El fraude y la corrupción no son propios del sector público y mucho menos ajenos al ámbito privado. Los ciudadanos tenemos la percepción de que la corrupción, lejos de disminuir, se incrementa.
A través del estudio de la consultora E&Y “Percepción de fraude en el Perú”, en el que se encuesta a ejecutivos de la alta gerencia y de la gerencia intermedia de 250 empresas top en el Perú (el estudio fue publicado en exclusiva por Día_1), se revela que el 55% de las organizaciones fueron víctimas de fraude.
El 81% de los casos fueron perpetrados por el propio personal de la organización. El estudio apunta, además, que “los resultados de la encuesta evidencian que no se trata de eventos aislados, que existe el factor recurrencia”. Pero lo más preocupante es que el documento señala que “existen avances respecto a la toma de consciencia y adopción de medidas para hacer frente a este problema, pero aún no es una prioridad, en los niveles más altos de la organización”.
Preocupa que no exista en todas las empresas compromisos, al más alto nivel, para eliminar estas prácticas. Preocupa también que las medidas para promover una conducta impecable no sean transversales y prioritarias para toda la organización. Así, es de esperarse que aquellos funcionarios que no tienen un comportamiento adecuado al interior de sus empresas tampoco la tengan en sus relaciones con otras organizaciones y con el sector público. Lava Jato es un escándalo de corrupción al más alto nivel que involucra tanto a privados como a autoridades.
Por otro lado, no es una novedad lo revelado por el último sondeo de Ipsos Perú, encargado por Proética, que señala que el 78% de la población tolera la corrupción. Si la empresa es un agente de cambio, ¿por qué no iniciar un cambio desde ella?
Los empresarios, en los últimos años, más involucrados en el debate nacional, deberían exigirle a su propio entorno, es decir a las propias empresas, como se lo exigen a la autoridades, un compromiso por la sociedad que impulse prácticas éticas y responsables. Un colectivo desde las organizaciones privadas que genere un círculo virtuoso desde la empresa hacia la sociedad y el estado. Alzar la voz cuando desde una municipalidad, o desde cualquier institución, se insinúen negociaciones bajo la mesa. La empresa debe ser fuente de solución y no de corrupción. Si bien el ciudadano tolera la corrupción, dudo que se resigne a ella. Por ello, la población aún se manifiesta, se atreve. Ojalá la empresa privada también se atreva.