¿Cómo impacta el incremento de la criminalidad en los negocios?

El sector empresarial y de los trabajadores de diferentes sectores económicos presentaron este martes una serie de propuestas para combatir la criminalidad en el país, que, en el 2023, ya hizo que se pierdan S/ 35 mil millones. Esto es, el equivalente a 3,5% del PBI nacional, según comentó Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) a El Comercio.

Según el líder de la Confiep, con una lucha adecuada de la criminalidad, el crecimiento negativo de 0,55% del año pasado hubiera sido uno positivo de 3%. Asimismo, anotó que los microempresarios que participan del gremio han reportado que más de 12 mil bodegueros han sufrido extorsiones el 2023.

“Las extorsiones vienen acompañadas cada vez con más violencia, con amenazas, con muerte. [Si esto no se soluciona] estas cifras se van a incrementar exponencialmente”, afirmó.

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En la presentación de propuestas estuvieron presentes el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, y el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Jorge Zapata, por el lado del sector Construcción.

Asimismo, participaron Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep; Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX); y Jesús Salazar, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Del sector Manufactura y Servicios afines, participaron el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú (FETRIMAP), Gilmer Ibáñez; y el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines (FNT-CGTP-ABA), Alexander Caballero.

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Del sector comercio y del sector agrario asistieron Carlos García, gerente general de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); y Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), respectivamente.

La primera propuesta presentada busca la creación del Centro de Flagrancia, que incluiría la acción conjunta y centralizada de la policía, la fiscalía y los jueces. “Esta propuesta, que también hace suya el Poder Judicial, hagámosla nuestra. Con ello esperamos tener celeridad”, dijo Bustamante.

La segunda propuesta está enfocada en acelerar las Obras por Impuestos para lograr que, bajo ese marco, se les permita intervenir (a las empresas privadas) de manera efectiva, proveyendo de iluminación, sistemas de videovigilancia, construcción e implementación de comisarías y mejoramiento del sistema carcelario.

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En tercer lugar, señalaron que se ha abandonado la inteligencia contra el crimen organizado, con lo que la complejidad de los crímenes en el país se ha incrementado.

Finalmente, proponen dotar a la policía nacional y al Poder Judicial de los recursos necesarios para su fortalecimiento.

“Nos llama poderosamente la atención que tengamos un Estado representado por su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entretenido en temas de coyuntura que no le permiten actuar de manera eficaz sobre este gran flagelo de la sociedad. Es por eso que nos reunimos gremios empresariales y sindicatos de trabajadores para dar una muestra al país de que debemos estar unidos”, dijo Salazar, de la SNI.

En tanto, Pérez Alván, anotó que, luego de la conferencia, se presentarán las propuestas por escrito a las autoridades y se buscará una reunión con el ministro del Interior y la presidenta Dina Boluarte. “Por el bien del país, esperamos que el Gobierno nos llame pronto a fin de avanzar en la agenda pendiente. La confianza, paz y tranquilidad son fundamentales para las inversiones y retomar el camino del desarrollo”, sostuvo.

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Durante la conferencia se resaltó que han pasado tres meses desde la marcha del 19 de diciembre en la que el ministro del Interior se acercó y se solicitó una reunión para tocar este tema.

Según ECData, solo el 6% del presupuesto público nacional del Estado se destina a combatir la delincuencia y solo el 4,7% de los recursos públicos se asignan al Ministerio del Interior. Así, en el 2023 el presupuesto de este sector fue de S/ 11.715 millones, 14% menos que el año previo.

Además, el presupuesto público que aprobó el Congreso para este año contempla una asignación inicial de S/ 10.942 millones para el Ministerio del Interior.

Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el primer semestre del 2023, el 30,2% de peruanos dijo que el aumento de la delincuencia es la principal dificultad que se debe afrontar, solo por debajo de la corrupción, con un 54%.

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Para Bustamante, si bien la criminalidad es transversal a todas las regiones del país, se ve un mayor impacto en las regiones donde existe minería ilegal y en la capital.

En tanto, Salazar mencionó que, según los reportes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) entre el 2018 y el 2022, los cultivos de coca se incrementaron un 76% en el país; así también, la producción de cocaína entre el 2017 y el 2021 se incrementó en 63% y la minería ilegal mueve más de US$ 4 mil millones al año. Esta se sigue incrementando, en los últimos 10 años, por encima del 11% anual.

“Son hechos delictivos que siguen ganando terreno en nuestro país y no vemos un estado que responda de manera frontal. Nos preguntamos si en este entorno podríamos hablar de inversión, de recuperación económica, que tanto nos está golpeando como país. El tema de seguridad necesita ser abordado de manera seria y eficaz”, dijo Salazar.