"En la Corte Superior de Lima no tenemos presupuesto si se malogra un baño o un ascensor"

Desasosiego. El presidente de la Corte Superior de Lima, el juez superior Miguel Rivera Gamboa, elige esta palabra para resumir la sensación que le generó ver el documental de El Comercio "Justicia de papel". Sin embargo, aclara que ello no se debe a que las imágenes mostradas no correspondieran a la realidad. Todo lo contrario. Se trata, dice, de algo que el Poder Judicial intenta cambiar desde hace varios años, pero que, pese a los esfuerzos, la situación continúa.

"Algo se ha mejorado pero aún el problema es tan grande que subsiste en las condiciones que ustedes han reflejado", dice desde su despacho en el piso once de la sede de la Corte Superior de Lima. ¿A qué se debe que no cambian las condiciones de trabajo en la corte? El juez superior, que lidera esta sede desde enero del 2019, da respuesta a esta y más interrogantes en la siguiente entrevista.

-Mucha gente que vio el documental dice que le generó mucha indignación ver las condiciones en cómo se trabaja en la Corte Superior de Lima. ¿Comparte esta idea?
Comparto, no diré la indignación, porque probablemente es una realidad quizás a la que indebidamente magistrados y trabajadores judiciales nos hemos acostumbrado, por ser la realidad a la que estamos inmersos día a día. Pero sí comparto, y me place mucho el hecho que haya tenido ese efecto, digamos, catalizador de emociones ante las imágenes que probablemente se desconocían y la realidad que se desconocía. En gran medida el problema del Poder Judicial es un problema del Estado. Esta es la manera de relacionamiento que ha adoptado el Estado para prestar el servicio de justicia absolutamente en condiciones inapropiadas. Y esas condiciones, no todas, están dentro del control y de las posibilidades de cambio del Poder Judicial.

-Para el documental, se eligió la Corte Superior de Lima como un caso ejemplo. Es la principal corte del país y la que tiene el mayor presupuesto asignado. ¿Por qué se trabaja aquí bajo esas condiciones precarias?
En la corte de Lima siempre nos regodeamos diciendo que somos la corte más importante del país y no por un mal entendido centralismo limeño (soy de provincia y conozco la percepción que se tiene). Decimos que somos la corte más importante porque aquí es donde se gestionan y procesan el mayor número de casos judiciales. Es decir, tenemos la mayor parte de la carga procesal. Además, es en Lima donde se gestionan y se procesan los conflictos que tienen el mayor impacto mediático por la naturaleza de los temas que se procesan. Sea porque provengan del ámbito político. Sea porque provengan del ámbito penal. De modo que, siendo la corte, por lo dicho, más importante del país tiene la mayor participación del presupuesto del Poder Judicial. Nuestro presupuesto para este año son alrededor de S/ 340 millones. Claro. Si uno ve las cifras dirá: "Con tanto dinero cómo puede ser que la corte esté en las condiciones que está". Sin embargo, hay que entrar al análisis del detalle. El diablo está en los detalles...

Mira aquí el documental "Justicia de papel".

-¿Cuál es ese detalle?
Sucede que de esos S/ 340 millones el 90% está destinado para planillas. Es decir, para las remuneraciones, para los beneficios sociales. Lo restante está destinado para el gasto corriente de la corte. Es decir, pagar servicios como la luz o el agua. Pagar el teléfonos. Pagar el servicio de internet. Pagar alquileres. Pagar el servicio de limpieza. No tiene la corte de Lima destinado, es decir, previsto en su presupuesto, ni un sol, y ratifico, ni un sol, para el mantenimiento de nuestra sede.

-¿Quiere decir que si se malogra, por ejemplo, un baño no tienen presupuesto para arreglarlo?
Si se malogra un baño, si se malogra un ascensor, si se malogra un vehículo que sirve para transportar al personal, a los detenidos o a los magistrados, no tenemos presupuesto para eso. Sin embargo, tenemos que solucionarlo. Veía en el documental que ustedes han hecho que un trabajador nuestro decía que hasta a veces cortan el agua en la sede. De acuerdo. Eso es verdad. Pero quiero aclarar que no se corta por falta de pago. Se corta porque, por ejemplo, se malogro la bomba o porque hay que hacer limpieza o lo que fuera y no tenemos presupuesto para ello. Pero hay que hacerlo. ¿Y con qué se hace? ¿Cómo se hace? Ahí viene un poco de, digamos, la habilidad de la parte administrativa que tiene que maximizar el presupuesto para hacer un gasto eficiente para poder atender las necesidades que originalmente no tienen una partida presupuestal.

