José Ugaz: investigación sobre Sodalicio "no ha terminado"
Pamela Sandoval Del Águila

manifiesta que las acusaciones contra sacerdotes o laicos consagrados a grupos católicos siempre han avanzado con lentitud y dificultad. Ocurrió en México con Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, cuyas denuncias por pedofilia y drogadicción se procesaron –infructuosamente– en el 2010, aunque las quejas se remontaban a los años 40. Y se repitió en Chile con Fernando Karadima, sacerdote suspendido el 2011, pese a que fue acusado de efebofilia y abuso de su potestad eclesiástica siete años antes.

Así, el abogado que defiende los intereses de cinco ex integrantes del de Vida Cristiana (SVC) asegura que no le sorprendió que las acusaciones contra dicha organización y su fundador, Luis Figari, fueran archivadas. 

Lo que Ugaz no tenía previsto, según dijo a este Diario, “era que, en sus argumentos, la fiscal del caso ignorara testimonios y evidencias psicológicas que ratificaban los cargos por violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita”.

“Una de las víctimas de abuso sexual que llevamos –Santiago, en el libro de Pedro Salinas– contó con pelos y señales cómo fue abusado. Que la fiscal diga que eso ya prescribió es una cosa, pero que diga que no existe resulta muy cuestionable”, observó.

—¿Cuántos testigos en total llevaron a la fiscalía?
Once. Además de los cinco denunciantes de lesiones graves, secuestro y asociación [Pedro Salinas, Jose Escardó, Óscar Osterling, Martín y Vicente López de Romaña], llevamos seis más, dos de ellos como testigos de violación sexual. Pero si revisas su resolución, la fiscal María Peralta no los menciona ni como prescritos. El actual superior del SVC [Alessandro] Moroni y otros dos declarantes también admitieron en su despacho que hubo violaciones, pero la fiscal solo calla.

—¿Qué otras evidencias fueron desestimadas?
Los peritajes de los psicoanalistas Jorge Bruce y Dante Warthon, quienes hallaron lesiones en todos los denunciantes, y el informe de la Comisión de Ética del propio SVC, que declaró persona non grata a Figari e identificó a las víctimas de lo que ellos llamaron “exigencias y castigos físicos extremos”. 

—¿A qué atribuye la decisión fiscal?
Quiero pensar que la fiscal actuó por sus propias convicciones religiosas. En el extranjero esto es lo que ha ocurrido: las autoridades son reticentes a investigar por una posición conservadora y por no querer chocar con la Iglesia. Porque en el ámbito legal, con la figura del secuestro, por ejemplo, no sé de dónde saca ella que este tiene que ser físico. Para la fiscal, si Osterling pudo escapar por la puerta y Escardó por la ventana prueban que no estaban atados. Ciertamente no los tenían bajo llave, pero fueron sometidos a una privación del libre albedrío luego de un proceso de años de alienación, que para la fiscal fue uno de catequesis y apostolado. 

—Otro aspecto que cuestionan las víctimas en la resolución es que afirmara que no había prueba de abusos porque los denunciantes lograron “vidas exitosas”. 
Esa es otra omisión al Código Penal, que dice que las lesiones no solo son físicas, sino también mentales. O sea, para la fiscal hacer dormir a una persona semidesnuda un mes en una escalera o darle de beber sopa en un zapato o hacerlos nadar a las 4 a.m., solo fueron refuerzos conductuales por desobediencia propios del SVC y que no fueron acreditados porque no hay lesiones físicas. 

—¿Refuerzos conductuales por desobediencia?
Es un eufemismo que utilizó Moroni para referirse a los abusos físicos. Con estos eufemismos, que intentan normalizar el castigo como parte de la catequesis, obviamente la fiscalía nunca va a concluir que aquí hubo una organización perversa que captó adolescentes para tenerlos como esclavos y abusar de ellos. 

—¿Qué estrategia legal se podría seguir en este caso?
Presentar un recurso de queja, que es como una apelación. Esta investigación no ha terminado. Tenemos elementos formales para insistir con el proceso, pues, además de lo que hemos conversado, el plazo de la investigación fue acortado intencionalmente por la fiscal. Este caso fue declarado complejo y aún quedaban cuatro meses para seguir investigando. Por eso tendrá que subir con un recurso de queja a un fiscal superior. Estoy seguro de que cuando eso ocurra ese fiscal sentirá un rechazo hacia la decisión débil y sesgada de la primera instancia, que violó derechos fundamentales de las víctimas.