Trata de personas: más de 170 casos en lo que va del año

La trata es un delito de lesa humanidad que, según el Código Penal, comprende –además de la compra y venta de personas en general– la explotación sexual, la esclavitud, la explotación laboral, la mendicidad y el tráfico de órganos. Pese a que la pena por este delito es de 8 a 15 años de cárcel, los casos no cesan en el país.

Según el Ministerio Público, solo entre enero y abril de este año se han presentado 330 casos de trata de personas en el Perú. El 53% de ellos, cerca de 175 casos, se registró en la capital, de acuerdo con cifras reveladas ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la presentación de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación.

Este panorama coloca a Lima como la zona de mayor actividad de traficantes de gente. Las cifras de años anteriores lo confirman: según el ministerio de Justicia, la capital encabeza la lista de las diez regiones del país que han concentrado el mayor número de casos de trata (67,3%) entre el 2009 y el 2014.

A Lima le siguen Loreto, Madre de Dios, Cusco, Piura, San Martín, Puno, Amazonas, Arequipa y Junín.

Solo el año pasado, hubo 782 personas que fueron captadas por mafias de traficantes. La mayoría de víctimas (80% mujeres) fue engañada a través de un ofrecimiento de trabajo falso. “Estamos en una situación dramática, porque los traficantes aprovechan la ausencia de trabajo”, refirió el viceministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén.

MÁS LEYES Y MÁS ACCIÓN

¿Por qué las cifras no se reducen? Para el fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez, la normatividad para el control existe, lo que falta es “articular el trabajo de prevención”.

El año pasado, la Ley 30251 modificó la tipificación del delito de trata de personas, y consideró víctima a toda persona afectada sin importar si es mayor o menor de edad. Además, se dispuso que ya no sea necesario el consentimiento de la víctima de trata para que los fiscales realicen una denuncia contra los explotadores. Sin embargo, como recuerda el propio Sánchez, las leyes no bastan. “Necesitamos recursos. Hay fiscalías especializadas pero no funcionan porque no hay presupuesto”, remarca.

Por lo pronto, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, ha lanzado la línea gratuita 1818 opción 1 para denunciar casos de trata. El gobierno se ha comprometido a construir un hogar-refugio para las víctimas.

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