¿Quién busca los ‘más buscados’ por feminicidio? Toda la verdad sobre el programa de recompensas

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¿Quién busca a los feminicidas ‘más buscados’? Hace una semana, la lista se agrandó con la inclusión de Sergio Tarache Parra, el hombre de 21 años que roció de combustible y prendió fuego a Katherine Gomez en Plaza Dos de Mayo. Para cuando lo incluyeron en el programa y empezaron a ofrecer 50 mil soles por él, ya habían pasado cinco días del ataque que provocó la muerte de la joven. La policía ha asegurado que tiene equipos especiales de búsqueda, pero hasta la fecha no hay rastro del feminicida.

Como él, de los 30 feminicidas poco se supo después de su inclusión en el programa. Uno de los casos más graves es el de Alberto Ccanto Balbin, el segundo por el que se ofrece 50 mil soles de recompensa -en el resto el monto oscila entre los 15 y 20 mil soles-. Se le acusa de haber descuartizado a su expareja en febrero del 2016 en Satipo y de, tres años más tarde, asfixiar a otra expareja en el distrito de Ate. Fue incluido en la lista recién en el año 2021, tras la orden de captura emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo, en Junín.

¿Cuántas veces se difundió el rostro de este doble feminicida? Por lo menos la mitad de los más buscados por feminicidio están en la lista 4 años. Se trata de casos incluidos entre el 2016 y 2019.

Eduardo Vergaray, secretario técnico del Programa de Recompensas del Mininter, reconoce que, aunque se han logrado capturas importantes, es necesario profundizar la difusión de los casos. La búsqueda; sin embargo, recae directamente en la policía.

“El objetivo del sistema de recompensas es fomentar que el ciudadano colabore con la Nación, con un incentivo económico, para capturar a partícipes de delitos de alta lesividad o desarticular organizaciones criminales. El programa no tiene un equipo especial de búsqueda asignado, de eso se encarga la Policía Nacional. Es un medio importante para captar informantes, no es la solución, pero sí ayuda”, dice a El Comercio.

Este Diario intentó comunicarse con la policía sobre la búsqueda de los requisitoriados, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Sobre el Programa de Recompensas, Vergaray señala que desde enero de este año, con la designación de Vicente Romero como ministro del Interior, se ha iniciado una etapa de diagnóstico y evaluación de los casos y los montos ofrecidos. “Estamos evaluando incrementar las recompensas. Hemos hecho un diagnóstico para hacer el programa más eficiente”, explica. Dicho diagnóstico consistió en la revisión de los más de 3.900 requisitoriados incluidos en el sistema, de los cuales quedaron 987 (sin contar con los 2.047 capturados). “Había un 23% de requisitorias desactivadas y nos hemos comunicado inmediatamente con los jueces para solicitar información sobre si serán reactivadas”, dice.

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ACTUALIZACIÓN NECESARIA

El Programa de Recompensas fue creado en el 2015 mediante el Decreto Legislativo N°1180 con la finalidad de capturar a requisitoriados por delitos de alta lesividad difíciles de atrapar, incluido terroristas y líderes de organizaciones criminales por quienes se ofrecían montos de hasta 100 mil soles. En ese momento la lista se llamaba “Los más buscados” y, en dos entregas, incluyó a 30 prófugos. En el 2016, con el cambio de gestión, el programa cambió de nombre a “Que ellos se cuiden” e incorporó a más delitos.

Carlos Basombrío, ministro del Interior durante el 2016 y 2017, sostiene que la estrategia de masificación incluyó también una campaña de difusión activa para que la gente recuerde quiénes estaban en la lista. Para fines de su gestión, habían 2.482 requisitoriados, por quienes se ofrecían entre S/10 000 y S/25 000, y 736 capturados. Sin embargo, para fuentes del Mininter de la gestión anterior, esa ampliación significativa del programa “desnaturalizó” su finalidad al incluir a todo tipo de delitos y delegar la función de buscarlos a la ciudadanía. “Hubo investigaciones porque algunos policías cobraban recompensas a través de sus familiares”, señaló la fuente. En el 2019, con Carlos Morán como ministro, el programa entró en reorganización tras denuncias de irregularidades en los pagos a los informantes: un caso se trató de la suplantación de un colaborador y el otro el colaborador fue extorsionado por policías para que les entregara el dinero.

Lo cierto es que en sus primeros años, la campaña de comunicación era constante. Ricardo Valdés, quien fue viceministro de Gestión Institucional en el 2016, sostiene que el programa consiguió buenos resultados debido al compromiso político de entonces para que los nombres y los rostros de los delincuentes sean difundidos por todos los medios posibles. “Ningún sistema de búsqueda, ya sea de una persona desaparecida o un delincuente por quien se ofrece recompensa, va a funcionar si no va acompañado de una campaña comunicacional fuerte. Durante esos meses fue un programa confiable y que se comunicaba con mucha intensidad”, dijo.

El problema es que en los siete años que han pasado desde entonces la campaña de búsqueda se limitó a algunos casos mediáticos, especialmente con requisitoriados en el ámbito político. De hecho, la repetición del número para llamar y brindar información [0-800-40-007] es casi nula en medios masivos.

Para Valdés, es necesario el compromiso político para que este programa sea parte de una estrategia integral de búsqueda y captura de requisitoriados que incluya una actualización tecnológica de los medios para difundir los rostros y nombres de los delincuentes.

“A lo largo de los años ha habido tiempo suficiente como para crear una estrategia de difusión acorde con la evolución de la tecnología. El rostro y la búsqueda del señor Sergio Tarache debería estar en todos los celulares del país, son 40 millones de celulares. Incluso si uno entra a la página web del programa su cara está en la página 3. Quién va a estar buscando página por página. Es una web muy poco amigable que dificulta cualquier tipo de búsqueda. No es solo un check list, no se acaba cuando se pone en la lista y se convierte en un ‘ya cumplimos’”, opina.

Al respecto, Vergaray sostiene que, por primera vez desde su creación, la página web del Programa de Recompensas ha sido incluida en el portal de la PNP y hay coordinaciones para que se haga lo mismo con las páginas del Poder Judicial, cortes de justicia, gobiernos locales y regionales. “Como consecuencia de estos cambios, ahora han aumentado las llamadas en 275%. Antes Dirincri recibía cuatro llamadas al día o a veces nada, ahora son unas 15 llamadas”, asegura.

Solo este año, 26 requisitoriados han sido capturados gracias a los datos proporcionados por ciudadanos colaboradores. El monto a pagar ascendería a 465 mil soles “siempre y cuando”- añade Vergaray- las instancias correspondientes de la policía determinen que corresponden las recompensas. “Hasta ahora no ha llegado ningún pedido [de pago]”, dijo. El presupuesto para este año es de 3 millones 361 mil soles.

Aunque hay casos que tienen siete años en la lista, el funcionario es optimista en que serán encontrados en algún momento. “De los 26 capturados, 11 son del 2017. La justicia tarda, pero llega. Este es un recurso que ayuda y estamos tratando de sociabilizar”, finalizó.