El reto de poner en cuarentena a millones en América Latina, donde mucha gente sobrevive día a día

Noelia Flores contaba con los 35 soles (cerca de US$10) que iba a ganar este lunes limpiando en un hotel de Tumbes, en el norte de Perú. Con ellos iba a comprar la comida de ese día para ella, sus dos hijos, su nuera y sus cuatro nietos. Pero al llegar al establecimiento, le dijeron que desde ahora solo los empleados que estaban en planilla trabajarían.

La razón: la noche anterior, el gobierno peruano había declarado el estado de emergencia y puesto al país en cuarentena para frenar la expansión del nuevo coronavirus, así que quienes no tenían contrato, como ella, ya no eran bienvenidos.

Perú es el país de América Latina que ha aplicado la cuarentena más restrictiva para detener el avance del virus, cerrando las fronteras a cal y canto y sacando al Ejército a la calle para asegurarse de que la población esté confinada en sus casas.

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A nivel global, más de 190.000 personas han contraído el virus surgido en China, que causa la enfermedad Covid-19. Pese a que a la gran mayoría solo le genera síntomas leves parecidos a los de una gripe, la pandemia ya se ha cobrado más de 7.000 vidas.

Al momento de tomar la decisión, Perú era el Estado de la región con más casos confirmados después de Brasil y Chile. Con poco más de un centenar de infectados, está muy por debajo de la situación que vive España, por ejemplo, que ya los cuenta por decenas de miles y más de 500 muertos. Y sin embargo, la cuarentena decretada en aquel país europeo es más flexible que la peruana.

En España, las autoridades han incluido acudir al trabajo entre aquellas excepciones que permiten salir de casa.

En Perú, el domingo a las ocho de la noche, el presidente, Martín Vizcarra, avisaba que solo cuatro horas después toda la población debía permanecer en sus viviendas y que solo los empleados de servicios esenciales podrían ir a trabajar.

En un país donde siete de cada 10 personas no cuenta con un empleo formal, el anuncio cayó como un balde de agua fría.

“Nosotros, lo que vamos haciendo lo vamos gastando a diario en comida y ahorramos un poquito para el alquiler”, explica Flores. “Mi hijo conduce un mototaxi y gana un promedio de entre 15 y 20 soles (entre US$4,3 y US$5,7) porque tiene que pagar la gasolina y la moto”.

Esta inmigrante venezolana de 39 años también junta lo que puede para enviárselo a su madre. "Para su comida", añade preocupada.

Hasta ahora, complementaba los tres días a la semana que trabajaba en el hotel con la venta ambulante de café y golosinas en la playa. La cuarentena, que le parece "exagerada", ha acabado con todas sus fuentes de ingresos.

"Hay personas que tienen su dinero guardado y pueden comprar abarrotes y al por mayor. Pero a los que no tenemos, como nosotros que somos extranjeros, se nos hace muy difícil", cuenta por teléfono.

"Esto está creando un caos bastante fuerte y las personas que tienen, compran y se abastecen, pero uno se queda sin nada porque no tiene con qué comprar", lamenta.

"Yo como madre y como abuela me preocupo porque tengo niños pequeños. ¿Cómo les voy a decir que no van a poder tomarse su tetero (biberón)? No podemos, tenemos que buscar la manera de dárselo", agrega.

140 millones empleados informales

La situación de Flores ejemplifica uno de los grandes retos que la pandemia representa para los países latinoamericanos que opten por imponer una cuarentena.

En muchas naciones europeas existen redes de protección social y económica como las bajas médicas remuneradas generalizadas. Sin embargo, en América Latina, 140 millones de empleados dependen del sector informal, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Es decir, uno de cada dos trabajadores.

Perú es uno de los que tiene la tasa de informalidad más alta, aunque esta es incluso superior en países como Guatemala y Honduras, donde ronda el 80% según la OIT; o en Bolivia, donde asciende al 83%.

Trabajar en la informalidad no significa ser pobre, como puntualiza el ex ministro de Economía peruano, Alonso Segura: "La población económica activa informal es del 70% y la pobreza en el país está en el 20%".

Pero, solo en ese país, nueve millones de personas forman parte de una familia donde, si no se trabaja hoy, no se come mañana o incluso ese mismo día, según estimaciones del gobierno peruano.

"Hay un sector importante de la población que es vulnerable y que tiene un sistema de vida de trabajo diario para poder subsistir. Ese porcentaje importante de la población vulnerable no va a quedar desamparado", afirmó este lunes Vizcarra en una conferencia de prensa en la que anunció un bono de 380 soles (unos US$108) para cada una de estas familias.

El monto está por debajo del salario mínimo mensual de 930 soles (US$263). Fue calculado en base al gasto promedio urbano de alimentación, según explicó la ministra de Economía, María Antonieta Alva, así que no tuvo en cuenta otras obligaciones como el alquiler.

