Una oportunidad perdida

La reciente publicación del esperado reglamento de la Ley 30021 de Alimentación Saludable de Niños y Adolescentes pone al desnudo el eterno dilema de los gobernantes al decidir en asuntos relacionados a la salud pública. El dilema es el siguiente: ¿qué es mas importante cuando se legisla en un programa de salud pública? ¿cuál es mas importante, el beneficio inmediato, visible y palpable del status quo (industrias que producen, dinero que circula, economía que crece) o los ahorros del futuro en prevención de enfermedades y gastos en el sistema de salud?

Estamos seguros que esa disyuntiva estuvo presente en las discusiones relacionadas a la aprobación del reglamento de la Ley 30021. Y eso debido a que el reglamento publicado desairara a la salud pública, dejando de lado las precisas instrucciones que la ley ordenaba para adoptar los estrictos niveles de grasas, azucares y sal en los alimentos procesados proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En vez de seguir las instrucciones de su propia ley, el reglamento adopta parámetros mas laxos de la ley chilena, con la idea de que si están funcionando bien en ese país, deberían también funcionar bien en el Perú.

Sin duda que este asunto tiene que ver con el concepto del retorno de las inversiones en salud pública. Veamos.

Primero veamos que significa retorno a la inversión. Si usted amable lector invierte en la bolsa de valores los diez mil dólares que tanto le ha costado ahorrar, su expectativa es que en un plazo determinado, su inversión le retorne un cierto retorno, el cual le permitirá invertir nuevamente y como dice la gente “hacer crecer su dinero”. Si su situación económica no es muy cómoda, el invertir esos diez mil dólares probablemente lo prive de ciertas necesidades inmediatas, como comprarse un televisor último modelo o hacer algunas reparaciones en su casa. Pero el hecho es que usted invierte, dejando de aprovechar la fluidez actual de su dinero, porque sabe que el retorno que obtendrá le permitirá gozar de mayor seguridad en el futuro.

Algo así sucede en salud pública. Si un gobierno decide invertir sus escasos recursos en programas de salud pública (con beneficios a largo plazo), es muy probable que tenga que privarse de brindar programas de beneficio mas inmediato a su población. En el caso del reglamento de la ley de alimentación saludable que estamos comentando, es muy probable que los funcionarios responsables de su redacción hayan pensado que si adoptaban los estrictos criterios de la OMS, las empresas que fabrican alimentos procesados y bebidas azucaradas hubieran sufrido un fuerte golpe económico para adaptarse a la elaboración de productos con los nuevos parámetros. Esos drásticos cambios, pensaron, hubieran ocasionado un supuesto daño económico en la industria de alimentos, que en su pensamiento, hubiera sido contraproducente en un momento en el que el Perú esta a toda costa tratando de reflotar económicamente. Ellos deberían saber bien que las industrias tienen un excepcional poder de adaptación simplemente cambiando las formulas de sus productos.

¿Pero qué hay de los estudios acerca del retorno de la inversión en salud pública? Un reciente estudio británico analiza 52 publicaciones científicas sobre ese tema y el costo beneficio de diferentes intervenciones de salud pública y concluye que hasta con los mas rudimentarios tipos de análisis, la vieja máxima de Benjamín Franklin -de que una onza de prevención vale mas que una libra de curación- se cumple perfectamente y que los beneficios económicos de esas intervenciones se hacen patentes muchos años después que los políticos que las implementaron dejaron sus puestos.

Otro reciente análisis publicado por la Asociación de Salud Pública Norteamericana y su contraparte canadiense, cuantifica mas claramente el beneficio económico a largo plazo que traen las inversiones en salud pública del presente, documentándolas entre 125% y 3,900%. Por ejemplo, invertir un dólar en salud y desarrollo infantil tempranos, ahorra 9 dólares en futuros gastos de salud, servicios sociales y justicia, lo cual significa un ahorro del 800%. Del mismo modo, por cada dólar gastado en prevención de tabaquismo, se ahorran 20 dólares en futuros gastos de salud, lo cual representa un retorno de la inversión del 1,900%.

Los autores hacen otros cálculos del retorno de las inversiones para intervenciones comunes en salud pública y estos son los resultados: invertir en cinturones de seguridad: 3,900%, en fluorización del agua: 3,700%, en programas de salud mental y adicciones: 3,600%, en prevención del tabaquismo: 1,900%, en vacunaciones: 1,500%, en  programas de educación escolar inicial: 1,300%, en programas de educación física: 1,200%, en programas de alimentación saludable (como el que se hubiera conseguido con un reglamento que hubiera respetado los parámetros de la OMS): 1,000%, salud y desarrollo infantil: 800%, seguridad en el trabajo: 500%, vehículos no contaminantes: 300% y cesación de tabaco 125%.

Corolario

No hay duda que invertir en programas de salud pública en el presente ahorra dinero en el futuro, en un momento en que los gobernantes que las implementaron dejaron el poder. A la inversa, las consecuencias negativas de no invertir en salud pública se presentan años después, cuando esos gobernantes se han ido, dejándole el problema a los políticos del futuro, perpetuando así el ciclo del subdesarrollo.

Nos parece escuchar las discusiones sobre el reglamento de la ley de alimentación saludable entre los miembros del gabinete ministerial, entre aquellos que argumentaban que iba a ser bueno para el futuro del país y aquellos que decían que iba a ser negativo para el desarrollo de la economía.

Ganaron los segundos, y eso, representa una oportunidad perdida de desarrollo a largo plazo del Perú.