De fusiles a intimidación judicial y leyes mordaza: ¿Cómo han cambiado los ataques a la prensa en Perú a lo largo de los años? | ECData

“Desde hoy ‘El Comercio’ es del Sector Campesino”, se leía en la portada de El Comercio del 27 de julio de 1974. Poco después de las 2 de la madrugada, habían ingresado, fusil en mano, a la redacción de este Diario los efectivos de seguridad del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. La expropiación de El Comercio se sumaba, así, a la lista de medios de comunicación que la dictadura había incautado para silenciar a un periodismo que buscaba cumplir su deber: fiscalizar a quienes ejercen el poder. Por seis años, y hasta el retorno al poder de Fernando Belaunde Terry, la publicación del periódico más antiguo del Perú permaneció en manos del velascato.

Ha pasado medio siglo desde aquel silenciamiento a mano armada y hoy, aunque en distinta forma, las libertades de prensa, expresión e información aún no están a salvo. Este jueves 25 de julio, en Huaraz, dos sujetos raptaron a la madre del reportero de “Panorama”, Iván Escudero, que viene realizando importantes denuncias contra funcionarios y personajes públicos. “Dile a tu hijo que se calle. Sino, la que va a pagar es usted”, amenazaron los raptores. El objetivo era claro.

Pero no es un caso aislado. Solo hasta junio de este año, se han reportado 187 ataques a periodistas, según cifras de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), organización que monitorea las agresiones que surgen contra hombres y mujeres de prensa como resultado de su ejercicio periodístico. En promedio, en el 2024 se ha registrado uno de estos ataques cada día.

La mitad de estas agresiones (49%) ha tenido la forma de amenazas u hostigamiento. Le siguen las agresiones físicas y verbales (17%), las trabas al acceso a la información (11%), el discurso estigmatizante (10%) y la intimidación judicial (6%).

Luego de los civiles, que representan la mitad de los agresores reportados, los funcionarios públicos son el segundo tipo de agresor más común (37%). Entre estos, hay agentes de todos los niveles del aparato estatal: la misma presidenta de la República, ministros, congresistas, fiscales, autoridades subnacionales y funcionarios municipales.

Si bien la información de la ANP a la que tuvo acceso este Diario está actualizada hasta el 30 de junio, desde entonces han trascendido por lo menos cuatro amenazas contra periodistas: la carta notarial enviada por el ministro del Interior Juan José Santiváñez al reportero de “Hildebrandt en sus trece” Ricardo Velazco, la querella interpuesta por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a la periodista cusqueña Yéssica Bazalar, la reciente negativa del mismo Soto a que los medios de comunicación ingresen a la sesión de la comisión permanente y el rapto de la madre de Iván Escudero.

“Antes, te asesinaban o te expropiaban para que te calles. Hoy lo hacen de una manera más sutil, porque así es mucho más difícil que la ciudadanía vea que lo que están pretendiendo es lo mismo: acallar una investigación y asustar a los periodistas”. Así describe Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, las formas contemporáneas de censura.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) coincide en que, si bien los ataques ya no son siempre directos y obvios a simple vista, buscan tener los mismos efectos.

“Hay cosas que pasaban en el siglo XX que hoy no pasan. Había una ley de expropiaciones, el cierre indiscriminado de periódicos o el envío al exterior de periodistas incómodos. Eso ya no se da. Ahora, los ataques son más sutiles, pero con la misma consecuencia como objetivo, que es silenciar a la prensa incómoda. Lo que hay ahora son figuras un poquito más ‘caletas’ de control”, señala.

Algunas de estas figuras de control impulsadas por las autoridades, según los especialistas, son el aumento de las penas por difamación, la posibilidad de denunciar a un periodista por “reglaje” o, incluso, por supuestos delitos que no guardan relación con su trabajo periodístico.

“Es eso: buscar en el Código Penal qué cosa puede aplicarse a la prensa y hacerlo. Es la creatividad en buscar fórmulas más sofisticadas de persecución a los medios”, dice Salazar.