“El país se enfrenta a un tremendo reto”, afirma Alonso Segura. “No solo es la alta informalidad, sino también que el tamaño del presupuesto de Perú es relativamente pequeño en comparación con otros países: menos 20 puntos del PBI”.

"Así, es bastante difícil que el Estado pueda llegar a cubrir ingresos que ni siquiera tiene adecuadamente registrados, no solo los de los trabajadores sino también los de las microempresas y pymes".

Quienes tengan un empleo informal con el que ganen el dinero suficiente para no formar parte de las estadísticas de pobreza también se encuentran en una situación vulnerable.

Por un lado, no tienen la garantía de que, después de estos 15 días, puedan retomar su trabajo. Por otro, no entran dentro de la población que accederá a ayudas como el bono familiar.

"Los sistemas de focalización para pobreza del Perú, y los de todo el mundo, no están preparados para lidiar con un tipo de fenómeno de esta naturaleza: que no afecta solo a personas en situación de pobreza sino a gente que realiza sus actividades económicas normales, clases medias, media bajas, pero que no son pobres y que no están mapeados en los sistemas de focalización", dice Segura.

El exministro apela a la "conciencia ciudadana y solidaridad" para que la cuarentena se complete: "También hay algo de responsabilidad por parte de quienes empleen a independientes: trabajo doméstico, servicios de vigilancia privada... Lo ideal sería seguir pagándoles los honorarios para que esta gente pueda vivir estos días".

“No todo cae en campo del gobierno”.

"Tampoco queremos que mueran de hambre"

A sus 62 años, Marieta Ríos sale todos los días a vender marcianos, unos helados de hielo largos y delgados, en un mercado de Lima. El domingo, cuando se enteró de la cuarentena, ya tenía 200 hechos.

"Tendré que dejar que se entibien y usarlos como refresco", cuenta por teléfono, resignada. Pese a que vive de lo que vende cada día, dice tener "unos ahorritos" para sobrevivir la cuarentena junto a su esposo. "Tienen que alcanzarme, no comeré demasiado. Eso hay que estirarlo".

Se le oye tranquila al teléfono, hasta que se le pregunta sobre la posibilidad de que la cuarentena dure más de 15 días.

"Nooo, un mes sin vender no podríamos. Yo estoy de acuerdo con la cuarentena, pero no por mucho tiempo", responde angustiada. Su marido, de 68 años, no podrá ir al trabajo ni cobrará nada durante este tiempo y ella ya llevaba dos semanas vendiendo mucho menos que antes.

"Con esto del coronavirus, la gente no quería comer marciano por miedo a que le dé gripe", dice. Las ventas cayeron de 60 soles (US$16,7) al día, a 20 (US$5,6). "Si dura más, tendríamos que ver qué hacemos".

Camila Gianella, experta en salud internacional y directora del Cisepa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recalca la importancia de que, en situaciones como esta, las ayudas sean inmediatas.

"El Estado no puede decir: 'Bueno, vamos a hacer una encuesta, vamos a calificar..' No, tú dale la ayuda a todo dios", asegura.

Gianella no duda que la cuarentena sea necesaria: "Es una medida extrema y que va a afectar a muchísima gente muy duro, pero demuestra que el Ministerio (de Salud) es bastante consciente de la situación que tiene enfrente".

La experta recuerda que Perú solo tiene 250 camas con ventiladores, mientras que solo en la región italiana de Lombardía hay 737. Y aún así, el coronavirus ha hecho colapsar sus servicios de salud.

"Y en Perú tenemos otras enfermedades que pueden hacer que eso sea peor, como la tuberculosis, acá tenemos 17.000 nuevos casos cada año... Eso no se ha visto en Corea del Sur ni en Italia".

Sin embargo, tiene "miedo" de "que esto vaya a terminar quebrándose por el lado más débil: la gente que tiene menos capacidad económica y que se va a desesperar por tener que salir a trabajar, por subsistir".

“En esa precariedad del sistema de salud peruano y en esa precariedad laboral, tomar una decisión de esta envergadura no ha sido exagerado, sino para salvar vidas”, reafirma convencida.

Más que reducir las infecciones, explica, el objetivo es que nadie fallezca por la ausencia de camas en unidades de cuidado intensivo.

Pero, a la vez, urge al Estado a intensificar y agilizar las ayudas económicas: "Estamos hablando de que la gente no se muera por falta de una cama (en un hospital), pero tampoco queremos que mueran de hambre".

"Es una bomba de tiempo: la gente puede colaborar hasta donde pueda, pero si es una cuestión de 'entre mi familia y yo, subsistir, y el resto', la gente dirá 'Mira, si estoy sano, salgo... Si vives en esa precariedad es bien complicado que te pidan este nivel de sacrificio", dice.

"Porque eso tiene que estar claro: les estamos pidiendo más sacrificio a quienes menos tienen".

Lo importante, agrega, Gianella, es brindar apoyo para cumplir la cuarentena y no forzarla con represión o violencia.

“Porque si la gente sale, será para sobrevivir”.