(Foto: El Comercio)
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María Rosa Villalobos

Este lunes, en sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad del Congreso, se aprobó un proyecto de ley que regula el derecho a la de los trabajadores del sector público, con lo cual estos podrían negociar incrementos salariales con sus empleadores.

Las negociaciones colectivas, comúnmente realizadas entre un sindicato o grupos de trabajadores y las empresas en las que laboran —que en este caso provienen del Estado—, están amparadas por la Constitución peruana y existen mecanismos en diversos países del mundo, explica Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas.

De hecho, Justiniano Apaza, presidente de la comisión y parlamentario del FA, precisó que se está cumpliendo con la sentencia del Tribunal Constitucional, quien exhortó al congreso legislar sobre esta materia.

Sin embargo, Segura advierte que es importante tener en cuenta los parámetros que se deben establecer para implementarlas y, justamente, este es un aspecto que no se precisa en el proyecto de ley aprobado.

"El gran problema [del proyecto] es que no fija un límite a la negociación. Te pueden pedir aumento por encima de la inflación, lo que sea, porque no hay parámetros", comenta.

EL IMPACTO

Asimismo, agrega que el impacto del PL va más allá del costo que pueda representar para el presupuesto del año fiscal 2018, que prohíbe cualquier incremento salarial. Explica que de ser aprobado, generaría una contingencia fiscal con carácter permanente para todos los presupuestos.

"La pregunta es cómo hacer para que la negociación colectiva se implemente en un país como el Perú que tiene una presión tributaria baja y normativa laboral rígida. La respuesta a cómo hacerlo es que si se legisla, conforme dijo el Tribunal Constitucional, tendrían que haber parámetros y límites", añade.

En ese sentido, remarcó que no puede analizarse la propuesta como un tema aislado, pues es necesario ponerlo en el marco de la legislación laboral del país y tener en cuenta las normas fiscales.

Anotó que el Congreso, y en particular este parlamento, está aprobando una serie de leyes con iniciativa de gasto, como el ordenamiento de las pensiones en las Fuerzas Armadas, lo cual es inconstitucional.

"[El Congreso] no tiene la facultad para hace normas con iniciativa de gasto. El Ejecutivo tiene que actuar, no solo observar. Se tiene que ir un paso más allá. La interpretación que han hecho del fallo es abrir la cancha sin parámetros. Es grave", punutalizó.

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