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Operadores piden respetar Constitución en nueva Ley de Telecomunicaciones

Advierten que el Estado no debería actuar como operador ni mezclar las funciones entre el MTC y el Osiptel

Smartphone

Ante las nuevas formas y niveles de interacción que permiten hoy las telecomunicaciones, se está debatiendo la elaboración de un nuevo marco legal.

La propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones que está elaborando la comisión de transportes del Congreso fue analizada por los representantes legales de los operadores del sector a fines de la semana pasada. Ellos coincidieron en la necesidad de un mayor debate y estudio técnico de la norma, pues la propuesta actual tiene varios puntos por mejorar.

Los congresistas presentes se manifestaron llanos a consensuar y dispuestos a recoger las diferentes críticas vertidas por todos los operadores móviles que operan en el país. 

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Las Telco enfatizaron la importancia de respetar el rol subsidiario del Estado que rige en la Constitución, la libertad comercial y la privacidad de datos. Además pidieron no cruzar funciones entre el órgano que dicta las políticas (MTC) y el regulador (Osiptel) y no cambiar o elevar los tributos, pues estos terminan trasladándose al usuario final.

"Lo propuesto no está de acuerdo a las tendencias de flexibilidad, desregulación y modernidad que rigen a nivel internacional en la actualidad", resaltó Juan Pacheco, gerente general de Afin.

"Si vamos a hacer cambios, que sean productivos. No retrocedamos. Necesitamos una ley ágil que favorezca el despliegue de infraestructura", añadió a su turno Paola Marquez, de Entel. 

El texto, señaló Pacheco, propone pasos que traban las renovaciones de concesiones, crea regímenes paralelos a lo vigente en términos de sanciones (ya no se cobraria por UIT sino por facturación) y se modifican las tasas, lo cual afecta la sostenibilidad del sector y la predictibilidad jurídica. 

Se está estableciendo que el canon pagado por el espectro no es un tributo, cuando sí lo es, añadió Claudia Quintanilla, de Telefónica. "Si camina como pato, es pato. No podemos decir que es gallina", enfatizó luego de lamentar que se estén subiendo montos de impuestos y sanciones, además de elevar el pago al Osiptel ( de 0,5% a 0,75%).

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Operadores advirtieron que si se elevan las tasas se afectará al usuario final, pues se elevarán las tarifas a ellos cobradas. (Foto: Percy Ramírez / El Comercio)

MARCO LEGAL
​Quintanilla consideró que la propuesta actual se debe revisar a la luz de la Constitución, pues tal como está escrita va en contra de varios puntos claves. Uno de ellos es la protección de los datos personales: esta no puede ser vulnerada. 

En el texto, dijo, se propone que la autoridad del 911 pueda levantar el secreto de las comunicaciones y conocer la geolocalización de cualquiera sin permiso del Juez, cuando debería ser con autorización de quien llama y solo del número que está llamando. 

También señaló que se propone que el Osiptel pueda contratar a terceros para labores de fiscalización y eso es peligroso porque una empresa estaría accediendo a datos como registros de llamadas que son datos privados. Sería necesario limitar cuál sería el marco para dichas tercearizaciones, remarcó.

Otro punto que preocupó mucho a todos los representantes de los operadores móviles es que no se respete el rol subsidiario del Estado, pues se define que los servicios pueden ser dados por empresas estatales, modalidad que no existe desde la década de los noventa en el país. 

En las funciones de Pronatel, recalcó Quintanilla, se dice que puede brindar el servicio sin competencia efectiva. "¿Qué significa que sea efectiva? ¿ Si hay tres operadores es efectiva pero si hay dos no? Esto es muy peligroso. Debe corregirse", advirtió. 

En cuanto a la libertad de empresa, comentaron que se está estableciendo como función del Osiptel fijar tarifas y esto no es lo dispuesto por la Carta Magna. Pacheco remarcó que las tarifas tope o alzas en tarifas solo se dan cuando hay un vicio en el mercado que requiere intervención, a manera de excepción, no como algo habitual. 

Juan Rivadeneyra, de America Móvil (Claro), insistió en la conveniencia de conservar la división de funciones entre el MTC y el Osiptel tal como están ahora y no cambiarlas o mezclarlas como sucede en varios artículos de la propuesta en debate. 

"No se puede poner reglas que no van con el régimen de alta competencia que existe en la actualidad. No se puede poner regulación a torreras [es decir, las empresas que comercializan o instalan las torres] o pedir concesiones por concurso para Internet. Necesitamos una nueva ley, pero sin desalentar o dificultar la competencia", añadió Benjamin Astete, de Bitel. 


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