“[Querella del Sodalicio] representa un atentado contra la libertad de expresión”

Tras la publicación de un reportaje en el medio internacional Al Jazeera en diciembre del 2016, el empresario Alberto Gómez de la Torre Pretell denunció al periodista Daniel Yovera por el delito de difamación agravada. El trabajo periodístico reveló como la Asociación Civil San Juan Bautista, ligada al Sodalicio de Vida Cristiana, estaba involucrada con el tráfico de terrenos en Piura.

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De acuerdo al reportaje, esta asociación le pagaba a la organización criminal denominada “La Gran Cruz del Norte” para desalojar a gente de escasos recursos de sus viviendas ubicadas en una comunidad de la región. La demanda fue admitida por el Poder Judicial en el 2019, pero tiempo después fue declarada prescrita de oficio.

Pese a que esta decisión fue ratificada en segunda instancia en 2022, la Corte Suprema de Justicia resolvió reabrir el caso el mes pasado, luego de que la defensa querellante expusiera que el periodista había “realizado diversas publicaciones en Twitter, donde colocó, de forma reiterada, el link que dirige al citado reportaje” a finales del 2018. Finalmente, se estableció como nueva fecha de prescripción el 23 de junio del presente año.

El último jueves se llevó a cabo una audiencia con ambas partes y en los próximos días se realizará la audiencia definitiva. En diálogo con El Comercio, Yovera expresó su pedido para que esta se haga de manera pública. Dijo que lo único que exige es total transparencia en el proceso, el cual ha avanzado de forma muy rápida, indicó, sin que todas las instancias y salas hayan escuchado su defensa. Agregó que la querella interpuesta en su contra es una persecución judicial, atentatoria contra la libertad de expresión.

—¿Cuál es el origen de la querella que presentó en tu contra Alberto Gómez de la Torre Pretell en el 2015 (2019)?

Es a raíz de un documental que hice para el medio internacional Al Jazeera y que fue publicado en el 2016. El señor me denunció por supuesta difamación agravada. Este documental, titulado “El escándalo del Sodalicio”, narra hechos que ocurrieron entre los años 2012 y 2014 en una comunidad de Piura, periodo en que existía la llamada Asociación Civil San Juan Bautista y que tenía como representante a Gómez de la Torre Pretell. Los testimonios que recoge el reportaje son de gente que denuncia haber sido víctima de hechos violentos y usurpaciones de terreno a manos de la banda criminal más grande de Piura en esa época: La Gran Cruz del Norte. Estas personas cuentan que con el tiempo se dieron cuenta de que había un vínculo entre la banda y la asociación.

Alberto Gómez dijo sentirse agraviado porque en el reportaje se le califica como delincuente y sicario, lo que es falso, pues es un reportaje muy objetivo y cuidadoso. Yo investigué el caso y defiendo el contenido del reportaje porque está muy bien hecho. El texto de la querella no muestra qué parte del documental difama al señor, pero su defensa -el Estudio Hauyón & Hauyón, el mismo que defiende a líderes fundadores del Sodalicio como Luis Fernando Figari y Jaime Baertl- creó una realidad donde la palabra “difamación” se repite con gran facilidad y ligereza, e inició una “cruzada” que en cualquier país con un Poder Judicial sólido jamás habría tenido acogida.

La denuncia se hizo en julio del 2019. Se demoraron en hacerla. Y es por eso, porque me denunciaron tarde, que luego pasó el tiempo y prescribió.

—En el reportaje, ¿cómo es que estas personas relacionan a La Gran Cruz del Norte con la Asociación Civil San Juan Bautista?

Ellas relatan que cuando denunciaban en la comisaría que delincuentes se habían metido a sus terrenos, la policía intervenía y preguntaba a los detenidos quién los había contratado para invadir las tierras. De esta manera se llegó hasta los contratantes, que eran personas que prestaban servicios a la Asociación Civil San Juan Bautista. Los agraviados empezaron a denunciar a la Asociación por el arrebato de sus tierras y le pidieron a la policía que investigue.

