(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

En noviembre del 2016, mediante el Decreto Legislativo 1251, se establecieron nuevas funciones de en las fases de planeamiento y programación, estructuración, formulación y ejecución contractual de los proyectos de asociaciones público-privadas (APP). El 28 de marzo del 2017 se promulgó el reglamento.

Esta reforma tenía tres ejes básicos: cambio en la gobernanza, reestructuración de la toma de decisiones y la creación de planes de infraestructura. ¿Cuánto se ha avanzado desde entonces?En relación a la gobernanza de la institución, se estableció un consejo directivo compuesto por tres ministros y tres directores independientes, en un intento por alejar la influencia política de un directorio que estaba compuesto por cinco ministros. Este objetivo ha quedado en solo una declaración de intenciones, pues el consejo directivo aún no tiene designados a los representantes privados.

Por otro lado, la reestructuración de la entidad se basó en establecer más responsabilidades al director ejecutivo y se redujeron las mismas a los comités. La idea era contratar a directores de proyectos de primer nivel, lo que hasta la fecha aún no ha sucedido. Es más, a la fecha el director ejecutivo aún no ha sido nombrado desde la renuncia del director anterior en setiembre del 2017.

Por el lado de la planificación, el actual marco legal contempla que las distintas entidades elaboren un informe multianual de inversiones en APP como requisito para el desarrollo de proyectos de interés público mediante esta modalidad. Sin embargo, a la fecha, solo cinco ministerios, dos gobiernos regionales (San Martín y Huánuco), dos municipalidades provinciales (Lima y Huancayo) y una municipalidad distrital (San Isidro) han presentado sus informes del 2017, según la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se dijo que los planes alimentarían el Plan Nacional de Infraestructura, pero parece que esto quedará trunco.

La promoción de las APP es un proceso que debe estar atado a la planificación y definición de un plan de infraestructura para evitar comportamientos oportunistas de políticos y empresarios. Así, con proyectos priorizados y financiados en un plan, todos, empresarios y ciudadanos, tendríamos claro el camino. Por el lado de la gobernanza y funcionamiento de Pro Inversión, se requiere decisión política y respaldo a los funcionarios públicos que asuman el reto de realizar las nuevas APP. La reestructuración lleva ya un año y no se aprecian avances significativos.

Por eso, le pedimos al MEF como ente rector del sistema de promoción de la inversión privada que corrija los elementos mencionados. Sin la inversión privada habrá menor crecimiento y empleo. El Banco Central proyecta que la inversión privada crecerá 6,5% en el 2017; pero con escenarios políticos como los vigentes, se necesita tomar decisiones ejecutivas que impulsen la inversión en infraestructura. No solo hay que preocuparse, sino también ocuparse de estos importantes temas.

Lee más noticias de Economía...