Más del 70% del empleo y cerca del 90% de las unidades productivas en el Perú operan fuera de los marcos formales laborales, tributarios o regulatorios. Ello implica una reducción drástica en la recaudación fiscal limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales; y millones de trabajadores sin protección social perpetuando su situación de vulnerabilidad.
En términos comparativos, los niveles de informalidad del Perú son superiores al promedio de América Latina y significativamente más altos que economías emergentes con ingresos per cápita similares.
Si bien el crecimiento económico es un requisito para la formalidad, no es una condición suficiente. Por eso, desde Videnza Instituto y como parte de nuestras Propuestas de Política 2026-2031, consideramos que la formalización no pasa por “obligar a cumplir”, sino por hacer que la formalidad sea la decisión racional y más favorable para los ciudadanos. Ello conlleva plantear medidas concretas en cuatro ejes: simplificación y reducción de costos de formalización; beneficios visibles y tangibles; inclusión financiera y transformación digital; y fiscalización inteligente e interoperabilidad institucional
Desde Videnza Instituto analizamos qué proponen los planes de gobierno de los partidos que, según los resultados puntuales de la última encuesta de Datum publicada en El Comercio el domingo 8 de febrero, se ubican en los cinco primeros lugares. Esto con el objetivo de conocer sus enfoques, fortalezas y debilidades.
Es importante destacar que, con más o menos énfasis, los cinco partidos analizados coinciden en la necesidad de simplificar trámites, reducir costos de entrada y ampliar beneficios tempranos para la formalización. Será importante generar una agenda conjunta que efectivamente logre este objetivo, dado que durante los últimos años hubo varios anuncios en este sentido, pero muy pocos avances concretos.
De otro lado, resaltan vacíos relevantes: pocos planes abordan la interoperabilidad entre entidades del Estado como condición para un ecosistema formal y, salvo Alianza para el Progreso, ningún otro propone una fiscalización inteligente que sustituya el enfoque punitivo vigente. Por el contrario, Ahora Nación plantea reforzar las capacidades de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y las inspecciones integradas, priorizando así un enfoque de “obligar a cumplir” en lugar de uno que convierta a la formalidad en la opción más beneficiosa para las empresas. Siendo la significativa y persistente informalidad uno de los principales problemas del Perú, necesitamos propuestas sólidas y que, quien ocupe Palacio de Gobierno desde julio de este año, tenga la suficiente voluntad política para llevarlas a cabo.