Colegiatura obligatoria: Rezago medieval

La incorporación a un Colegio de Abogados puede ser un trámite engorroso y costoso. Pese a que la información aparece registrada en la SUNEDU, en algunos casos se exige presentar copias certificadas del título o la constancia de egresado de la universidad. También pueden requerir una foto a color con “fondo blanco y con terno”, o la asistencia al curso de práctica forense o de ética organizado por el propio Colegio.

El trámite no es gratis. Se exige un pago que pueden llegar en ciertos lugares a S/2,500. En algunos casos, se exige además el pago adelantado de las cuotas ordinarias o de membresía del Colegio correspondientes al año siguiente de la incorporación, una contribución para la implementación de la biblioteca o la donación de un libro sobre temas jurídicos “con una edición no menor de un año a la fecha de programación de la ceremonia de colegiatura”.  La situación no es muy diferente en otros Colegios Profesionales.

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Indecopi en los últimos años ha desarrollado una intensa labor destinada a eliminar exigencias ilegales o irracionales impuestas por distintos Colegios Profesionales que limitan el acceso al mercado y terminan afectando a los usuarios de esos servicios. En algunos casos ha aplicado el garrote (multas) y en otros la zanahoria (eliminación voluntaria). Recientemente se ha reconocido al ex Decano del Colegio de Abogados de Pasco por la eliminación voluntaria de algunas de estas barreras.

Esto se puede acabar. El Colegio de Abogados de Lima ha presentado recientemente una iniciativa al Congreso de la República (PL 1709/2021) para dejar sin efecto la aplicación de multas a los Colegios de Abogados y limitar la supervisión de Indecopi sobre estos aspectos (“…solo será competente para conocer y resolver los reclamos por idoneidad del servicio vinculado a capacitaciones y perfeccionamiento profesional, …., excluyéndose de conocer los supuestos de regulación de costos de incorporaciones y practica forense.”).

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Pero eso no es lo más grave. Se propone obligar a colegiarse a quienes trabajan en instituciones públicas o privadas como abogados, independientemente del requerimiento de su empleador y “bajo sanción de perder la plaza laboral que vienen ocupando” si eso no ocurre. También se busca exigir a los abogados que acrediten, independientemente de donde laboren, la vigencia de su habilitación que puede perderse por falta de pago de las cuotas ordinarias o membresía al Colegio. Probablemente la acreditación tendrá que hacerse con la constancia que -previo pago- este emite.

Se trata de una Ley para forzar la afiliación y el pago de aportes al Colegio, así como limitar la supervisión de Indecopi.

La colegiatura obligatoria es un rezago medieval. Afecta no sólo la libertad para ejercer una profesión, sino sobre todo a los usuarios de los servicios. En Chile, Colombia, México y Uruguay la colegiatura de abogados es voluntaria. Acabemos de una vez con la colegiatura obligatoria y con los males que engendra.