La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, afirmó que la cartera intentará lanzar al mercado el concurso para adjudicar la presa de Palo Redondo, parte del proyecto agrario Chavimochic III, en el tercer trimestre del 2023. Asimismo, indicó que el resto del proyecto podría ser licitado a través de un acuerdo gobierno a gobierno (G2G).
“[En la adenda que se venía trabajando] para que pueda iniciar la obra estaríamos hablando del tercer trimestre del año 2023. Nosotros hemos planteado una estrategia respecto a la presa Palo Redondo, que en el mismo periodo de tiempo en el año 2023, vamos a poder lograr [lanzar al mercado] el concurso oferta”, indicó ante la Comisión Agraria del Congreso de la República.
MIRA | Maestrías presenciales ganan terreno: ¿Qué están haciendo las universidad para atraer postulantes?
La decisión del ministerio se da luego de que se hiciera público el laudo arbitral que resolvió el contrato de concesión de Chavimochic III por incumplimientos tanto del Estado como del Consorcio Chavimochic SA, integrado por Novonor (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero).
“Habíamos planteado la estrategia que pueda permitir algo más ágil, quizás un G2G, una forma que nos permita echarle mucha [velocidad] a una obra emblemática que ha esperado muchos años para culminarse”, agregó.
El proyecto se encuentra paralizado desde el 2016. El consorcio avanzó el 70% de las obras de Palo Redondo, primera etapa de las obras concesionadas. Luego de la resolución del contrato, el Estado debe de volver a elaborar un concurso público para que se culminen esas obras. Asimismo, deberá de licitar las siguientes etapas de la construcción, correspondientes al canal madre de regadío de tierras. En total, el proyecto requiere de una inversión de US$715 millones.
LEE TAMBIÉN | Hugo Santa María: “El poco crecimiento (del Perú) se va a quedar varios años”
Por otro lado, aseguró que el fallo arbitral no representará costos al Estado. Si bien el tribunal indicó que el Perú debe pagar más de US$25,3 millones al concesionario, ese pago se amortiza con la retención del 10% en aplicación del Decreto de Urgencia 003-2017, que evita la paralización de la construcción de obras públicas o asociaciones público-privadas por actos de corrupción. Asimismo, la garantía de fiel cumplimiento del contrato se ejecutará tras la resolución del mismo y tiene un valor de US$25 millones.
“Si bien es cierto se indica en una parte de que tiene cancelarse los US$25 millones por obras que ya estaban aprobadas por el propio Gobierno Regional, también indica en la otra cláusula que se haga efectivo el 10% [de retención] que existe ahí, que equivale al monto de los US$25 millones. Por lo tanto ahí no existe ningún pago económico”, explicó.
ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Midagri pide “tranquilidad a la inversión privada” tras conflicto por el uso de agua para Quellaveco
Ocampo añadió que la concesionaria le solicitó al ministerio plantear la nulidad del laudo arbitral, que es la única instancia jurídica que podría modificar el fallo.
“La pretensión actual de la concesionaria es que nosotros nos podamos sumar a una nulidad. Esto no cabe porque ellos mismos han firmado un contrato que indica que esas son las condiciones. Es la concesionaria conformada por las empresas Odebrecht y Graña y Montero es la que nos ha puesto ante el tribunal arbitral, es la única que tenía pretensiones económicas y es el tribunal arbitral el que ha determinado que no tienen la razón”, relató.
Además, advirtió que tras el fallo el Estado Peruano podría denunciar al concesionario por el perjuicio económico derivado de la paralización de las obras de Chavimochic III.
VIDEO RECOMENDADO
Contenido Sugerido
Contenido GEC