Finalmente, un equipo especial de la Dirincri de Lima se fue a Piura a investigar el hecho y encontró que esta organización recibía dinero semanalmente de la Asociación Civil San Juan Bautista. Cada semana, durante 22 meses, recibió 73 mil 500 soles, lo que hace 6 millones y medio de soles en total. ¿Para qué? presuntamente bajo el concepto de servicio de seguridad. ¿Y por qué por 22 meses? Pues porque los hechos empezaron en los primeros meses del 2012 y terminó en enero del 2014. Esto se interrumpió luego de que La Gran Cruz del Norte fuera capturada y traída Lima para juicio.

"En el reportaje no se le califica a nadie como delincuente y sicario. Es un reportaje muy objetivo y cuidadoso"

—Si ya había sido declarado prescrita la querella en tu contra, ¿por qué se reabre el caso? ¿bajo qué argumento?

En enero del 2022, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declara de oficio prescrito el caso. Esa prescripción fue confirmada en diciembre de 2022 por la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima. La otra parte apeló, argumentando que yo había seguido cometiendo delito, señalando unos tres tuits que publiqué en el 2018. En estos no hay ningún insulto ni ofensa. Lo que hice fue linkear (adjuntar) el reportaje para contextualizar el contenido de esos tuits. Sin embargo, para los abogados de la otra parte sí habría cometido un delito y utilizaron la tesis del delito continuado. Es una tesis que existe, pero que no aplica para nada en este caso. En consecuencia, dijeron que como habría seguido delinquiendo el plazo de la prescripción no había terminado todavía.

Cualquier pensaría que la Corte Suprema hubiese dicho que esto no aplica, pero la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en mayo pasado, le dio la razón al querellante, diciendo que efectivamente hay delito continuado. Por lo tanto, dio como nuevo plazo de prescripción el 23 de junio. Asimismo, le ordenó a la Sala Penal Liquidadora, es decir, a la anterior instancia, que se pronuncie ‘bajo responsabilidad’.

—¿Qué pasó durante esta audiencia y qué dictaminó la Sala?

Tras ser pasado el caso a la Sala Penal Liquidadora esta, la semana pasada, nos informa que el 8 de junio hay una audiencia. Ese día, el presidente de la Sala nos dice que va a fallar acorde a lo que manda la resolución de la Corte Suprema, es decir, sobre el tema de la prescripción. Entonces ahí el abogado del querellante pidió que se manifieste por el fondo del asunto, que decida si yo soy culpable o inocente. En la tarde, el presidente de la Sala emite su sentencia y resulta que al final lo que hace es seguir bajando el expediente, esta vez al juzgado, al cual le dice que resuelva con ‘celeridad’.

—¿Cómo tomas estas decisiones judiciales que se han dado a lo largo del proceso?

Todo está pasando muy rápido. No ha pasado ni un mes que el caso ha regresado de la Corte Suprema al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, es increíble. Esas cosas suelen demorar un año o más, en cambio acá han pasado solo tres semanas. El juez tiene dos semanas para decidir, pues ya hay un plazo de prescripción que vence el 23 de junio. En ese tiempo me pueden condenar. Por eso es que yo tengo absoluto e ilegítimo derecho de dudar.

Mira, cuando leí el texto de la querella, me pregunté: “¿cómo han admitido algo así?”. La admitió el señor Luis Sánchez Gonzales, un juez que en el año 2005 le admitió una demanda por difamación a Vladimiro Montesinos contra el juez español Baltazar Garzón. No es broma, lamentablemente. Este juez no practicó ninguna diligencia, y al Sodalicio eso no pareció molestarle. Varios meses después, cuando el juez Arnaldo Sanchez Ayaucán asumió el caso, había pasado tanto tiempo que no le quedó otro camino que prescribir de oficio.