-Aprovechando que menciona el documental, ahí aparece un joven rodeado de expedientes en un pasadizo y dice que si hubiera una emergencia no sabría por donde salir....
Así es. Fíjese. Ustedes han recorrido los pisos de esta sede, que son 20 pisos, y seguro se han dado cuenta que algunos están en mejores condiciones que otros. Los pisos que han mostrado son donde se tramitan los procesos tradicionales. Esos generan un gran volumen de expedientes archivados. Si ustedes recorrieran el archivo central, en el sótano de este mismo edificio, podrán apreciar el submundo que ahí tenemos.

-Sí lo recorrimos...
En ese sótano tenemos 2 millones 500 mil expedientes que están archivados de los cuales no puedo deshacerme. No puedo deshacerme porque, de acuerdo a ley, forman parte del patrimonio de la Nación. Y están bajo disposición del archivo general de la Nación, que, legalmente, debería de recibirlos y gestionarlos y conservarlos.

-¿Y por qué no lo hace?
​Por una obviedad: no tienen espacio. Así que nosotros los tenemos que mantener. ¿Por qué tengo la congestión de expedientes en los pisos donde están las salas y los juzgados? Primero, porque hay evidentemente una carga procesal. Segundo: habiendo expedientes que, ya siendo archivados y finiquitados, no tengo donde guardarlos porque mi archivo del sótano ya colapsó. Entonces, no hay forma donde pueda ubicar esos expedientes.

-Frente a eso, ¿qué opciones tienen?
Quiero enfatizar lo siguiente: ustedes han mostrado la realidad, y me parece bien, no niego esa realidad. Tendría que ser temerario. No lo hago. Lo que sí quiero enfatizar que a partir de esa realidad, de la cual somos conocedores en la corte y el Poder Judicial, con las limitaciones y carencias y restricciones que tenemos, procuramos hacer cosas.

-¿Qué cosas?
Hay dos cosas puntuales que se están trabajando. Por un lado, el gran proyecto institucional del Expediente Judicial Electrónico (EJE) que se viene implementando desde el 2017 a través de un esfuerzo y un producto exclusivo del Poder Judicial. En segundo lugar, la corte ha conseguido en sesión en uso, por Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, un inmueble en el distrito de Ventanilla que tiene algo de tres mil metros cuadrados donde en estos momentos se están haciendo los acondicionamientos necesarios para instalar ahí un gran archivo central para nosotros y así descongestionar aquello que ustedes han mostrado.

- ¿Cuándo empezará la mudanza?
Estamos calculando que pudiera ser aproximadamente en unos 40 o 45 días. Estamos sujetos a la contratación de un servicio para hacer el transporte de esos millones de expedientes. Claro, y no tengo presupuesto para contratar ese servicio. Así que tengo que pedir presupuesto o buscar cómo puedo financiar ese servicio. Es un tema de gestión. 

La señora Pilar Villarán (madre de una víctima del Caso Utopía) dijo la otra vez: ¿por qué el Estado designa gran cantidad de presupuesto para organizar, por ejemplo, los juegos panamericanos y no hace lo mismo para mejorar el sistema de justicia?¿Usted cree que al Estado no le interesa cambiar las cosas?
Tengo que ser políticamente correcto. La pregunta es: ¿en verdad interesa el sistema de justicia al Estado? Si le interesa, ¿cómo se traduce ese interés? A la vista de la realidad, la respuesta sería muy sencilla: parece que a nadie le interesa más allá de las declaraciones líricas y de las declaraciones de voluntad y de proyectos que muchas veces son inconducentes. 

DATO
El miércoles 24, la Corte Superior de Lima lanzó el "Botón de Pánico". Un aplicativo para celulares que tiene como propósito brindar seguridad inmediata a las mujeres que son víctimas de violencia que tienen orden de protección. A través de esta herramienta, policías o serenazgos podrán ubicar y atender a la mujer cuando reporte desde su celular que está en una situación de riesgo.