Presunto cártel de construcción: ¿Cuáles son las 35 empresas involucradas y a cuánto ascendería su sanción?

Tras 45 visitas de inspección a las empresas investigadas por formar parte del ‘club de la construcción’, que implicó la revisión de cerca de 12 millones de correos electrónicos, entrevistas e interrogatorios a diversos involucrados, la secretaría técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos.

El proceso, que ha sido investigado por más de dos años, se debe a la presunta conformación de un cártel mediante el cual se habrían repartido hasta 112 licitaciones convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y otras entidades del Estado, para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país. Según Indecopi, la suma de los valores referenciales de las obras investigadas fue superior a los S/13 mil millones.

Jesús Espinoza, secretario técnico de la comisión indicada, precisó a El Comercio que la supuesta infracción de las compañías listadas habría ocurrido entre noviembre del 2002 y diciembre del 2016. En estas reuniones, por consiguiente, las empresas habrían determinado no competir entre ellas para definir anticipadamente cuáles se adjudicarían los procesos de selección. Estas reuniones habrían ocurrido en hoteles, restaurantes, clubes o en las oficinas de las firmas.

Espinoza explicó que el inicio del procedimiento y el nombre de las empresas supuestamente implicadas se reveló para motivar al otorgamiento de información que pueda servir al Indecopi durante el proceso. Así, por ejemplo, funcionarios o exfuncionarios de entidades públicas como el MTC, o trabajadores y extrabajadores de empresas privadas pueden colaborar con el caso si manejan información relevante.

En cuanto al período de investigación, Espinoza remarcó que no necesariamente todas las compañías mencionadas están comprendidas a lo largo de los 14 años en los que se habrían dado las concertaciones. “Algunas pueden haberse constituido con fecha posterior o haber llegado desde el extranjero en años posteriores. [Pero] mientras más han estado involucradas [las empresas] en la supuesta conducta infractora, más responsabilidad tienen, y pesará cuánto más han ganado [por beneficiarse de una licitación concertada]”, agregó.

PROCEDIMIENTO

De acuerdo con Espinoza, las empresas y personas naturales involucradas en el caso tienen 30 días hábiles desde que son notificadas para dar sus descargos y defenderse, si lo consideran necesario.

“El caso ha sido recientemente notificado a las empresas. [...] Luego, se abre un período de siete meses para que estas puedan aportar pruebas”, mencionó.

Así las cosas, todo el procedimiento debe durar, como máximo, un año y ocho meses, con lo cual Indecopi tendría hasta el tercer trimestre del 2021 para cerrarlo.

Andrés Calderón, profesor de Derecho de la Competencia de la Universidad del Pacífico (UP), comentó que el proceso es largo por la significativa cantidad de empresas, mientras que pueden presentarse idas y vueltas en la investigación. “Normalmente, la secretaría técnica inicia un proceso después de tener buena parte de la investigación; es decir, tiene indicios serios de que estas empresas han coludido. Las firmas ya han tenido tiempo para evaluar si Indecopi tiene información fidedigna, así que esto no les ha caído de sorpresa”, añadió.

SANCIONES

La Comisión de Libre Competencia, ente distinto a la secretaría técnica que inició la investigación, será la encargada de confirmar qué empresas son responsables en el proceso y qué tan involucradas están, detalló Espinoza. En ese sentido, según la normativa del programa de clemencia, dicha comisión puede imponer multas superiores a las 1.000 unidades impositivas tributarias (UIT) –S/4,3 millones en la actualidad– y, como tope, las sanciones pueden equivaler al 12% de las ventas o ingresos brutos percibidos por la empresa o su grupo económico. Para personas naturales, el máximo es de 100 UIT (S/430.000).

“Luego de que empezamos la investigación de oficio, se han acogido tres empresas a la colaboración eficaz [programa de clemencia]. El beneficio de exoneración de la sanción solo se contempla para la primera empresa; a la segunda y tercera solamente les correspondería una reducción de la sanción”, mencionó. Cabe indicar que los beneficios se dan solo si las firmas colaboran de forma activa con información de utilidad.

Por la reserva del proceso, el Indecopi no pudo revelar a este Diario el nombre de las tres empresas o el orden en el que se aproximaron a la investigación. No obstante, a través de un hecho de importancia, Graña y Montero –involucrada en el caso mediante su subsidiaria GyM– informó que se acogió al programa de clemencia de Indecopi en diciembre del 2018. Cosapi, por su lado, puntualizó que debido a la reserva del proceso no puede efectuar descargos.

COMPETENCIA EN LOS MERCADOS

Jesús Espinoza, de Indecopi, precisó a El Comercio que en la actualidad la entidad maneja 16 investigaciones preliminares en diversos mercados por conductas anticompetitivas, y nueve casos en los que ya existe un proceso sancionador.

En la lista figuran sectores como combustibles, salud, obras públicas, alimentos, construcción e importación de bienes.

En el 2018, Indecopi impuso multas por S/520 millones a las empresas que participaron en conductas anticompetitivas.

INDECOPI VERSUS MINISTERIO PÚBLICO

Ambas entidades del Estado se encuentran investigando o sometiendo a un proceso a empresas involucradas en lo que se conoce como el ‘club de la construcción’. No obstante, las conductas y periodicidades que se analizan son distintas.

En el caso de Indecopi, como se ha mencionado, la investigación comprende 14 años en total que van desde el 2002 hasta el 2016. En este caso, la institución evalúa si las empresas y personas naturales involucradas se repartieron obras públicas que involucran a carreteras y dejaron de competir para adjudicarse licitaciones.

En cuanto al Ministerio Público, la investigación abarca un marco de cuatro años en total empezando desde el 2011 hasta el 2014. La tesis de la Fiscalía en este caso es que las empresas comprendidas en la indagación -un total de 25- habría actuado durante el gobierno de Ollanta Humala a través del pago de sobornos a funcionarios públicos para beneficiarse en licitaciones de obras.