El jueves 17 de marzo fue aprobada por el pleno del Congreso la ley que penaliza a la persona jurídica por el delito de soborno a un funcionario público de un gobierno extranjero.
Los expertos afirman que esta ley ha sentado un precedente que con los años puede ampliar el catálogo de delitos empresariales. “Una vez que gatillas esto, has roto un sistema”, afirma Carlos Caro, socio fundador del estudio Caro & Asociados.
“De las 1,9 millones de empresas en el Perú, solo 0,6% son medianas y grandes. De este grupo, solo un porcentaje puede concretar riesgos de soborno internacional”, detalla Rafael Huamán, socio de EY. A pesar del ámbito limitado de aplicación de la ley, el Perú ha dado una señal a la comunidad internacional –y en especial, a la OCDE– de que apunta a luchar contra la corrupción empresarial.
MEDIDAS PREVENTIVAS
La norma contempla que en caso de que la empresa tenga un modelo de prevención debidamente implementado, esta puede exonerarse del delito. “[Este modelo] requiere la realización de un mapa de riesgos, ver en función del giro de negocio de la empresa cuáles son las áreas más propensas a la comisión de actos de corrupción y establecer controles para mitigar o evitar estos riesgos”, señala José Reaño, socio penalista de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.
“Una parte esencial del sistema de cumplimiento es el establecimiento de canales para detectar la corrupción dentro de la organización, como las líneas de denuncia”, afirma Huamán. El experto señala que estas líneas ponen a disposición de los trabajadores y proveedores canales de comunicación para la denuncia de delitos y actos incorrectos.
Añade que aproximadamente el 20% de las personas en un área donde ha ocurrido una irregularidad estaba al tanto del hecho.
En esta línea, Huamán señala que se debe procurar eliminar el temor a la denuncia dotando de mayor credibilidad y confianza al sistema. Para ello, es crucial procurar el anonimato y confidencialidad de la denuncia. Huamán afirma que, en promedio, las líneas de denuncia que maneja EY reciben entre 14 y 16 denuncias importantes al año por empresa, las cuales son investigadas y resueltas de manera oportuna [ver más detalles en la infografía].
Caro menciona el caso de corrupción de la empresa Siemens, la cual afrontó procesos en Bangladesh, Venezuela y Argentina. Los denunciantes fueron los propios colaboradores que se acogieron a la ley de colaboración eficaz y delataron que hacían pagos para conseguir contratos. Cuando se revisó el modelo preventivo que tenía la empresa, este consistía en un jefe con actividades compartidas para todas las operaciones transnacionales. “Este sistema de cumplimiento era una fachada, de maquillaje, lo que hoy en día se llama cumplo y miento”, sentencia Caro.