Rodolfo Ayma Rodrigo, 37 años. Asesinó a Esther Loayza Pomahuallca el 17 de febrero en San Juan de Miraflores. Era su pareja.
Nicolás Piérola Ilacaña, 31 años. Asesinó a Carolina del Rosario Chiri Sulla el 20 de febrero en un parque del distrito de Cayma, Arequipa. Era su expareja.
Javier César Campos Rodríguez, 53 años. Asesinó y descuartizó a Xiomara Huallparimachi Ramos, de 18 años, el 5 de febrero en San Martín de Porres. Desde hacía por lo menos dos años, la familia de la joven lo denunciaba por violación y por inducirla a las drogas sin que nadie haga algo al respecto. Pedro Martín Guanilo Tamarria, 44 años, amigo de Campos, ayudó en el crimen. También era conocido de la zona.
En medio de la brutalidad de cada uno de estos feminicidios -apenas tres de los por lo menos 15 que reporta el MIMP en el 2023- hay un eje en común: los feminicidas eran cercanos a sus víctimas.
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Aunque no existe un solo perfil de los agresores de mujeres, sí hay elementos que coinciden en la mayoría de los casos. De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio Público, de los 1.675 feminicidios que registran entre el 2009 y febrero de 2023, en el 80.7% de los casos el asesino era pareja o ex pareja, el resto tenía un vínculo familiar (8.9%) o eran conocidos de las agraviadas (6.1%).
Además, el 59% de los feminicidios ocurrieron dentro de la vivienda de las víctimas.
“Las estadísticas demuestran que los agresores tienen distintos orígenes, distintos trabajos, no hay una sola característica. En lo que sí coinciden es que los mayores índices de violencia se dan en la relación de pareja sentimental, ya sea del esposo, conviviente, enamorado o novio”, dice la fiscal superior Irma Díaz Livaque, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.
En diálogo con El Comercio, la fiscal explica que este elemento en común hace evidente que se trata de un problema que deriva del machismo en la sociedad y que por tanto debe ser atendido como política pública con la participación de distintos actores del Estado. ”Estamos acostumbrados a tener patrones estereotipados, patrones de familias disfuncionales donde la agresión es parte de la convivencia y eso normaliza la violencia”, dice.
Conocer el vínculo que existe entre victimario y víctima también ayuda a enfrentar creencias sobre los agresores, como que estos tienen necesariamente trastornos mentales. Una reciente encuesta realizada por Promsex y el Movimiento Manuela Ramos revela que un 43% de las personas encuestadas considera que “solo un hombre con problemas mentales es capaz de golpear a su propia pareja”.
"Cuando hablamos de violencia de género hablamos de violencia estructural, sistemática e histórica. No responde a cuestiones únicamente individuales como los trastornos y distintas condiciones de salud mental"
Sheridan Medina, asesora de capacidades de Promsex, sostiene que, aunque existen condiciones que pueden ser detonantes de los agresores, la violencia basada en género responde a un problema estructural más que un factor individual.
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“Es un argumento frecuente para justificar que este tipo de violencia es aislada y no responde a cuestiones estructurales y por lo tanto resta responsabilidad al Estado para trabajar, a través de políticas públicas, en la problemática. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de violencia estructural, sistemática e histórica. No responde a cuestiones únicamente individuales como los trastornos y distintas condiciones de salud mental”, dice a El Comercio.
¿Hay algún cambio positivo?
En un contexto de violencia constante -solo en un mes el Ministerio de la Mujer recibió 11.714 llamadas por casos de violencia psicológica, física, sexual o económica-, es importante destacar que hay valiosos cambios respecto a la percepción de la ciudadanía sobre las agresiones.
Hace siete años, a propósito de la marcha Ni Una Menos del 2016, una encuesta de El Comercio-Ipsos puso en números las justificaciones machistas arraigadas para entonces: el 53% de encuestados creía que una mujer con minifalda era culpable de ser acosada y un 70% que la infidelidad era justificación para que una mujer sea víctima de violencia física.
Hoy, la encuesta de Promsex y Manuela Ramos, realizada entre setiembre y octubre del año pasado a 1.600 personas, indica que el 70% rechaza la afirmación de que la ropa de una mujer justifica el acoso, el 80% que los celos sean demostración de amor y el 82% que la infidelidad debería tener un “castigo”.
“El argumento de la ropa, que incluso ha venido de autoridades, ha ido cambiando y ahora la mayoría lo rechaza como justificación. La encuesta da luces de que sí hay una mejora respecto a la percepción de la población respecto a los derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción, así como el enfoque de género en la educación”, dice Medina.
Para la vocera de Promsex, también es positivo que entre el 2015 y 2018 se aprobaran distintas leyes específicas para prevenir y sancionar los feminicidios, el acoso sexual, el hostigamiento laboral, entre otros. Sin embargo, opina que no hay suficiente voluntad política para ejecutar los cambios que se requieren y que ya se han normado.
“El 8 de marzo [Día de la Mujer] es una fecha emblemática para hablar de los avances, pero sobretodo lo que nos falta en cuanto al acceso al ejercicio pleno de los derechos como mujer. El marco normativo ha tenido grandes avances, pero hay una brecha entre las gestiones del estado y las exigencias de la ciudadania. No hay voluntad política y la inestabilidad no ayuda”, dice.
Uno de estos ejemplos es que mientras que el enfoque de igualdad género en las escuelas ha sido cuestionado por grupos que durante varios años han tenido eco en el Congreso, la reciente encuesta señala que un 78% está de acuerdo con su aplicación. Además, el 94% de la población entiende que trabajar el enfoque de género en la escuela significa “promover la igualdad y respeto entre los hombres y las mujeres”, el 85% asocia este enfoque a “prevenir la violencia contra las mujeres” y el 82% a la “prevención del machismo”.
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“Lo mismo ocurre con el aborto terapéutico, normado en el Perú desde 1994. Las autoridades dicen que la población está en contra pero las encuestas muestran que la ciudadania cada vez se muestra más abierta y más a favor de políticas que garanticen los derechos reproductivos. El 61% incluso estaría de acuerdo con que el Congreso apruebe una ley que legalice el aborto en caso de un embarazo por violación”, dice.
Otros avances es que en solo un año, de febrero de 2022 a febrero de 2023, las 21 Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familias, recibieron 473.687 denuncias por delitos de agresiones, de los cuales se han resuelto 337.416 y 136.076 quedan a trámite. “No es que haya más casos sino que las estadísticas demuestran que la población tiene mayor confianza para denunciar”, añade la fiscal superior Irma Díaz Livaque.
Con el avance de las investigaciones, los equipos fiscales lograron 1.363 prisiones preventivas y también se consiguieron 3.346 sentencias, de las cuales 2.944 son condenatorias y 402 absolutorias.
ACLARACIONESEsta nota fue publicada originalmente el 9 de marzo del 2023 y actualizada hoy como parte de la campaña “No más violencia” del Grupo El Comercio para visibilizar los abusos en contra de mujeres y menores a lo largo del país, a fin de reducir su incidencia y evitar que queden impunes.
