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El detonante para que Julia Rayme Valenzuela haya decidido alejarse de César Ganoza Ríos fue –según aseguran sus familiares– que él habría tocado indebidamente a la hija de ambos, una adolescente de 18 años. Antes de esa ruptura, Julia y César sostenían una relación esporádica y tormentosa. Los dos eran policías en retiro. Ella tenía 40 años y él, 49. Los unían sus tres hijos, de 18, 17 y 8 años.
“Una vez él la engañó con otra mujer. Mi hermana se enteró y lo abandonó. Él la amenazó con matar a todos en la casa. Ella decía que regresaba con él por sus hijos”, cuenta la hermana de Julia. Sin embargo, en agosto la mujer se enteró de que Ganoza habría abusado de su hija mayor y puso fin a todo vínculo.
Según los familiares de Rayme, el hombre empezó a hostigarla para que regresara con él. El 18 de octubre pasado intentó llevarse a la fuerza al menor de sus hijos. Tenía denuncias por violencia familiar, pero estaba libre.
–Sin protección–
Rayme salió de su casa ayer cerca de las 7 a.m. para ir a trabajar. Vivía en la asociación de vivienda Los Álamos, en San Juan de Lurigancho.
Apenas caminó tres cuadras y se encontró con Ganoza, que había ido hasta ahí en un mototaxi conducido por Jaime Paisi. Según los testigos, la pareja discutió airadamente hasta que él sacó su arma y le disparó por lo menos nueve balazos.
La policía detuvo al chofer del mototaxi, quien reconoció –a través de una fotografía– a Ganoza como el autor del crimen.
Hasta el cierre de esta nota, la policía seguía buscando al asesino de Julia.
La última denuncia que interpuso Rayme en contra de su ex pareja fue en la comisaría de Santa Elizabeth. Se le aplicó una ficha de valoración del peligro que podría enfrentar ante su ex pareja y la evaluación arrojó que tenía un “riesgo severo”.
Es por eso que, el 24 de setiembre, el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de ella. Entre estas figuran “la intervención inmediata de la policía para impedir nuevos actos de violencia”, “terapia psicológica para la agraviada y sus hijos en el centro de salud más cercano”, al igual que para Ganoza durante ocho meses.
Además, “impedimento de acercamiento de Ganoza hacia la agraviada por su lugar de residencia, trabajo, etc. hasta por una distancia de 300 metros salvo mandato judicial contrario”.
La notificación de las medidas de protección llegó a una vivienda que Ganoza había dejado de alquilar hacía meses, por lo tanto no se habría dado por enterado.
En la comisaría de Santa Elizabeth hay 700 medidas de protección dictadas por el Poder Judicial a favor de mujeres violentadas. “Las medidas no consisten en que un policía resguarde las 24 horas del día a las denunciantes. Eso sería inviable [...] patrullaje sí hacemos por las zonas”, afirma el comisario.
La abogada Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo, dice que las medidas de protección deben cumplirse porque son órdenes judiciales bajo sanción. Las personas que son víctimas de violencia familiar pueden denunciar el hecho en la línea 100. 
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