Para pensar y actuar

Desde el siglo pasado, la presencia y penetración de las mafias del narcotráfico en varios estados latinoamericanos produjo en las ciencias sociales la necesidad de crear conceptos como el de narcoestado para poder analizar estas nuevas realidades.

Posteriormente, surgieron otras categorías como la de Estado mafioso, para referirse a realidades como las de la Rusia poscaída del Muro de Berlín. En el Perú, autores como Henry Pease o Manuel Dammert escribieron sendos libros utilizando este concepto para describir la naturaleza del gobierno de Fujimori y Montesinos.

En el Perú, no solamente se ha difundido el uso de la palabra narcopolítica, sino también últimamente ha entrado en nuestro escenario semántico la expresión narcopartidos. La irrupción en los medios periodísticos de esta variedad de términos como los descritos, no es casual. Diferentes diarios nacionales nos han recordado los más de 100 kilos de cocaína encontrados en el avión presidencial de Alberto Fujimori, y de otros tantos kilos en una empresa de su hijo Kenji Fujimori. Además de la declaración pública de una congresista de la República, señalando a Montesinos como posible integrante del cártel peruano del narcotráfico que negociaba con el del colombiano Pablo Escobar.

Por otro lado, la amplia difusión mediática de los narcoindultos y conmutaciones de penas otorgadas por Alan García a más de 3.000 narcos, el encarcelamiento del ex candidato aprista a la Alcaldía de Lima Benedicto Jiménez y de su candidato a regidor y posterior jefe Rodolfo Orellana, así como el último destape de las conexiones mafiosas de Gerald Oropeza, han servido para que aparezcan titulares en los diarios señalando, a la luz de las evidencias, a los narcopartidos que estarían compitiendo en la arena electoral.

Constituye un avance que el Congreso haya sancionado algunas importantes leyes para evitar una mayor presencia de candidatos mafiosos en las próximas elecciones. Entre ellas, destacan los proyectos de ley aprobados sobre la ventanilla única, que obliga la presentación de una hoja de vida con mayores precisiones sobre propiedades y rentas.

Sin embargo, aún no se ha podido aprobar una ley que haga realidad la financiación pública de los partidos políticos. Como sabemos, las mafias (del narcotráfico, minería ilegal, madereros ilegales, de prostitución, etc.) suelen hacer aportes considerables a las campañas electorales de algunos partidos o candidatos en todo el país. Extrañamente, el Perú es uno de los pocos países que no financia a sus organizaciones políticas, siendo nada menos que el primer productor mundial de cocaína y hoja de coca. Ya es hora de que reconozcamos que la financiación de los partidos es uno de los costos que la democracia exige en nuestro país. Esta y la eliminación del voto preferencial son tareas pendientes en el cortísimo plazo.

El surgimiento de narcoestados y estados mafiosos no es un problema solamente peruano. Hace poco, el papa Francisco señaló que Argentina estaba entrando en un alarmante proceso de “mexicanización”. De igual manera, el diputado argentino Gustavo Vera, de paso por nuestro país, declaró que Argentina “hoy, ya no es un Estado corrupto; es un Estado de mafiosos que interactúa con el crimen organizado y garantiza seguridad jurídica a los delincuentes”.

El problema del narcotráfico es nacional e internacional, y habiendo fracasado –en mayor o menor medida– todas las estrategias de erradicación, una serie de ex presidentes de América Latina (como Fox, Gaviria o Lagos, entre otros) y algunos organismos internacionales han iniciado un debate sobre la conveniencia y urgencia de la legalización de las drogas. También el Perú está siguiendo los pasos de México, por lo que sería muy recomendable que participemos y prestemos suma atención a este debate latinoamericano.

Fotos: Archivo: Perú21