
En un giro inesperado para miles de migrantes venezolanos, un juez federal en Estados Unidos frenó esta semana el intento de la administración de Donald Trump de anular permisos de trabajo y otros documentos legales amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión representa un respiro para quienes veían en la cancelación de estos documentos la antesala de la pérdida de sus empleos y de la estabilidad que habían logrado construir.
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR ESTOS INMIGRANTES NO PUEDEN SER ELIMINADOS
El fallo fue emitido por el juez Edward Chen, quien determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se había extralimitado al ordenar en febrero la revocación de esos permisos. Según Chen, estos documentos fueron emitidos legalmente durante el mandato del expresidente Joe Biden, cuando se amplió la vigencia del TPS para venezolanos hasta octubre de 2026. Su decisión dejó claro que los derechos ya adquiridos por estos migrantes no pueden ser eliminados por un simple cambio de gobierno.

Para unos 5,000 migrantes venezolanos amparados por el TPS, la noticia llegó como un alivio largamente esperado. Muchos de ellos habían comenzado a temer lo peor: quedarse sin trabajo, perder su estatus legal y enfrentarse a posibles procesos de deportación. Según Efe, el fallo judicial les ha devuelto, aunque sea temporalmente, la seguridad que creían haber perdido en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.
A pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había autorizado días atrás a la administración Trump a poner fin al TPS para alrededor de 350,000 venezolanos, aclaró que los migrantes aún podían impugnar decisiones específicas, como la anulación de sus permisos. En este sentido, la batalla legal todavía está lejos de concluir, pero al menos en esta ocasión, el juez Chen marcó un límite a la voluntad de Trump de acelerar deportaciones masivas.

LA TRANQUILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN A LOS INMIGRANTES
Organizaciones como la National TPS Alliance y abogados de los afectados celebraron con entusiasmo la medida judicial. Argumentaron que retirar estos permisos de manera retroactiva no solo era ilegal, sino que también ponía en riesgo la estabilidad de miles de familias que, tras años de lucha y adaptación, se habían convertido en parte integral de sus comunidades. Para ellos, el fallo representa la defensa de los derechos adquiridos y una muestra de que el sistema judicial aún puede ofrecer un contrapeso frente a políticas de mano dura.
En su nueva agenda migratoria, Donald Trump ha reiterado su intención de endurecer las políticas migratorias y llevar a cabo deportaciones masivas. Pero este revés judicial pone freno a sus planes, al menos en el caso de quienes ya contaban con documentos legales otorgados por la administración anterior. Para muchos de estos migrantes, el fallo es un pequeño triunfo en medio de una lucha legal y emocional que parece no tener fin.
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