Innovación en Perú: gasto y oportunidad para las empresas

Cuando la compañía Avivel, dedicada a la producción de huevos, decidió invertir para automatizar por completo su proceso sumando tecnología, la gerencia propuso que se buscara alguna forma de reducir su carga de gasto. Suponían que existía una alternativa. Buscaron en Internet y así llegaron a Concytec. “Pero fue por pura iniciativa de la empresa, si no hubiera surgido la necesidad no nos enterábamos”, dice Raúl Velit Madueño, gerente general de Avivel, la primera empresa que calificó el año pasado para obtener un beneficio tributario por sus gastos en  investigación y desarrollo.

Pero en realidad no existía un incentivo real  en esta medida hasta que la semana pasada el Congreso aprobó el proyecto de ley para que se pueda deducir en el pago de Impuesto a la Renta hasta el 175% y no solo el 100%.  

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La nueva norma reconoce el gasto realizado en diferentes etapas. Lo que se haga en cada año del proyecto innovador puede aplicar al beneficio tributario porque el alcance de la norma llega hasta el 2019. Aquí surge la pregunta de si es una buena decisión reducirle impuestos a algo en trámite y que no tiene una eficiencia probada. Sin embargo, la naturaleza de estos incentivos es justamente reconocer el proceso de innovar, la suma de actividades para llegar a un final que puede ser próspero para la compañía o también un fracaso.   

El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, ha dicho que es necesaria la intervención estatal para dar este incentivo porque las empresas prefieren imitar que asumir el riesgo de innovar. Esperan que otro haga el gasto. Este desbalance desalienta a quien de verdad quiere comenzar a innovar, porque no encuentra el terreno parejo. 

“El éxito está en probar y equivocarse, pero si encima nos cargan con impuestos por probar no avanzamos. Concytec juega un papel importante porque este no es un tema que pueda entender solo la Sunat”, dice César Zevallos, presidente del Comité de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima.

Ghezzi justifica este subsidio porque los retornos a la sociedad serán mayores si hay más empresas innovadoras. Mientras que otro enfoque del tema apunta a que no se debería intervenir porque la actividad empresarial es de por sí riesgosa y el riesgo es el que trae la rentabilidad: por cada empresario al que le va bien hay cientos que fracasan. ¿Por qué premiar a todos? Desde esa óptica generar subsidios para proyectos sin éxito, con dinero de los impuestos, podría ser una manera de distribuir las pérdidas empresariales en la sociedad.

Otra forma de ver el tema es que el Estado debería asumir primordialmente la tarea de solucionar las barreras y cuellos de botella que afectan a las empresas y las distraen de cualquier interés por innovar. 

GIRANDO EL SISTEMA
Juana Kuramoto, directora de Políticas y Programas del Concytec, confirma que una barrera por vencer es que a las empresas les cuesta contar lo que están investigando y desarrollando, por temor a que su sector se entere de sus estrategias o que un competidor los copie, se les adelante y les gane posición en el mercado. Aunque la evaluación de Concytec asegura una completa confidencialidad y se cuida de que la información solicitada no comprometa la reserva del proyecto, superar esa desconfianza, que en el país va más allá de la actividad empresarial, es un tema complejo. 

“Los proyectos tienen que tener sustento, generar un cambio; otras diez empresas postularon al beneficio al mismo tiempo que nosotros, pero no fueron aprobados por Concytec”, dice Raúl Velit, quien no tiene todavía muy claro cuánto podría ahorrar. 

Percy Augustín de Loayza, jefe de la unidad de iniciativa empresarial de la UPC, cree que por sí solo este beneficio tributario no sería tan útil, y que solo tiene un peso si se lo ve como un complemento a una serie de iniciativas enfocadas en financiar a empresas y que están reunidas en la plataforma Innóvate Perú. Augustín de Loayza sí reconoce que la norma puede ayudar a que el sector privado financie la formación de más Centros de Innovación Tecnológica (CITE). 

La ley establece que los proyectos pueden ser desarrollados solo al interior de una empresa o también con la participación de un centro de investigación o de un CITE. De esta forma se reducirían los gastos que puedan tener estos centros por ayudar a innovar y las empresas, en especial las de menor tamaño, no tendrían que contratar permanentemente a personal técnico calificado sino acudir a los especialistas que ya trabajen en estos centros. “Innovar no es sencillo, no es barato, y tienen que hacerlo especialistas”, dice Augustín de Loayza. 

Tal como está, la idea no es que el beneficio sea un aliciente aislado y enfocado solo en el gasto de las empresas, ya que entre sus requisitos también está que deben participar de los proyectos los profesionales inscritos en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), un registro promovido por el Concytec para identificar a especialistas en distintos rubros y sectores económicos.

Es decir, al hacer obligatorio este tema la norma pretende dinamizar otros espacios y solucionar un evidente problema: que las empresas que quieren innovar no saben a quién acudir. Con un directorio más grande de especialistas se tendrá a la mano información, por ejemplo, de quiénes saben sobre producción acuícola, biotecnología o pueden plantear estrategias para el uso eficiente de la energía en una planta industrial.  

EN OTRO RITMO
Aunque el ministro Ghezzi sugiere que este incentivo podría duplicar en dos años la inversión peruana en investigación y desarrollo, que hoy es de 0,12% con respecto al PBI y uno de los últimos de la región, Augustín de Loayza se muestra menos optimista. En promedio un país miembro del OCDE invierte 2,4% de su PBI y si se quiere que el Perú pertenezca a este selecto club de naciones del primer mundo, la innovación no puede quedar fuera de la ecuación. 

Juana Kuramoto agrega que no se tendrán impactos inmediatos porque este es un primer paso en un ecosistema de innovación peruano que también está en ciernes. “En unos cinco años podríamos ver un círculo virtuoso que gracias a esto retroalimente la innovación”, añade  Zevallos. 

En Chile o Colombia también ha costado que las empresas presenten sus solicitudes. Una mirada en detalle a la web de Corfo, la entidad encargada en Chile, muestra en principio una diferencia: allá todo el trámite es online y hay una promoción permanente del servicio para que las empresas lo conozcan y lo aprovechen. Es decir hay una simplificación, tanto para la obtención del beneficio como para entender el mensaje. “De nada sirve crear esta oportunidad si no se publicita”, afirma Velit.

En este punto, Augustín de Loayza dice que no se avanzará mucho si no existe además un acompañamiento del Produce para una mejor formulación de los proyectos y que evite que sean rechazados por Concytec. Esta asesoría se sigue aplicando en Chile aunque la ley está vigente desde el 2008.

Sin embargo, el camino para una mejor aplicación del incentivo puede ser menor para el Perú, si se toman en cuenta las experiencias de la región, sus aciertos y debilidades. Kuramoto dice que la norma tendría ajustes y correcciones si estas son necesarias. 

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