También me ha llamado mucho la atención la decisión de mayo pasado de la Corte Suprema, que aceptó la tesis del “delito continuado” del Sodalicio, y ordenó a las instancias inferiores pronunciarse antes del 23 de junio “bajo responsabilidad funcional”. ¿Esa es una orden con advertencia? Ahora, ¿quién fue la vocal ponente de ese fallo? Iris Estela Pacheco Huancas, exintegrante de aquella sala de César Hinostroza Pariachi que liberó a un condenado por violación sexual contra una menor y que emitió la famosa “Casación de Arequipa” sobre lavado de activos. ¿Tengo derecho a dudar? Por supuesto que sí.

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—Entiendo que has pedido junto a tus abogados que la audiencia final sea pública. ¿Por qué?

Lo que nosotros decimos es que la instancia se pronuncie, pero que no lo haga sin habernos escuchado, si bien es cierto ya ha habido vista de la causa e informes, aquí estamos hablando de la etapa definitiva, donde se emitirá sentencia. Nosotros queremos exponer por qué yo soy inocente, tenemos pruebas de sobra para decir que aquí hubo una investigación prolija.

Yo no soy el autor del reportaje, pero sí soy autor de la investigación, y pedimos que esa audiencia sea pública, porque esto no es un tema privado, aquí hay aspectos de interés público que competen a otras personas, porque ese reportaje fue una historia que comprometía a toda una comunidad en Piura, no es un reportaje sobre el señor Gómez de la Torre, el reportaje se llamó “El escándalo del Sodalicio”, que narra la actuación de empresas vinculadas al Sodalicio en Piura. Por eso es que es un tema de interés público.

—¿Cuál ha sido la defensa de la otra parte respecto a lo que muestra el reportaje?

La respuesta de ellos ha sido, tanto en el ámbito judicial como legal, bien mediática. Han presentado lo que ellos consideran pruebas. Cada vez que vamos a un informe ante el juez o ante la Sala ellos argumentan con medias verdades y falsedades. Por ejemplo, en la última audiencia el señor Gómez de la Torre les dijo a los jueces que yo lo había difamado porque en el reportaje dije que era un criminal. Entonces, cuando me tocó hablar a mí les indiqué que tengan mucho cuidado, pues lo menos que pueden hacer es remitirse al guion traducido del reportaje y que se ha presentado. En él no hay un solo calificativo. Lo mínimo que pueden hacer es recurrir al guion y compararlo con el texto de la querella. Este no prueba nada, no señala una sola frase difamatoria.

Igual vale precisar que yo no elaboré el guion, eso se hizo ya en Londres y Qatar, donde están las sedes de Al Jazeera. Terminó mi trabajo de investigación y el equipo de documentalistas que vino acá para rodar la historia se fue. Ahí terminó mi contrato y mi trabajo. La otra parte refiere, además, que los testimonios del reportaje son falsos.

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—¿Qué es lo que dicen exactamente de las personas que brindaron su testimonio?

Señalan que los testigos no dicen la verdad. No sé a qué se refieren con eso, no lo entiendo. Es falso y tratan de sorprender a las salas y los juzgados. Las personas existen, en el reportaje se dice sus nombres, se habla de sus antecedentes, algunos de índole penal. Y, además, cada uno cuenta su propia historia con documentos. Prueban la condición por la cual son entrevistados. Hay una mujer que dice que era posesionaria de unos terrenos y muestra sus constancias de posesión. Hay un hombre que afirma que fue policía y que a su hijo lo mató La Gran Cruz del Norte, mostrando luego sus papeles de policía y los recortes del asesinato de su hijo.

Luego hay otro testigo, ex líder de la Gran Cruz del Norte en sus inicios y que estuvo preso. Este personaje cuenta en el reportaje que participó en una reunión en la que tanto el obispo de Piura como el señor Alberto Gómez de la Torre le ofrecieron a él y a otra persona tres millones de soles o dólares a cambio de que ellos les consiguieran tierras. Tras esto, el testigo decide salir de la organización. Durante mi juicio, esta persona ratificó su testimonio. Los abogados de Al Jazeera consideraron que esa afirmación era perfectamente publicable. La parte querellante me responsabiliza a mí por esa publicación y dice que el testigo no tiene credibilidad. Vale decir que esa persona no solo colaboró con la Dirincri para desbaratar a La Gran Cruz del Norte, sino que llegó a ser testigo clave, según la Fiscalía de Crimen Organizado. Sus dichos están contenidos en la sentencia de la Sala Penal Nacional Condenatoria contra la red criminal. Es decir, por supuesto que es alguien con credibilidad.

