a que aún queda pendiente la acción de amparo del Poder Judicial contra la Ley 31520 –que impone a las universidades en la toma de decisiones del ente que las supervisa– y tampoco se realiza la prometida reglamentación que anunció la presidenta Dina Boluarte en diciembre pasado.

El pedido de Ramos Salas se desprende de la primera disposición complementaria final de la Ley 31520, denominada “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, aprobada por insistencia en julio pasado. Dicha disposición establecía que en 30 días debía instalarse el nuevo Consejo Directivo de Sunedu. En una carta notarial, el representante de Minedu informaba que, “habiéndose vencido con el exceso el plazo”, la sesión para elegir al nuevo jefe de Sunedu sería el día viernes 17 de febrero a las 9:00 a.m. en la sede del Minedu.

El problema es que de los siete miembros, tres han sido elegidos en medio de cuestionamientos: los dos representantes de universidades públicas fueron designados en agosto del año pasado sin conocerse las bases y requisitos del proceso de elección y en una reunión en la que participaron apenas 15 de 35 universidades; mientras que el representante de Minedu trabaja en la Universidad de San Martín de Porres como director académico pese a que la propia ley establece que los miembros del consejo directivo no pueden ser “autoridades, directivos, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas”.

Jorge Mori, exjefe de la Dirección General de Educación Superior, advierte que estos tres casos evidencian la poca transparencia y apresuramiento para que las universidades contrarias a la reforma de la educación superior adquieran protagonismo en las decisiones sobre su propia fiscalización. Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que realizó la convocatoria para elegir al representante de las universidades públicas por ser la más antigua del país, es una de las principales voces a favor de la llamada contrarreforma.

“La elección de Jerí Ramón es ilegal porque para entonces ya había una acción de amaro que protegía a la Sunedu e ilegítima porque se hizo pese a que 17 rectores no iban a participar”

Jorge Mori, exjefe de la Dirección General de Educación Superior

De hecho, la Asociación Nacional de Universidad (AUNAP), que agremia a 40 universidades públicas, se ha pronunciado en contra de la elección de los dos representantes de universidades públicas porque el proceso se hizo con un reducido grupo de autoridades universitarias y en privado.

El cuarto miembro del Consejo Directivo, representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, es Miguel Ángel Vallejos Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú.

El resto de integrantes todavía no han sido definidos aunque ya se ha convocado a la elección. Para el quinto miembro, que debería ser nombrado por Sineace, el Ministro de Educación pidió, en un oficio del sábado 13 de febrero, que dicha institución suspenda el proceso de elección. Un día después de dicho oficio, Becerra dijo ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que la comisión Ad Hoc de Sineace no debía designar a nadie porque “no tendría ningún sentido que alguien que no va a estar [en Sineace]” elija a un representante “que se va a quedar años en una entidad tan importante como Sunedu”.

Mientras tanto, el CONCYTEC y las Universidades Privadas aun no eligen a sus respectivos representantes. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en su calidad de universidad privada más antigua del Perú, ha convocado a la elección del representante de las instituciones privadas para el 10 de marzo de 2023.

Hasta el cierre de esta nota ni Minedu, la Presidencia del Consejo de Ministros o la presidenta Dina Boluarte se han pronunciado sobre los últimos cuestionamientos. El exministro de Educación Ricardo Cuenca considera que este silencio evidencia el poco respaldo desde Gobierno a la autonomía de una entidad que evalúa que se cumplan las condiciones mínimas de calidad educativa.

“Por lo menos el Minedu debería tener un gesto retirando la propuesta de su representado. Desde Pedro Castillo hasta Dina Boluarte hay una continuidad y similitud porque no creen en la reforma universitaria. Las acciones de sus ministros se han plegado a los asedios que provienen del Congreso para acabar con lo avanzado”,

Ricardo Cuenca, exministro de Educación

Con él coincide Mori, quien añade que en este momento no existen garantías para cambiar la jefatura de Sunedu y que la posición del Minedu es contraria a los propios anuncios del Ejecutivo. “¿Cuál va a ser el prestigio y legitimidad que va a tener Sunedu con un superintendente elegido en estas circunstancias? La presidenta Boluarte y el premier se comprometieron a elaborar un reglamento para precisamente evitar este tipo de situaciones, para que se den procesos de elección transparentes e idóneos. El Minedu está desconociendo esa postura pública del Gobierno”, añadió.

Ayer, la AUNAP envió una carta al ministro Becerra para pedir que se suspenda la elección porque “vulnera ampliamente el marco legal”. “Solicitamos deponer el objetivo de convocar a elecciones del nuevo Superintendente de la Sunedu en las instalaciones del Ministerio de Educación por ser ilegal e ilegítima, designar un representante del Minedu conforme a ley y agendar el proceso de adscripción de la Sunedu a la PCM, y transparentar el proceso de elecciones de los representantes de las universidades al Consejo Directivo”, indicaron en el documento al que tuvo acceso este Diario.

Al mismo tiempo, queda pendiente el pronunciamiento del Poder Judicial en segunda instancia sobre la acción de amparo que en julio del año pasado dejó sin efecto la Ley 31520. De acuerdo al Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima la ley constituía “una verdadera amenaza al derecho a la educación y educación de calidad” y atentaba contra el derecho de acceso a la educación universitaria. De acuerdo con Mori, la apelación se resolvería en marzo.

La congresista Susel Paredes presentó ayer una denuncia ante el Organo de Control Insitucional del Minedu y ante la Contraloría General de la República por irregularidades en la designación Andrés Filiberto Ramos Salas como representante del MINEDU ante la SUNEDU.

Entre los argumentos para la denuncia, se informa que las actas de la sesión de Consejo de Facultad de la USMP demuestran que Ramos Salas asistió a la sesión del 24 de marzo de 2022 (ver aquí). “Es decir, hace menos de un año el Sr. Ramos Salas ejercía labores de autoridad y/o directivo en la mencionada universidad”, indica el oficio al que accedió El Comercio.

Esto evidencia que se vulneró el artículo 17.5 de la Ley N° 31520, el cual establece que los miembros del Consejo Directivo de Sunedu no pueden estar relacionados con las universidad y que en caso de haber sido autoridad o directivo, “deberán haber cesado de ese cargo, al menos un año antes de asumir como representante”. Este Diario solicitó los descargos ante Minedu, pero al cierre de esta nota no respondieron.

Mientras se espera el pronunciamiento del Poder Judicial en segunda instancia, la sociedad civil también inició un camino para evitar la aplicación de la cuestionada ley con una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Hoy, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) certificó casi 10 mil firmas que acompañan una el pedido presentado por los los colectivos Foro Educativo y La Educación se Respeta. En total fueron 9.853 registros hábiles certificados por Reniec luego de pasar por un proceso de autenticidad de firmas.

Mori, miembro del Foro Educativo, señaló que ese era el paso que faltaba para interponer la demanda. Se necesitaban 5 mil firmas, por lo que se superó el mínimo requerido de registros válidos de adherentes para continuar con su acción de inconstitucionalidad.