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El local de la señora Vilma Quispe Cutipa está en el segundo piso de la galería Central Puno, a dos cuadras del punto exacto en donde el emporio comercial Mesa Redonda comenzó a arder hace casi 15 años. Los 4 m2 de su espacio de venta están abarrotados de relojes de todo tipo y tamaño, tanto así que las cosas llegan a ocupar el estrecho corredor del centro comercial.
Todo está tan ocupado que la única entrada y salida al lugar se ve interrumpida; tiene menos de 90 centímetros de ancho, el mínimo exigido por la norma. La llave eléctrica es obstaculizada por un vidrio y por más relojes, los fluorescentes no tienen cintillos de seguridad, el extintor está en el suelo.
Mientras revisa el lugar, Richard Góngora, inspector de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, afirma que, en esas condiciones, este local “no debería tener un certificado de seguridad”. Sin embargo, lo tiene. La certificación la obtuvo hace menos de dos meses y su vigencia es indeterminada. Es decir, la señora Quispe Cutipa ya no tiene la obligación de pedir que se reinspeccione el local para renovar su licencia. Antes estaba obligada a hacerlo cada dos años; desde setiembre del 2014 estos documentos se entregan sin fecha de caducidad.
El Comercio visitó entre el jueves y el viernes las galerías Mesa Redonda, Central Puno, Mina de Oro II, Plaza Central y la Zona. En casi todas se observaron corredores obstruidos y tiendas que no tenían inspección de Defensa Civil. Según la municipalidad, en la zona más comercial del Centro de Lima hay unos 14.000 establecimientos sin este requisito. También se encontraron tiendas que poseían un certificado de vigencia indeterminada, pero con instalaciones peligrosas.
–Lío legal, central y redondo–
¿Por qué las licencias de conducir, de uso de lunas polarizadas y de autorización para portar armas deben ser renovadas y por qué no el documento que certifica que un local es seguro para la gente?
En setiembre del 2014, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó, con el decreto supremo 058, que los certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones (ITSE) tengan vigencia indeterminada, siempre y cuando no se alteren las condiciones de seguridad. De esa forma se desterraba esa obligación que desde el 2007 presionaba a los propietarios a que paguen y aprueben una reinspección, cada dos años.
A partir de ese momento el mecanismo de control cambió de forma. El D.S. 058 obligó a que todos los años –como mínimo– las municipalidades verifiquen si los locales con certificados sin caducidad siguen siendo seguros. En marzo del 2015, el Indecopi calificó de barrera burocrática ilegal la renovación de estos documentos. Se pronunció a raíz de una demanda presentada por Real Plaza S.R.L. y nueve empresas más. Argumentaban que no era necesario pagar y renovar el certificado si las condiciones de seguridad se conservaban.
–Faltan manos–
La Municipalidad de Lima hizo el año pasado 22.365 inspecciones técnicas. En el papel, este año tendría que verificarse que esos 22.365 locales sigan siendo seguros. Además, atender los nuevos procesos: hasta setiembre se han hecho 13.053 inspecciones y todavía hay miles de expedientes por resolver. Para todo eso –y algunas cuantas funciones más– Lima tiene 22 inspectores.
Ingenieros de la Subgerencia de Defensa Civil están alistando una propuesta para devolverle la fecha de caducidad a la ITSE. Mario Casaretto, titular de esta entidad, defiende esa propuesta: “Los locales siempre cambian, y eso modifica las condiciones de seguridad. Los comerciantes invaden los pasadizos, se descuidan de sus extintores y de que sus trabajadores sepan usarlos. ¿Cómo los sancionamos si ya tienen un certificado con vigencia indeterminada?”.
Él mismo se responde: “Tenemos que hacer visitas inopinadas, dejar la recomendación y volver en 48 horas para ver si levantaron las observaciones. Si no lo hicieron, recién podemos cerrar el negocio. El problema es que no tenemos ni personal ni recursos. Tenemos más de 3.800 nuevas inspecciones pendientes”.
–Alistan nuevo reglamento–
Consultado por El Comercio, Julio Pflucker, titular de la Secretaría de Gestión del Riesgo del Desastre de la PCM, dijo que la vigencia indeterminada se dio porque la Ley 27444 establece que un acto administrativo puede tener fecha de caducidad solo cuando haya otra ley que lo autorice.
Según Pflucker, las municipalidades tienen competencia para revocar el certificado de un local que no cumple las condiciones de seguridad. Agregó que se está evaluando dar más recursos a las comunas para que fiscalicen mejor y que está por aprobarse un nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad, pero en este –dejó claro– la vigencia indeterminada no se modificará.
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ENTREVISTA
“Es una barrera burocrática y un trámite inútil”
Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima
¿Están de acuerdo con que el certificado de Defensa Civil vuelva a tener fecha de caducidad?
Definitivamente es una barrera burocrática. Es un trámite inútil, ya que el empresario no tiene por qué pagar para que la municipalidad cumpla su responsabilidad. Estamos absolutamente en contra de la propuesta.
Existe el riesgo de que haya locales peligrosos que por años sigan sin pasar una inspección.
Esa es responsabilidad municipal. Se pueden hacer visitas cada cuatro o cinco años o si quieres todos los años, pero no obligues a que el empresario financie esto.
En las galerías de Mesa Redonda detectamos locales certificados dos meses antes, pero que siguen siendo peligrosos para la gente.
¿Sabes cómo se llama eso? Corrupción. Ese establecimiento nunca debió haber aprobado. No es posible que en dos meses hayas dejado de cumplir todo. Lo que pasa es que el sistema de Defensa Civil es corrupto.
