Lima sin Metropolitano: los cinco acuerdos claves que evitarían la suspensión

Por medio de una nota de prensa, la ATU detalló que se realizaron dos mesas de trabajo, una técnica y otra operacional, con representantes de los concesionarios de buses y recaudo del Metropolitano. Esto, “con el objetivo de dar solución a la problemática de más de catorce años que tiene el mencionado sistema del transporte”, precisa el comunicado. La Autoridad comentó que “en la mesa de trabajo técnica, se acordó realizar un cronograma para evaluar un plan de acción, con la finalidad de elaborar un decreto de urgencia que permita una modificación contractual célere, entre otros, para lo cual se trabajará entre los equipos técnicos de ambas partes”.

“En la reunión operativa, se planteó la elaboración de un plan de mejoras operacionales que comprenden temas de infraestructura, programación, acciones de fiscalización, intangibilidad del eje concesionado y otros. Ambas partes manifestaron su compromiso de dar continuidad a las mesas de trabajo, a fin de implementar estrategias de solución integral a corto y mediano plazo”, sostiene el comunicado de la ATU. Por su parte, Roberto Vélez indicó que la próxima semana esperan las respuestas de la ATU sobre medidas urgentes que permitirían extender la operación del Metropolitano, siempre y cuando “se garantice la suscripción de una adenda” al contrato de concesión.

Vélez precisó que en la reunión que se sostuvo con la ATU se plantearon tres acciones que darían ‘oxígeno’ a las operaciones, las cuales actualmente reflejan un sobrecosto del 24 %.

La primera contempla la reformulación contractual con respecto al abastecimiento de combustible. Como se mencionó en un informe previo de El Comercio, los buses del Metropolitano operan con gas natural vehicular, que es suministrado por un solo ofertante según contrato. El vocero de los operadores describió que actualmente se paga 1,78 soles por metro cúbico, “cuando según estudios realizados, por una flota de 548 buses -mucho menor a la del Metropolitano- el precio podría estar en 1,4 soles o 1,42 soles”.

Otro aspecto considerado por los concesionarios es el retorno de un monto del fideicomiso. Este es alimentado por todos los ingresos percatados por el servicio del Metropolitano. Vélez resolvió que el 13 % de las ganancias del sistema es asignado a la ATU. “Nosotros planteamos que renuncie a este 13 %, pero comentaron [la ATU] que han discutido el tema y hay un 9 % que es imposible de renunciar, a menos que se haga una adenda. Lo que se propuso es soltar ese 4 %, que está destinado como reserva ante posibles emergencias en el sistema”, mencionó Vélez.

Por último, Vélez explicó que existe un monto de diez millones de soles que fue retenido por la Municipalidad Metropolitana de Lima años atrás, acto que fue denegado por la Contraloría General de la República. De esta forma, este dinero ha quedado inmóvil. “La ATU va a evaluar si es posible devolver ese dinero al sistema”, señaló el representante de las concesionarias. “Con la asignación del 4 % y los 10 millones, yo creo que la operación podría aguantar unos meses más. La idea es que este año se pueda firmar una adenda y así salvar el sistema”.

“Es importante mencionar que los concesionarios no han frenado las acciones [de una posible suspensión] porque aún no se ha llegado a nada”, dijo el representante. Estas tres medidas deberán ser evaluadas por la ATU en el plazo de una semana, para cuando deberá disponer su factibilidad. Sin embargo, en conversación con El Comercio, Jorge Mosto, vocero de la ATU, describió que ninguna de estas acciones se pueden tomar sin antes suscribir la mencionada adenda.

“En este plazo de una semana, la ATU va a proponer un cronograma para evaluar un plan de acción que permita la elaboración de un decreto de urgencia. De esta manera, se podrá establecer una modificación contractual célere que permita [por ejemplo] una evaluación de las fórmulas económicas que permitan fortalecer el sistema”, sostuvo Mosto. El vocero resaltó que la próxima semana se tendría un importante avance con respecto a la elaboración del decreto de urgencia.

Como señalaron las partes, varios de los puntos en cuestión deben ser corregidos por medio de la implementación de una adenda contractual. Sin embargo, los plazos comunes para esto pueden tardar años, según describió Vélez. Ante esto, tanto los concesionarios como la ATU, resolvieron elaborar un decreto de urgencia que sea un ‘fast-track’ que permita la elaboración acelerada de las adendas. “De esta manera se pueda establecer una modificación contractual célere, como una evaluación de las fórmulas económicas que permitan fortalecer el sistema”, dijo Mosto.

Así como Vélez explicó sobre las medidas urgentes que se debían tomar para garantizar las operaciones durante el proceso de suscripción de las adendas, también detalló sobre una importante modificación que ha sido planteadas en las reuniones y que se espera sea parte de la adenda. Se trata de “resolver los incumplimientos contractuales [sobre] la intangibilidad del eje de la concesión”, informó el representante. Esto implica la reducción de las rutas formales de transporte público tradicional otorgadas por la ATU, que compiten con el Metropolitano. La ley permite como máximo que una ruta se superponga en un 20 % sobre la zona intangible. Según los concesionarios, esto no se cumple. Según Mosto, ninguna ruta sobrepasa este límite.

Fuentes de El Comercio detallaron que se han detectado trece rutas habilitadas por la Autoridad de Transporte Urbano que no cumplen con su recorrido autorizado, de modo que se superponen en más del 20 % del área intangible del Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac), que es la zona intangible del trazo del Metropolitano. A esto se suma la actividad de unidades informales que también hacen uso de este espacio, principalmente en la avenida Túpac Amaru.

Otro aspecto que ha sido resaltado en las reuniones de este miércoles fue el fraude físico. Es decir, la cantidad de personas que ingresan al Metropolitano sin pagar, haciéndose pasar como beneficiarios de la Policía, de los bomberos, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), entre otros. Vélez destacó que -a diferencia de otros servicios- estas personas no cuentan con tarjetas diferenciadas, sino que son habilitadas mostrando la identificación de las instituciones. Mosto afirmó que ya se están negociando convenios con la Policía para reforzar la fiscalización ante este tema, así como para liberar las vías de transporte ilegal.