Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), advirtió que con esta norma podrían cerrar 3.000 escuelas adicionales a las 2.000 que dejaron de operar en el 2020. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), advirtió que con esta norma podrían cerrar 3.000 escuelas adicionales a las 2.000 que dejaron de operar en el 2020. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Franco Balza Tassara Cánepa

Redactor de la sección Economía y Día1

franco.balza@comercio.com.pe

El Pleno del aprobó el proyecto de ley denominado “Ley que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de las etapas de educación básica y superior, en situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecte la vida de la nación”.

Esta iniciativa, entre otras cosas, busca establecer medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia, como el control de precios de las matrículas y pensiones por parte del Estado.

En cuanto a los precios, el proyecto de ley aprobado indica que la pensión escolar no puede incluir el alquiler, la depreciación, la seguridad, los servicios públicos, entre otros.

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Asimismo, la iniciativa establece que los colegios deberán llegar a acuerdos con los padres de familia sobre la reducción de las pensiones y, mientras no llegue a un acuerdo, no pueden imponer pensiones de forma unilateral. De esta manera, no podrán cobrar la pensión hasta que no exista acuerdo con las familias.

En conversación con El Comercio, José Urbina, presidente la Asociación Nacional de Promotores de IEP (Anpiep), señaló que esta norma afectará al sector educativo, generando el cierre de más colegios y pérdidas de empleos, tanto de los profesores como del personal administrativo. “La falta de colegios perjudicará a los alumnos, ya que el Estado no tiene capacidad de atención”, agregó.

“Este proyecto está cargado de populismo sin medir las consecuencias desastrosas que tendrá en la educación y los problemas que le generará al próximo gobierno como mencione por la falta de capacidad de atención del sector estatal”, indicó Urbina.

En esa línea, Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), advirtió que con esta norma podrían cerrar 3.000 escuelas adicionales a las 2.000 que dejaron de operar en el 2020.

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