"Perú aún tiene pendiente un conjunto de reformas estructurales por ejecutar", indica Marthans. (Foto: GEC)
"Perú aún tiene pendiente un conjunto de reformas estructurales por ejecutar", indica Marthans. (Foto: GEC)
Juan José  Marthans

Economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

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Hasta antes de la presencia del COVID, a nivel internacional se tenía claro que las dos experiencias macroeconómicas más exitosas de la región estaban circunscritas a lo alcanzado por y . Bastaba con ir más allá de nuestras fronteras para ser testigo de cómo el mundo empresarial y académico destacaba el desempeño y logros de estos “milagros económicos”.

A pesar del mayor desarrollo relativo alcanzado hasta hoy por Chile, es claro que los últimos 20 años que antecedieron a la crisis COVID-19 los vientos soplaron a favor de Perú. Sin disponer de la infraestructura e institucionalidad chilenos, los indicadores peruanos mostraron que las diferencias se acortaban en materia macroeconómica.

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Entre el 2001 y 2019, por ejemplo, el promedio anual de Perú llegó a casi 5% y su inflación 2,6% mientras que Chile mostraba cifras de 3,7 y 3,1 %, respectivamente. Es decir, en las dos últimas décadas Perú creció más y con menor inflación que el paradigma chileno. A pesar de lo trunco de las reformas estructurales peruanas; una orientación de política económica basada en libertad de precios, apertura económica y rol subsidiario del Estado, le fueron suficientes para empezar a acortar distancias.

De otro lado, las reservas internacionales peruanas, durante las dos décadas previas al COVID-19, alcanzaron a representar en promedio el 26% del PBI, es decir, más de diez puntos porcentuales lo experimentado por Chile. En materia de deuda pública, también como porcentaje del PBI, aunque para el promedio del periodo la peruana resultó mayor, durante los últimos años esto ha ido revirtiéndose progresivamente.

Resultados del desempeño macroeconómico. (Infografía: Raúl Rodríguez)
Resultados del desempeño macroeconómico. (Infografía: Raúl Rodríguez)

¿Qué pasará el 2020-21? Es claro que el 2020 Chile en materia de la inexorable recesión, se ha administrado mejor. Para este año el FMI estima una recesión cercana al 7% mientras que, para Perú, según los últimos estimados de su banco central, estaría en alrededor del 12%. No obstante, poco se conoce que Perú, a diferencia de Chile, dispondrá de dos elementos a favor: incrementará sus reservas internacionales en plena crisis COVID-19 y no mostrará niveles de endeudamiento público y privados extremos. Para el 2021, de otro lado, es ampliamente reconocido que el crecimiento líder de la región lo ostentará nuevamente Perú con una cifra estimada en una media cercana al 9%, es decir alrededor de 4 puntos porcentuales por encima de Chile.

Pero, ¿qué debemos esperar más allá del 2021? Más allá de la orientación de política económica, todo dependerá de cómo administren ambas economías sus desbalances en lo político y social, de cómo emprendan la labor pendiente de sus reformas estructurales y, particularmente, de cómo administren su endeudamiento.

Perú aún tiene pendiente un conjunto de reformas estructurales por ejecutar. Es clara que su escasa institucionalidad le impide aún asignar eficientemente justicia, educación, salud, seguridad, al nivel de una economía que realmente se pretenda denominar “social de mercado”. También es claro que las imperfecciones de su carta magna han dado origen a un reiterado ruido político que podría socavar aún más la naturaleza propia de su gobernanza. Difícil será sostener un éxito macroeconómico, en el largo plazo, sin institucionalidad, calidad de Estado y adecuada infraestructura.

Chile, de otro lado, ha aprendido que una cosa es ejecutar reformas estructurales y otra es hacerlo con propiedad y eficiencia. No bastaba con desarrollar un sistema previsional amparado en el esquema de cuentas individuales, no bastaba mejorar sus estándares de educación y salud, no bastaba con establecer mecanismos regulatorios cuando estos son distantes a la necesidad de continuar reduciendo diferencias sociales. Quedó demostrado, finalmente, que era poco sostenible desarrollarse a la sombra de una constitución cercana a un proceso dictatorial.

Finalmente, pocos observan que, después que se alcance una progresiva salida del COVID-19, se avecinaría una nueva crisis internacional asociada al sobre endeudamiento en que se encuentra el mundo en materia del sector público y del sector corporativo. No perdamos esto de vista. Las bajas tasas de interés, los inevitables déficits fiscales, las limitaciones regulatorias y la inadecuada administración del riesgo moral a nivel corporativo, han llevado al globo a una abultada deuda, insostenible en el marco de un futuro ajuste al alza de las tasas de interés internacionales.

Aunque en materia de deuda pública tanto Chile como Perú han mostrado los niveles más bajos de la región como porcentaje del PBI y su trayectoria, aunque no exenta de riesgos, reflejaría mayores grados de libertad que sus pares latinoamericanos; en materia de deuda corporativa la cosa sería distinta sobre todo para la economía sureña. Mientras que Perú ha sabido mantener un nivel relativamente manejable de su deuda corporativa pues la misma bordearía el 43% del PBI, esta cifra contrasta significativamente con el 134% observado en el caso chileno. Es claro que cuando se sincere el frente financiero internacional y presenciemos alzas en la tasa de intereses globales y volatilidades cambiarias en las economías emergentes, el frente empresarial chileno tendrá un reto particularmente serio.

Lo cierto es que, al final, más allá del COVID-19 y los retos de la deuda; la estabilidad social y política que logren mantener ambos países será clave a futuro. Abrir la puerta a opciones políticas extremistas y alejadas del mercado sería funesto para cualquiera de ellas. Un desliz de Chile o Perú podría poner en riesgo todo lo avanzado en sus frentes macroeconómicos. Al parecer, el consenso socio-político que se logre en ambas experiencias, así como la revalorización de las buenas prácticas en torno al concepto “valor compartido” y una buena ejecutoria de las reformas pendientes tendrán la última palabra.

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