"Gestión de la seguridad", por Gino Costa

La gestión de la política pública de seguridad ciudadana entraña una particular dificultad, por cuanto sus componentes son diversos –prevención situacional y social, investigación criminal y justicia penal, rehabilitación y reinserción social– y las instituciones involucradas, múltiples: PNP, municipios, fiscalía, Poder Judicial y el INPE.

Asegurar el adecuado funcionamiento de cada componente y su vinculación con los demás no es un desafío menor. Hacerlo es responsabilidad del Gobierno Nacional al más alto nivel, con el concurso de las máximas autoridades de las instituciones concernidas.

El próximo gobierno deberá construir sobre lo avanzado estos años, aunque con mayor sentido de urgencia en la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), el espacio natural de articulación; en el fortalecimiento de la capacidad de su secretaría técnica; en la elaboración del segundo plan quinquenal 2016-2021; en la producción, con el apoyo del INEI, de información delictiva cada vez más precisa; y, en el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento nacional para el ámbito local.

Pero, para mejorar significativamente la gestión de la seguridad también se requieren medidas más innovadoras. Así, es preciso que la conducción del Sinacec regrese de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Interior, por cuanto la primera tiene múltiples tareas que atender y normalmente no cuenta con el nivel de especialización que la tarea demanda.

Segundo, también es necesario reestructurar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que hoy funciona con una agenda abierta, para que cuente con grupos de trabajo especializados. Ello permitirá precisar los objetivos, metas e indicadores de evaluación en cada caso, definir las reformas necesarias y hacer los ajustes de coordinación.

Tercero, es recomendable que los otros mecanismos de coordinación interinstitucional de la política de seguridad, como, por ejemplo, la lucha contra la violencia de género o la minería ilegal o el lavado de activos puedan rendir cuentas de su trabajo al Conasec. Ello contribuiría a que se avance en la integración de los actuales  esfuerzos dispersos en el ámbito de la seguridad ciudadana y a tener, desde el gobierno y las instituciones de seguridad y justicia, una idea de conjunto del fenómeno criminal.

Cuarto, es imprescindible descentralizar la organización de estas instituciones, adecuándolas a la organización política del país, que no es otra que la del Sinasec. Esto permitirá facilitar la coordinación interinstitucional, especialmente entre la policía y los municipios, y acercar los servicios policiales, fiscales y judiciales a los ciudadanos.

La calidad de la política de seguridad está en relación directa con la manera como está organizada. Mientras mejores sean su diseño, conducción, implementación y evaluación, mejores serán sus resultados.