Pamela Sandoval Del Águila
Pamela Sandoval Del Águila

William Valle está preocupado porque su sueldo de operario industrial se le acaba cada vez más rápido. Esto sucede porque este joven de 23 años gasta dinero en comprar guantes, botas y otros artículos que utiliza cuando apaga incendios con sus compañeros de la compañía Olaya 13 de Chorrillos.

Según el comandante César García, de la Dirección de Prevención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la falta de equipos de protección personal (EPP) para los 12 mil voluntarios de la institución en el país obliga a que cada uno invierta en promedio S/700 en insumos para su propia seguridad.

“Por su alto costo y la frecuencia con que son usados, es muy difícil para la institución renovar los equipos. Como el protocolo exige ir protegidos a las emergencias, no queda otra que poner de nuestros bolsillos para guantes, capotín y botas”, explicó.

Esta situación fue advertida en el 2011 a El Comercio por Antonio Zavala, entonces comandante general del CGBVP. Cinco años después, el abastecimiento se mantiene crítico: hay un EPP por cada cinco bomberos en Lima y uno por cada tres en las estaciones del resto del país.

Además, a la fecha solo 67 de un total de 226 compañías cuentan con el mínimo ideal de vehículos para atender emergencias.

Otro pasivo importante para la institución es la antigüedad de las máquinas de agua, ambulancias y unidades de rescate. Aunque en diciembre pasado el gobierno de Ollanta Humala compró 48 unidades nuevas –entre apoyo aéreo y ambulancias–, el promedio de antigüedad de la flota operativa es de 40 años.

“La mayoría de autobombas rinden 8 km por galón y otras llegan apenas a 30 km por hora”, reveló Zavala.

En Olaya 13, por ejemplo, donde 88 voluntarios comparten 45 EPP, se atienden 180 emergencias al mes –la mitad de lo que registran estaciones como Miraflores 28– porque la única ambulancia está averiada. Y una de sus dos autobombas, una Grumman de 1985, no sube cerros porque se le baja la batería.

- Sin espacio propio -

En las compañías San Pedro de Lurín 129, CAP CBP Andrés Román Gutiérrez 169 de Ate, y San Juan de Lurigancho 121 la escasez de recursos no es lo único que dificulta la labor. En cada una de ellas no se puede invertir en infraestructura porque se trata de locales prestados desde hace 15, 16 y 19 años.

En el caso de Lurín, el teniente Pedro del Castillo informó que la comuna los reubicaría debido a trabajos en el estadio municipal. Fuentes de dicho municipio confirmaron a El Comercio que el proyecto existe pero que no tiene fecha: “El alcalde es bombero, ¿cómo va a desamparar a sus colegas? Cuando el proyecto esté listo se verá otra ubicación para ellos. No se quedarán sin local”.

En Ate, los 15 bomberos que a diario sirven al distrito se han mudado siete veces desde el año 2000, cuando se fundó la compañía, la segunda de la jurisdicción. Desde el 2013 ocupan un ambiente del Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), destinado a grupos electrógenos.

“La Municipalidad de Ate y la de Lima coordinan desde el 2004 para darnos el título de un terreno de 807 m2 en el cruce de Prolongación Javier Prado con Av. Virreyes. No entiendo cómo un trámite puede durar 12 años”, dijo el capitán Álex Herhuay.

Herhuay agregó que voceros de ambas comunas les ofrecieron colocar el cerco y la losa del piso para el 30 de diciembre, cuando cumplan un año más de servicio. En la web de la comuna de Ate, una publicación del 16 de octubre del 2015 da cuenta de los trámites para el nuevo terreno y el ofrecimiento de 4.000 ladrillos que hizo el alcalde Óscar Benavides “para iniciar el cercado”.

El teniente brigadier Armando Inga, de San Juan de Lurigancho, comparte la inquietud de Del Castillo y Herhuay. “Cuando nos cedieron este ambiente –de 1.100 m2– estaba abandonado. Nosotros levantamos el cuartel. Ahora no podemos abandonarlo”, explicó. 

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