David Tuesta

El país viene siendo testigo de la escalada en el número de conflictos sociales. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, el Perú registra un total de 207 conflictos a junio de 2022, la más elevada del último lustro. Lo singular sin embargo es que si sólo consideramos la dinámica de los recientes doce meses -que corresponde exactamente a la gestión de Pedro Castillo- la conflictividad se ha incrementado en cerca de 20%, lo que trae consecuentes costos apreciables para el bienestar de los peruanos en el corto y largo plazo.

La presencia de conflictos sociales en el Perú, por supuesto que no es nuevo y de hecho la literatura económica registra diversas explicaciones de carácter estructural que recaen en la debilidad institucional y el bajo nivel de desarrollo socioeconómico que desembocan en problemas de pobreza y desigualdad pendientes de solución. Hay también otros factores de corto plazo que pueden gatillar los conflictos como pueden ser los cambios en los ciclos económicos, así como la mala gestión del gobierno de turno.

Efectivamente, estos vectores tanto estructurales como coyunturales pueden verse agudizados ante la presencia de un shock de mala gestión que contribuya a exacerbarlos, como es el hecho que algún gobierno decida “renunciar” a gestionar nuestras limitadas herramientas institucionales para la solución de conflictos, o lo que es peor, “boicotear” el objetivo de solucionarlos. Estas situaciones que parecerían en otras circunstancias absurdas, es lo que lamentablemente observamos con el actual gobierno, al darnos clara muestra de su inoperancia y actitud azuzadora. Así, se identifica, por un lado, una tremenda desidia en la gestión de los sucesos de conflicto explicado en gran parte por la incorporación de personal poco capacitado para la tarea y más aún, con visos de corrupción. En otro tanto, a esto se ha sumado un discurso anti-minero utilizado en diferentes oportunidades, como las recordadas declaraciones de la entonces presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez en diciembre de 2021 en Ayacucho, cuando anunciaba el cierre de cuatro unidades mineras. Al final, todas estas actitudes desde el gobierno se terminan convirtiendo en señales que son interpretadas como “vía libre” para impulsar cualquier agenda de reclamos, en muchos casos sin ningún sustento.

Más allá de los aspectos traumáticos que como sociedad significa contar con un número de conflictos elevado y creciente, está el hecho de que estos terminan generando serios impactos sobre la competitividad del país y, en consecuencia, sobre el bienestar económico de la población. Uno de los estudios de mayor influencia publicado por el FMI en 2021, que utiliza técnicas de Machine Learning para una muestra amplia de países, registra impactos negativos de la mayor conflictividad sobre el PBI per cápita entre el 0,5 a 1 punto porcentual (pp). Particularmente, para el caso de la minería, el Banco Central de Reserva en su reciente Informe de Inflación de Mayo del 2022, estimaba que, a raíz de los bloqueos en el corredor minero, se dejaron de producir alrededor de 68 mil TMF de cobre lo que redujo en 1,9 pp en el PBI del sector minero y en 0,2 pp en el PBI total del país. Teniendo en cuenta la relación que existe entre crecimiento económico y disminución de la pobreza, se puede estimar que, a causa de la conflictividad en la minería en el 2021, más de 130mil peruanos no pudieron salir de la pobreza el año pasado. Un crimen, qué duda cabe.

Y habría que tomar en cuenta los efectos de segunda ronda que tiene una mayor conflictividad en el largo plazo; situación que desalienta las posibilidades de desarrollar más inversión privada, redundando en menos riqueza para la población, y acelerando aún más el clima de conflicto. En efecto, el Banco Central acaba de calcular que las regiones del país que experimentaron caídas en la inversión minera han incrementado el número de conflictos sociales, mientras que aquellas que propiciaron mayor inversión minera lo han reducido.

Así, en tanto contemos con un gobernante que ha hecho como pilar de su “gestión” el golpear a las expectativas de inversión privada, difícilmente podremos darle solución a la problemática del creciente ritmo de conflictos sociales en el país. Al respecto, debiera preocuparnos que en lo que va de este año no se haya puesto en marcha ninguno de los proyectos de inversión en minería que se tenía planificado para el 2022. El legado de Pedro Castillo de generar mayor conflictividad trae un enorme coste para los peruanos; sobre todo para el pueblo que dice querer ayudar y que hoy justamente por culpa de él se encuentra más indefenso que nunca.

Especial de la evolución del cólar en los últimos 11 años.
Especial de la evolución del cólar en los últimos 11 años. / El Comerci
David Tuesta, Presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC)

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