La intimidación judicial ha sido el tercer tipo de ataque contra la prensa más reportado en los últimos 10 años, luego de las agresiones físicas y verbales y las amenazas y hostigamientos.

Para Lainez, aunque afortunadamente hoy son menos los casos de asesinatos y secuestros de periodistas, las amenazas a la libertad de prensa en la época actual tienen una característica que las hace particularmente peligrosas: estas provienen de todos los poderes del Estado.

“El peor momento para la prensa siempre va a ser entre 1980 y el 2000 por la cantidad de periodistas muertos y desaparecidos. Este momento no es el peor, pero sí es el más hostil. Antes, al menos teníamos la posibilidad de tener un equilibrio de poderes. Cuando tienes una situación en la que un Congreso quiere amordazar a la prensa, un Ejecutivo que estigmatiza todos los días a los periodistas y un Ministerio Público acepta denuncias tan absurdas como reglaje, no podemos hablar de un correcto equilibrio de poderes”, advierte.

Salazar coincide: “Lo que creo es que estamos entrando a un camino autoritario y de degradación democrática. No son solamente el Congreso y Dina Boluarte: es la fiscalía que allana la casa de Juan Carlos Tafur, es Alejandro Soto que dice que va a presentar una querella por semana, es la Defensoría que no hace nada”.

En la misma línea, el abogado especializado en libertades informativas, Roberto Pereira, explicó que, en la actualidad, quienes lideran los poderes del Estado coinciden en un notorio propósito de limitar la actividad periodística. Estima que esto se ha visto reflejado en nocivos proyectos de ley por parte del Congreso, la reducción del espacio abierto para la prensa que promueve el Ejecutivo, y la admisión mecánica del Poder Judicial a demandas o querellas contra periodistas que investigan a funcionarios públicos.

“Hay una tendencia a considerar a la prensa un enemigo político y atacarla. Eso es claro, y parte de una concepción equivocada de lo que debe ser la prensa frente al poder: la prensa siempre debe tener una relación conflictiva con el poder porque el rol de la prensa es denunciar, fiscalizar y cuestionar. Para eso existe la libertad de expresión. Esta libertad está pensada para proteger el discurso disidente o crítico, el discurso que revela irregularidades o ilícitos. Es necesario que los políticos o quienes lideran cargos en el Estado comprendan esto”, dice.

De los 187 ataques a la prensa reportados por la ANP del 2024, cuatro corresponden a “amenazas legislativas”, aquellas “propuestas que el Congreso admite, debate o aprueba y que atenta directamente contra el ejercicio periodístico en una o más de sus formas”.

Según un análisis de ECData de los proyectos de ley presentados desde el 2006, el actual Congreso es el segundo que ha planteado más iniciativas peligrosas para la libertad de prensa. Estos representan casi un tercio del total de proyectos amenazantes de los últimos 18 años. Los más comunes son aquellos que buscan elevar las penas por delitos contra el honor, los que pretenden regular el ejercicio de la actividad periodística o los que imponen cuotas de contenido en las transmisiones televisivas o radiales.

El 2023 tuvo la cifra más alta de ataques a periodistas de los últimos 10 años. A seis meses de haber empezado el 2024, la cantidad de ataques a periodistas representa el 53% del total de agresiones del 2023.

Para Lainez, el número es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que, a diferencia de años anteriores en los que las altas cifras han coincidido con contextos de conflictos sociales que facilitan las hostilidades (como lo fue el 2023), el 2024 viene siendo uno “normal”.

La mitad de las agresiones del 2024 se registró solo en los meses de abril y mayo. Lainez sostiene indica que la alta cantidad de agresiones reportada en esos meses coincide con el silencio de Boluarte que siguió al destape del Caso Rolex. Tras el escándalo, Boluarte se negó a responder a los medios de comunicación por 93 días (Pedro Castillo, quien también adoptó este mecanismo, superó los 100 días sin responder a la prensa).

