Cincuenta días de cárcel por cada joven muerto. Para los deudos de las 29 víctimas del incendio en la discoteca Utopía, ocurrido en julio de 2002, en esto se resume la sentencia de 4 años de prisión efectiva contra Edgar Paz Ravines, director del local que no contaba con un solo extintor. La consideran benigna, pero aun así, llevan cinco años esperando que se ejecute porque Paz Ravines no pisa suelo peruano hace más de una década.
El 12 de noviembre del año pasado, policías de Interpol lo detuvieron en México al tener vigente una orden de captura internacional por el delito de homicidio culposo. Días después, el Ministerio Público informó que Paz Ravines permanecería en dicho país mientras dure el proceso de extradición, el cual se estimaba concluir en seis meses.
En los 13 meses que lleva Paz Ravines detenido en México, su defensa ha interpuesto un juicio de amparo para frenar el proceso de extradición en su contra. Se trata de una acción paralela que, según la legislación mexicana, busca garantizar el derecho a la libertad de quien es solicitado por otro país.
De acuerdo con la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE) del Ministerio Público peruano, el problema es que el juez que debe emitir la opinión jurídica sobre el procedimiento de extradición, juez del Distrito Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, ha determinado que no se pronunciará hasta que dicho amparo sea resuelto.
Mientras esto no ocurra, el proceso de extradición está estancado.
“Lamentablemente, nos han explicado que el proceso de amparo es largo, va a una segunda instancia e incluso hasta la Corte Suprema. Nosotros solo podemos hacerle seguimiento permanente porque se trata de un tema interno de cada país”, explica la fiscal superior Celia Goicochea Ruiz, jefa de la UCJIE, a El Comercio.
Según la Ley de Amparo de dicho país, el plazo máximo para presentarlo es 30 días después de la detención. De haber sido así, Paz Ravines contaría desde diciembre del 2018 con este mecanismo para evitar cumplir su condena en Perú. No obstante, la fiscal Goicochea dijo desconocer la fecha exacta en que se interpuso la acción. “La Procuraduría [de México] solo nos ha informado que el juez del caso de la extradición ha decidido reservarse. Nosotros no tenemos acceso a los promenores del proceso de amparo”, agregó.
Cuando esto concluya, faltaría un segundo pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay una fecha estimada para saber si eso ocurrirá. La fiscalía asegura que sigue detenido.
Desde que ocurrió el incendio en Utopía, 14 padres y madres han fallecido sin ver a todos los responsables cumplir sus sanciones. Roberto Valverde, uno de los deudos, toma como una burla que pese al tiempo transcurrido Paz Ravines y Alan Azizollahoff, el segundo dueño de la discoteca, sigan buscando mecanismos para eludir la justicia.
“Llevamos 17 años de lucha. Yo ya no quiero seguir porque estoy enfermo, tengo 83 años […] Perdí a mi hija y nada me la va a devolver. Solo quiero que cumplan su condena”, dice a este Diario.
Para él y los padres que sobreviven a la pena de perder sus hijos, la sentencia de cuatro años es insuficiente. Aún así, Valverde insiste en que debe cumplirse porque se trata de proceso que pasó por varias instancias antes de ser dado por concluido.
“Fueron sentencias benignas porque el Código Penal Peruano sanciona con 20 años este delito —la fiscalía había solicitado esa pena—. Aquí les han dado 50 días por muerto, pero ni así. Si hubieran cumplido ya estarían libres”, sostiene. Milagros Valverde Ocaña era su hija y tenía 25 años cuando murió asfixiada en el incendio.
El 20 de julio de 2002, un incendio en la discoteca Utopía, que no contaba con medidas básicas contra incendios y funcionaba sin licencia municipal, provocó la muerte de 29 jóvenes y dejó a 57 personas heridas.
Dos años después, la justicia condenó al barman Roberto Ferreyros (que inició el incendio al realizar un espectáculo con fuego en las instalaciones) y al administrador Percy North a cuatro años de prisión. Luego de 15 meses, Ferreyros salió de la cárcel tras acogerse a beneficios penitenciarios. Con North, el proceso duró un poco más. Luego de anulaciones, apelaciones y una reducción de pena, finalmente fue condenado a 10 años es prisión. En julio de 2015, también accedió a beneficios y dejó el penal Castro Castro tras siete años encarcelado.
Quienes nunca pisaron un penal son los dos accionistas y dueños de la discoteca Utopía, Alan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines.
Ambos salieron del país en el año 2004 y lograron, tres años más tarde, que el Poder Judicial admitiera un hábeas corpus presentado por su entonces abogado, Alberto Quimper, para librarse del proceso penal. La insistencia de los deudos para que el caso no quede impune consiguió que, en 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia reabriera el caso y los incluyera en el proceso. Al año siguiente fueron condenados a cuatro años de cárcel por el delito de homicidio culposo en la modalidad de omisión impropia.
Para facilitar su captura, tanto Paz Ravines como Azizollahoff fueron incluidos en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, con una recompensa de S/20 mil por cada uno.
A la fecha sigue vigente la recompensa por Azizollahoff, la cual se elevó a S/30 mil.
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