David Tuesta

Todos podemos estar de acuerdo que, en cualquier país con las ideas claras, la prioridad debiera ser que sus ciudadanos puedan acceder a buenos empleos que les permita sostener a sus familias, avanzar en sus aspiraciones y, en general, mejorar su bienestar. Eso que es tan evidente, no parece ser de importancia para el gobierno de Pedro Castillo.

No obstante conocerse que el Perú tiene una serie de restricciones estructurales de oferta y demanda, que llevan a que más del 75% de la PEA trabaje en la informalidad, no se hace nada por mejorar la productividad de su fuerza laboral, y más bien, se insiste en incrementar los ya elevados costos de contratación que de acuerdo con el BID se aproximan al 70%, lo que lo hace uno de los más excesivos en Latinoamérica.

MIRA | “Es lamentable que [la crisis política] se haya convertido en otro problema estructural”

En efecto, la Agenda 19, liderada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contiene un listado de acciones sobre el mercado laboral que sólo puede llevar a la expulsión de más trabajadores hacia la precarización. Una de las normas nocivas es la aprobada por el Decreto Supremo-DS 001-2022 que prohíbe la tercerización laboral para las actividades que forman parte del denominado núcleo de negocio.

La lógica del gobierno para impulsar esta legislación parte de una total falacia, al señalar que optar con libertad por este modelo empresarial terminaría afectando los derechos de los trabajadores. No sorprende, a estas alturas, que el gobierno recoja supuestos absurdos para justificar su posición prohibitiva a que las empresas puedan formar parte de manera eficiente de la cadena global de valor a través de un modelo que es usado ampliamente en el mundo moderno. No le importa, por tanto, al Ejecutivo terminar condenando a nuestra economía a darse de bruces una vez más.

El gobierno parece no saber que la tercerización ha ganado gran relevancia y aceptación. De acuerdo con una encuesta de Deloitte del 2021 la adopción del modelo de tercerización en las empresas puede superar el 70% en varias funciones, y no precisamente secundarias. Esto se debe a que la tercerización implica la delegación de funciones de la organización a proveedores de servicios más especializados redundando en mayor eficiencia en la cadena productiva, creando espacio para que los empleados se concentren en las actividades principales en las que tienen ventaja comparativa y puedan seguir incrementando su productividad; hecho que redunda en mejoras salariales. Esta innovación es un proceso necesario para el sustento en el entorno laboral actual dando como resultado la creación de nuevos productos, la mejora de la calidad y productividad.

El DS 001-2022 que prohíbe la tercerización, ha dado plazo de 180 días de adecuación a la norma, que se cumplirán en pocas semanas. No obstante, entendiéndose que la norma viola abiertamente las libertades de contratación establecida en la Constitución, y esperando que surja algo de sensatez entre los tomadores de decisiones en el Estado, las decisiones empresariales hoy, se encuentran completamente paralizadas en este tema. Como es de imaginarse, esta situación insertada dentro de un clima de alta incertidumbre económica generada por este gobierno, donde se proyecta que la inversión privada prácticamente no crezca este ni el próximo año, significará al final matar la creación de empleo formal.

Actualmente existe un dictamen de la Comisión de Economía que, recogiendo las opiniones expertas en la materia, concluye en la derogación del DS 001-2022. Esta decisión es necesaria llevarla al Pleno del Congreso pronto, con el fin de dar algo respiro a un mercado laboral bastante vapuleado. De acuerdo con información oficial, 240 mil empleos bajo esta modalidad se verán afectados de manera directa, lo cual puede llegar a más de 1 millón de empleos si se tiene en cuenta los efectos multiplicadores sobre el empleo directo e inducido, lo cual representa un ratio de cercano al 13% de la PEA adecuadamente empleada. Ante la magnitud del problema, nuestros legisladores deben reaccionar con prontitud para evitar un duro golpe a los peruanos que luchan día a día por buscar el pan en un escenario de precios altos y desmanejo económico de quien nos gobierna.