Según explica, la negativa a responder a los medios vino acompañada de declaraciones estigmatizantes contra la prensa por parte de ministros, así como de impedimentos de acceso a los medios.

“A partir de entonces, hemos visto negativas de acceso a la información, trabas a la cobertura, periodistas que son encerrados. Esos no son hechos aislados, porque han estado acompañados por los dichos de varios ministros y de la presidenta que, sin responder a la prensa, han tenido un discurso con una carga hiperestigmatizante”, sostiene.

Desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte ha tenido un discurso estigmatizante contra la prensa en seis ocasiones. En al menos tres momentos, ha calificado a los medios de “tendenciosos” por destapar escándalos como el Caso Rolex o las andanzas de su hermano, Nicanor Boluarte.

“El discurso estigmatizante de un funcionario público, sobre todo un presidente, tiene mayores efectos que lo que pueda decir cualquier persona. Y sobre todo si lo dice una presidenta que tiene tantos problemas por resolver y cuestionamientos por responder. Si respondes de esa manera, estás haciendo oídos sordos a las preguntas obvias que tiene la ciudadanía. Hay una similitud entre Castillo y Dina: usar la policía para acorralar periodistas, no responder y comenzar a tildar a la prensa de tendenciosa, sensacionalista, etc”, señala Salazar.

En diciembre del 2006, la Corte Suprema emitió un acuerdo plenario que precisa criterios recogidos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la libertad de expresión, de la que se desprenden otros derechos, como a la información, a la opinión y a la libertad de prensa. En dicho documento, que está vigente, los jueces supremos convinieron en que, para casos relacionados a demandas por difamación, se debe aplicar un principio de proporcionalidad, en el que prevalece el interés público de la información emitida por encima del honor o la privacidad de funcionarios públicos.

“Claramente, lo que dice ese acuerdo plenario es que los funcionarios públicos, por el hecho de haber decidido participar en la actividad pública o en la política o en el manejo del Estado, han renunciado a un nivel de protección elevado de su honor o de su privacidad. Es decir, tienen un menor umbral de protección y, por lo tanto, tienen una mayor obligación legal de tolerancia frente a la crítica o el cuestionamiento”, señala el abogado Roberto Pereira.

No obstante, el experto destaca que los jueces, por lo general, desconocen este acuerdo plenario e inician procesos contra periodistas y comunicadores, los cuales –pese a sus carencias jurídicas– terminan por cumplir el objetivo amedrentador del demandante. Para Pereira, los contenidos o la información referida a funcionarios o a asuntos de interés público deben ser protegidos porque forman parte de la dinámica democrática y del control ciudadano.

“Muchas veces, ni siquiera es el objetivo llegar a una condena contra el periodista, sino tenerlo arrinconado con procesos penales para amedrentarlo. [Abrir este tipo de procesos sin base jurídica] somete al periodista a un riesgo de pena y a un riesgo de reparación civil con todos los efectos perjudiciales que tiene afrontar un proceso penal, como contratar abogado, y enfocar su atención y tiempo en las etapas del proceso. Esto puede generar un efecto de autocensura, no solo en el periodista demandado, sino en los demás periodistas”, sostiene.

Pereira recalcó que el derecho al honor está también protegido jurídicamente y que, si bien –en la esfera del interés público– este reduce su umbral, aquello no implica impunidad cuando una difamación es real o cuando una información periodística refleja datos no contrastados o falsos. Por el contrario, recuerda que existen mecanismos ya regulados para exigir la reversión de estos daños, tales como los pedidos de rectificación.

“El ejercicio no ético de la labor periodística también existe. Las ‘fake news’, la desinformación o la prensa que se involucra en la polarización política son una realidad. Sin embargo, los políticos tienden a enfrentar esto de manera inadecuada: estigmatizando a toda la prensa, estableciendo prohibiciones inconstitucionales, presentando proyectos de ley limitantes para la libertad de prensa. La ‘mala prensa’ se combate con apertura al debate público, con más información, con pedidos de rectificación. Todos los mecanismos están ahí para ser utilizados”, asegura.