—No es el primer caso de un presunto delito en el que está involucrado el Sodalicio y al que responde querellando a periodistas ¿Crees que tiene un accionar sistemático?

Pienso que, inicialmente, el Sodalicio deja pasar un tiempo para interponer una querella o denuncia, justamente para después alargar o estirar el tema e intentar tener sometido, judicialmente o procesalmente, al periodista que ellos consideran un blanco. Los cuatro periodistas que hemos investigado al Sodalicio en distinto tiempo y desde distintas aristas somos, en mayor medida, Paola Ugaz, Pedro Salinas y José Enrique Escardó, y luego yo. La respuesta ha sido la persecución judicial, el hostigamiento sistemático, la actitud hostil. También hay un plano paralelo en el que hay operadores mediáticos, integrado por experiodistas y abogados de dudosa credibilidad, y luego por un grupo de personas que todo el día está a la caza de lo que decimos, lanzando mensajes virulentos, agresivos, difamatorios y vulgares.

En mi caso, desde el comienzo hicieron un vídeo largo, en donde aparecían algunas personas que decían que yo los había buscado y ofrecido dinero para que ellos declaren y comprometan a las empresas del Sodalicio. Así, a ese nivel. Eso sí es difamación, ellos nunca quisieron enfrentarme personalmente. Videos, columnas, libro, todo eso solamente para intentar desacreditar mi investigación. En todo se replica lo mismo, de manera agresiva, insultante y difamatoria, buscando presentar contenido como periodístico, pero no lo es, nunca nos buscan ni nos piden a nosotros nuestra respuesta. Esto es parte de una ofensiva judicial, un hostigamiento.

"No solo se trata de una causa judicial, en paralelo, tanto contra mí como contra Pedro Salinas y Paola Ugaz, han montado toda una campaña mediática a través de operadores"

—¿Consideras que el accionar del Sodalicio atenta contra la libertad de expresión? ¿De qué manera?

El solo hecho de mantener en el tiempo juicios, denuncias y un plan mediático implica un despliegue de tiempo y dinero que busca golpearnos, agotarnos, atemorizarnos y hasta silenciarnos. Es un patrón que no lo ejecuta una sola persona, sino que es una cosa organizada. A Paola Ugaz y Pedro Salinas les han inventado de todo; a José Enrique Escardó lo quieren tratar de loco impunemente. Conmigo, la estrategia es distinta, pero sostenida y continua desde diciembre del 2016: videos, “peritajes”, “amicus”, un tremendo importante. Todo eso atenta contra nuestro ejercicio periodístico. Sus abogados pretenden que el Poder Judicial se aparte de los estándares jurisprudenciales nacionales e internacionales sobre la doctrina del reportaje neutro y fiel, y me condene.

Por eso creo que la audiencia debe de ser pública precisamente porque es un tema que atañe a la libertad de expresión, tiene que ver con una persecución judicial a un periodista. Esperamos que el juez nos escuche.

—¿Confías en que la sentencia judicial falle a tu favor?

La otra parte nunca inició acciones legales contra Al Jazeera, se han agarrado del punto más débil de esta cadena editorial que soy yo, el contratado para investigar un hecho, y claro lo hacen porque están en búsqueda de una victoria judicial que permita que ya no se hable más de los negocios en Piura. A ellos les molesta que yo haya hablado de una parte de sus negocios.

En un país con un sistema judicial serio y con jueces profesionales y valientes, una querella como la planteada contra mí habría ido al archivo. Solo aquí es admitida. Si bien aspiro a que la justicia falle correctamente, repito que tengo derecho a dudar, porque lo que hemos visto en estos años es que, pese a las denuncias e investigaciones, al Sodalicio aún no lo alcanza la mano de la justicia. No exijo nada más que transparencia.