Millonarias promesas presidenciales

Una evaluación del mensaje presidencial por Fiestas Patrias pasa por determinar la viabilidad financiera de los múltiples anuncios realizados ante el Pleno del Congreso. Estando a menos de un mes de la presentación del proyecto de presupuesto del sector público 2025 y de la publicación de un marco macroeconómico multianual que sustente los gastos programados, es de suponer que lo prometido por la mandataria sea consistente con las nuevas reglas fiscales y la necesidad de iniciar un proceso de consolidación de las cuentas públicas. Esto último es imprescindible para mantener la credibilidad del manejo de la política fiscal y que se preserve la calificación crediticia del Perú.

Una revisión de los anuncios organizados en torno a los nueve ejes de la política gubernamental muestra proyectos de inversión e intervenciones públicas con un costo total que asciende a S/ 40.165 millones. De este monto, S/ 18.039 millones no tienen ningún tipo de asignación en el actual Presupuestal Institucional Modificado al 31 de julio del presente año. El 88% de este gasto público adicional no presupuestado se concentra en los ejes de reactivación económica (29,3%); lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional (25%); infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida (24,3%); e impulso al desarrollo de los departamentos (9,7%).

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De los proyectos que no tienen un presupuesto programado en el año fiscal 2024 (gasto adicional), 82% corresponde a proyectos de inversión pública y 18% a gasto corriente. Este último incluye anuncios como el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario y el Fondo Agroperú (S/ 1.100 millones); apoyo a las mype (S/ 500 millones); e incremento de la subvención de Pensión 65 (S/ 494 millones). Sin embargo, esta cuantificación no contempla el incremento prometido a los pensionistas del sector público ni el aumento de las remuneraciones y las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Tampoco incluye el costo de la reforma previsional, cuya aprobación se mantiene en suspenso hasta que la nueva legislatura retome sus labores.

Respecto a las promesas de obras públicas, los diez proyectos más caros que aún no cuentan con asignación presupuestaria incluyen la ampliación de servicios de saneamiento, la construcción de establecimientos penales, vivienda social, hospitales y puentes, la recuperación de andenes en la sierra y selva, y la creación de escuelas Bicentenario y de colegios de alto rendimiento. De prosperar los planes del Gobierno y aprobarse el nuevo Ministerio de Infraestructura, este tendrá la responsabilidad de manejar presupuestos millonarios que superan largamente el monto resultante de la fusión de las 13 unidades ejecutoras previstas en el proyecto de ley presentado al Parlamento. Un desafío central para esta nueva cartera será lograr una efectiva coordinación de los tres niveles de gobierno, habida cuenta de que el grueso de la inversión pública la ejecutan los Gobiernos subnacionales.

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Dentro de este mar de promesas de gasto público, cabe destacar la renovada apuesta por cerrar las brechas de infraestructura mediante la adjudicación de asociaciones público-privadas a cargo de Proinversión. De hecho, se anunciaron seis proyectos por S/ 20.327 millones, algunos de los cuales requerirán de un fuerte cofinanciamiento público, como el Anillo Vial Periférico y el tramo 4 de la longitudinal de la Sierra.

Si asumimos que estas intervenciones recién se programarán en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a partir del 2025, estaríamos ante un incremento de 7,5% respecto del PIA del presente año. Esta variación no incluye el marco presupuestal que requerirán inversiones públicas en curso, la atención de presiones de gasto público aprobadas por insistencia por el Legislativo, demandas adicionales ni la materialización de contingencias (como laudos arbitrales adversos) que recaerán sobre el fisco.

Así, estamos ante un Ejecutivo que no le da suficiente atención a la viabilidad financiera de sus promesas y que no ratifica explícitamente su compromiso con la disciplina fiscal, tema omitido por la presidenta en las 79 páginas que nos dedicó el pasado 28 de julio.