El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó hoy el Plan Nacional de Deshacinamiento con el que busca reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país para garantizar mejores condiciones de seguridad y gestión.
La presentación oficial se realizó este 8 de abril ante representantes del sector y la prensa.
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Ante los periodistas, Jiménez dijo que su sector estima que unos 23.739 internos podrían ser susceptibles de acogerse a esta nueva política previa evaluación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial para supervisar la ejecución de unos 5 mil expedientes.
Las autoridades precisaron que solo se considerarán delitos de baja gravedad, como la omisión de asistencia familiar o delitos dolosos leves con sentencias menores a cuatro años. Quedan excluidos de cualquier análisis los internos sentenciados por delitos de mayor gravedad, entre ellos el homicidio, el sicariato o la extorsión.
La estrategia incluye la incorporación de 500 nuevos agentes penitenciarios y el impulso de la infraestructura física. Actualmente, se encuentran en proceso de construcción o ampliación diversos establecimientos penitenciarios en las ciudades de Pucallpa, Arequipa, Iquitos y Abancay.
El ministro informó sobre la situación actual de establecimientos como el penal de Lurigancho, que alberga a 10,000 internos pese a tener una capacidad diseñada para 3,000 personas. Asimismo, se reportó que en el penal de Chincha existen celdas ocupadas por 21 personas que fueron proyectadas para ocho.
El horizonte de ejecución de este plan de deshacinamiento se extiende hasta el año 2028 para asegurar su continuidad técnica. El titular de Justicia subrayó la importancia de establecer una ruta de trabajo que permita a la próxima gestión gubernamental proseguir con las medidas desde este año.
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